Durante una exposición en el Congreso de la Nación, el vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Claudio Jacquelin, advirtió que la libertad de expresión y de prensa atraviesa una situación crítica. “La libertad de expresión y de prensa están en un estado de fragilidad demasiado profunda”, alertó.
Ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el dirigente señaló que durante el último período se alcanzó una cifra alarmante. “En 2025 se batió el récord de agresiones al periodismo y más del 60% provienen de Javier Milei”, afirmó tras lamentar la ausencia del oficialismo.
El periodista recordó que no es la primera vez que el cuerpo parlamentario enfrenta maniobras de vaciamiento. “No sea una cuestión de oportunismo político ni de qué lado se está cuando se trata de defender derechos esenciales”, celebró sobre la realización del encuentro.
En ese marco, Jacquelin describió un escenario de hostigamiento continuo hacia el oficio. “Converge un ataque sistemático a la libertad de prensa, a voces contradictorias del discurso oficial, junto con un debilitamiento y una crisis profunda de la industria periodística”, denunció.
El representante gremial detalló que la entidad monitorea la actividad hace 16 años y remarcó la gravedad del origen de los ataques. “Más del 60% de las agresiones provienen del Poder Ejecutivo Nacional, es un porcentaje inédito en la historia de la existencia del monitoreo”, puntualizó.
Asimismo, profundizó sobre las consecuencias directas de la violencia discursiva en el debate democrático. “Son amplificadas por todo un aparato de comunicación estatal y paraestatal que amplifica la agresión y procura la cancelación, la deslegitimación y deshumanización de quienes opinan en contra”, advirtió.
Hostigamiento, causas judiciales y restricciones
Jacquelin advirtió sobre la escalada de violencia y recordó los primeros embates regulatorios del mandato. “Este proceso de estigmatización, clausura, cancelación, descalificación de las voces que cuestionen o informan sobre algo que al poder no le gusta, terminan teniendo correlato en hechos”, remarcó.
En esa línea, recordó el intento inicial de establecer una colegiación obligatoria que derivó en campañas de difamación tras su rechazo. “Cuando FOPEA los denunció fue objeto de una fake news y chats falsos para descalificarnos”, recordó.
Por otra parte, cuestionó el decreto que limitó el acceso a la información pública y la violencia institucional hacia los trabajadores de prensa. “Terminaron con la fatal agresión a Grillo que aún padece las secuelas que, desde el propio Ejecutivo se intentó alterar las pruebas y falsificar evidencias”, denunció.
El dirigente sumó a su relato el hackeo contra Hugo Alconada Mon y la utilización de los tribunales para desgastar a los cronistas. “Hubo una sucesión de causas iniciadas desde el PEN contra periodistas para acallar la acción pública para que perdamos tiempo, dinero y reputación”, relató.
Respecto a la persecución legal, Jacquelin subrayó la insistencia del propio presidente Javier Milei en los estrados. “Apeló por cuatro veces sin precedentes a instancias para recurrir a la Corte Suprema luego de que se consideró que no hubo delito por parte de la prensa”, apuntó.
El vicepresidente de FOPEA dejó en claro la postura del sector frente a las normativas legales. “Son casos que ponen de manifiesto que el objetivo ha sido cercenar voces críticas y acallarlas”, sentenció.
Precarización y condiciones laborales
En otro pasaje de su intervención, Jacquelin criticó duramente la derogación de la ley 12.908 que regulaba la actividad. “El fin del Estatuto pone en riesgo el ejercicio profesional”, aseguró.
También se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reclamó sanciones normativas tras desmentir una información de Beto Valdez. “El Código Civil y Penal prevén sanciones si hay vulneración de derechos”, aclaró.
Para concluir, describió el hostigamiento dentro de la propia Casa Rosada y los pedidos elevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Los acreditados están en condiciones deplorables en el lugar de trabajo y es un lugar inhóspito, indigno”, concluyó.
