Francisco despojó formalmente a la Secretaría de Estado del manejo de fondos y propiedades
Después de un “annus horribilis” marcado por la salida a la luz de un escándalo financiero relacionado con una desastrosa inversión inmobiliaria hecha con fondos reservados de la Secretaría de Estado, el papa confirmó hoy que nunca más este organismo de la curia romana manejará millones de euros, ni propiedades, ni el Óbolo de San Pedro.
Con un “motu proprio”, es decir, una nueva ley, fechada 26 de diciembre y difundida hoy, en efecto, el papa sancionó e hizo operativa la transferencia de la gestión de las inversiones financieras e inmobiliarias de la Secretaría de Estado, incluido el Óbolo de San Pedro, a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), a partir del 1 de enero.
Se trata de una decisión que, en verdad, ya había sido anunciada por el pontífice en una carta al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin de agosto pasado, que trascendió a principios de noviembre junto a la creación de una comisión especial para controla dicha transferencia, como se informó en su momento. Una decisión que significó una nueva vuelta de tuerca en la reforma puesta en marcha por el papa para hacer limpieza en las finanzas del Vaticano, sobre todo después del escándalo financiero que este año sacudió al pequeño Estado y determinó la salida del cardenal Angelo Becciu, exsustituto de la Secretaría de Estado y exhombre de su confianza de Jorge Bergoglio.
Al comienzo del “motu proprio”, el exarzobispo de Buenos Aires sentencia que “una mejor organización de la administración, control y supervisión de las actividades económicas y financieras de la Santa Sede” es fundamental en la reforma de la curia “para asegurar una gestión transparente y eficiente y una clara separación de competencias y funciones”. Sobre la base de este principio, la “Secretaría de Estado, que también apoya más estrecha y directamente la acción del sumo pontífice en su misión y representa un punto de referencia esencial para las actividades de la Curia Romana, no es conveniente que desempeñe esas funciones en asuntos económicos y financieros ya atribuidos por competencia a otros dicasterios”, indica, en lo que apareció como un serio revés a un organismo antes poderosísimo.
En el primer artículo de la nueva ley el papa estableció que a partir del 1º de enero “la propiedad de los fondos y cuentas bancarias, de las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, incluidas las participaciones en empresas y fondos de inversión, hasta ahora a nombre de la Secretaría de Estado” pasará a la APSA, “que se encargará de su gestión y administración”. Todo estará sujeto a un control ad hoc por parte de la Secretaría de Economía (SPE), que “a partir de ahora también desempeñará la función de Secretaría Papal para asuntos económicos y financieros”. Esto significa mucho más poder para el padre jesuita español Antonio Guerrero Alves, que Francisco nombró hace un año al frente de la SPE, el superministerio de Economía del Vaticano que creó en 2014. Guerrero Alves, hombre de confianza del papa, reemplazó en un puesto considerado una verdadera papa caliente al cardenal australiano George Pell, que había dejado vacante el lugar para ir defenderse en su país de un juicio por pedofilia por el que fue primero condenado -pasando más de 400 días en prisión- y finalmente absuelto.
Según la nueva ley, la Secretaría de Estado, organismo que hasta ahora había sido intocable, “transferirá lo antes posible, a más tardar el 4 de febrero de 2021, todos sus haberes líquidos mantenidos en cuentas corrientes a su nombre en el Instituto de Obras de Religión o en cuentas bancarias extranjeras, a la APSA a una cuenta bancaria indicada por ésta”.
Además, el decreto exigió que todas las donaciones al papa del Óbolo de San Pedro, que son las donaciones de las diócesis y cristianos católicos del mundo entero al papa, así como otras donaciones que han sido administradas por la Secretaría de Estado, que sean retenidas y administradas por la APSA como fondos separados que se contabilizan en el presupuesto consolidado de la Santa Sede.
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La nueva ley despojó, así, a la Secretaría de Estado, privilegios y prerrogativas ancestrales. Algo que, quizás, no habría ocurrido de no salir a la luz, el año pasado, operaciones financieras turbias y malversación de fondos reservados, que en 2014 fueron utilizados para una fallida inversión inmobiliaria en Londres, que se encuentra bajo investigación de la magistratura del Vaticano. En este marco varios funcionarios -dos laicos y dos monseñores- fueron removidos y en otra movida que causó un terremoto interno, el 24 de septiembre pasado fue defenestrado el antes mencionado Becciu, que entre 2011 y mediados de 2018 fue sustituto de la Secretaría de Estado, el número tres de la Santa Sede. El papa obligó a Becciu, de 72 años, a renunciar a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a sus derechos cardenalicios: aunque no perdió el título, ya no podrá participar de un eventual cónclave.
El presidente de la APSA, el arzobispo italiano Nunzio Galantino, en una entrevista con Vatican News, el portal del Vaticano, destacó que la nueva ley que centraliza la gestión de los fondos y propiedades en su cartera, significará “más transparencia”. Y admitió que en todo este drástico cambio tuvo su peso el escándalo sobre la inversión de Sloane Avenue en Londres, que se encuentra bajo la lupa de una investigación de la magistratura vaticana. “Sería hipócrita decir que no ha tenido peso. Ciertamente el papa ya había trazado un camino, pero el asunto de la propiedad de Londres nos ayudó a entender qué mecanismos de control había que reforzar”, dijo. Y fue más allá: “nos hizo entender muchas cosas: no sólo cuánto perdimos, un aspecto que aún estamos evaluando, sino también cómo y por qué lo perdimos”.