Fernando Cerimedo declaró que gana un millón de dólares al mes y ahora lo investigan por enriquecimiento ilícito en Bolivia

En una causa por enriquecimiento ilícito en Bolivia, el consultor argentino Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que desde 2025 percibe cerca de un millón de dólares mensuales por sus empresas de comunicación digital y aclaró que esos ingresos no incluyen sus trabajos en ese país, en paralelo al expediente por el que ya cumple prisión preventiva acusado de intento de femicidio contra su pareja Nadia Beller.

De acuerdo con el extenso cuestionario judicial, a Cerimedo le hicieron más de 200 preguntas y eligió no responder en la mayoría, aunque sí sostuvo que “su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y confirmó además su vínculo con el actual presidente boliviano Rodrigo Paz, que días atrás se había desligado de la figura del asesor argentino en un video.

En un pasaje clave, le consultaron: “¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?”. “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”, respondió Cerimedo. Cuando le repreguntaron por 2026, contestó: “Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”, en su rol de exasesor de Javier Milei en la campaña presidencial 2023.

Ante los fiscales, Cerimedo se definió como consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos y remarcó que no tiene sociedades en Bolivia. “En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene 2 sucursales”, enumeró.

Luego amplió su entramado societario y dijo: “También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”, al tiempo que precisó que está asociado con su esposa Natalia Basil en todas las firmas, salvo en la compañía radicada en EE.UU.

El consultor insistió en que no posee empresas en territorio boliviano. “Quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá”, contó, y aseguró no contar con ingresos extra ni firmas a nombre de terceros, trazando un cuadro de aparente transparencia patrimonial en el papel, aunque bajo la lupa de la Fiscalía.

En cuanto a sus movimientos migratorios, dijo que ingresó por primera vez a Bolivia en 2024, afirmó no recordar el motivo de esa visita, negó haber desarrollado actividades o reuniones y sostuvo que él mismo financió el viaje. Confirmó que volvió a visitar el país en 2025 y 2026, pero evitó precisar cuántas veces: “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces”, contestó, y agregó: “Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”.

El vínculo con el presidente Rodrigo Paz y las respuestas evasivas

En su declaración, Cerimedo afirmó que su principal contacto en el país era el presidente Rodrigo Paz. Días antes, el mandatario había grabado un video para despegarse del consultor en medio del escándalo que sacude a su gobierno y sostuvo: “Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo. Pese a ese distanciamiento público, el argentino ratificó ante la Justicia que Paz era su principal nexo en Bolivia y que la relación existía desde antes de las elecciones 2025.

De las 219 preguntas que integraron el cuestionario, Cerimedo eligió no contestar en la mayoría. “No tiene nada que ver con el caso” fue la fórmula repetida. Se negó a precisar si se comunicaba con el Presidente vía WhatsApp o Telegram, si utilizaba correo electrónico o si tenía acceso directo a su celular, al tiempo que negó haber recibido órdenes de Paz o que el político le hubiera pedido asesoramiento de manera directa.

Sobre la campaña presidencial en Bolivia, el consultor se limitó a explicar que colaboró con “consejos de comunicación digital”. No indicó quién lo conectó con el equipo de Paz y aseguró que nunca existió un contrato escrito, a la vez que rechazó versiones sobre pagos de empresas: “Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital”, declaró.

Cuando fue consultado por su rol en el gobierno ya constituido, tras el triunfo electoral de Paz, Cerimedo contestó que no tenía funciones formales y volvió a negarse a responder el resto de las preguntas al respecto. Aunque en Bolivia muchos lo sindicaban como una suerte de “ministro sin cartera”, con influencia en distintas áreas del Ejecutivo bajo la figura de asesor todopoderoso, el argentino no dio detalles y repitió que “no tiene que ver con el caso”.

El gurú digital libertario tampoco respondió sobre su vínculo con la Directora de Comunicación del gobierno boliviano, Ximena Galarza, ni sobre su supuesto rol como consejero de Paz y ghostwriter de sus discursos. Se rehusó a dar datos sobre su papel en el manejo de las redes sociales, la estrategia digital del gobierno, su presunta participación en reuniones de Gabinete o su influencia sobre los ministros, dejando en sombras el alcance real de su poder.

Al ser consultado sobre una eventual injerencia en áreas ajenas a la comunicación, Cerimedo nuevamente optó por el silencio y repitió esa estrategia cuando le preguntaron si alguna vez se presentó como representante de Rodrigo Paz o asesor presidencial, eludiendo así definiciones que podrían comprometerlo políticamente.

Los oficiales de Justicia también lo confrontaron con las declaraciones públicas de Paz, quien sostuvo que nunca existió una relación laboral directa entre ambos. Cerimedo no respondió ninguna de las preguntas vinculadas a esa desmentida del presidente, profundizando la tensión entre el relato del consultor y la versión oficial del mandatario.

Silencios ante la Justicia y denuncia de un supuesto golpe de Estado

Al final de la extensa audiencia, los fiscales contabilizaron que Cerimedo se negó a responder 152 preguntas, casi un 70% del total. En ese punto, el asesor digital decidió cerrar con una declaración política, sin soltar la mano de Rodrigo Paz, a quien dijo que buscan desplazar: “Esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales”, advirtió.

En el cierre formal, los investigadores le preguntaron: “¿Tiene algo más que señalar o declarar a la presente declaración?”. “Sí, quiero declarar que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales. Me refiero el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han vulnerado los derechos internacionales y que no entiendo los cargos que me han señalado ahora”, sostuvo, con un mensaje dirigido a la clase política boliviana.

Por último, el consultor aclaró que no recibió presiones ni amenazas para declarar en el expediente y aseguró que su testimonio fue brindado “de manera voluntaria”, intentando despejar cualquier sospecha sobre coerción en el proceso judicial que lo tiene en el centro de la escena.

Nueva imputación y posible traslado a una cárcel de máxima seguridad

Tras la declaración voluntaria de Cerimedo, la Fiscalía de Bolivia anunció su imputación por presunto enriquecimiento ilícito y adelantó que pedirá su detención preventiva también en el marco de esa causa, que se investiga en paralelo a otros dos expedientes contra el consultor político, incluido el de intento de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, por el que ya está encarcelado.

Las preguntas al argentino fueron formuladas por una comisión de fiscales que investiga el caso en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y que se trasladó hasta Santa Cruz, donde Cerimedo está recluido desde la semana pasada, en el penal de Palmasola, uno de los más duros del país.

El fiscal Miguel Cardozo explicó a la prensa que el consultor dio respuestas “esquivas” y adelantó que en las próximas horas presentarán la imputación formal, con la posibilidad de que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, donde podría quedar con una preventiva máxima de seis meses. “El Ministerio Público tiene suficientes elementos e indicios para establecer su grado de participación”, aseguró.

En el marco de la causa por intento de asesinato contra Nadia Beller, los investigadores ordenaron una serie de allanamientos en los que se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos bolivianos como en dólares, fondos que ahora se cruzan con el expediente por enriquecimiento ilícito y alimentan las sospechas sobre el origen del patrimonio del gurú libertario.

Uno de los abogados defensores de Cerimedo sostuvo ante los medios que los fiscales no le preguntaron sobre el origen del dinero por el que se lo acusa de “enriquecimiento ilícito”, sino sobre su relación con el presidente Rodrigo Paz, y definió el expediente como “un intento de golpe de Estado institucionalizado y organizado” por la Fiscalía Departamental de La Paz.

Contra el argentino pesa además una tercera causa por violencia familiar y doméstica presuntamente ejercida en julio contra Beller, lo que completa un cuadro judicial complejo en el que confluyen acusaciones de género, política y corrupción.

Las sospechas sobre el origen de los fondos y la casa de cambio EXCHANGE

Según la teoría de la Fiscalía en la causa por enriquecimiento ilícito en Bolivia, Cerimedo, en su rol de asesor del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional durante los años 2025 y 2026, “habría aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna” y habría recibido “diferentes sumas de dinero en dólares americanos” mediante una casa de cambios de la Zona Sur de la ciudad de La Paz llamada EXCHANGE.

El representante legal de esa casa de cambio fue identificado como Fritz Juniors Gironda Aquize y su encargada como Claudia Ines Layme Carita. A partir de recibos recolectados en los allanamientos, los investigadores aseguran haber establecido un “nexo causal” entre esos movimientos de divisas y Fernando Cerimedo, que ahora deberá explicar ante la Justicia el flujo de fondos que rodeó su gestión como asesor político.

La hipótesis fiscal sostiene que ambos representantes de la casa de cambio se dieron a la fuga antes del allanamiento y que sacaron de las cajas fuertes del lugar alrededor de setecientos mil dólares, suma que tendría vinculación con el gurú libertario, conocido por su especialización en granjas de trolls y bots de redes sociales, elemento que agrega una dimensión digital al escándalo político y financiero.