El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo judicial. La ex directora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, fueron procesadas este miércoles sin prisión preventiva en la causa que investiga la muerte de 90 pacientes y los daños a otros 44 sobrevivientes por la administración hospitalaria de ampollas elaboradas por los laboratorios HLB y Ramallo.
El titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó una inhibición general y un embargo sobre los bienes de cada una de las ex funcionarias hasta cubrir la suma de 500.000 millones de pesos, y dispuso que para permanecer en libertad deberán no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez por mes.
En su resolución, el magistrado sostuvo que, a partir de la prueba reunida, “es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública (…) así como al bien jurídico integridad personal”, al decidir no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa vigente, explicó.
Para Kreplak, “el conjunto de decisiones adoptadas tanto por Mantecón como por Bisio (…) dan cuenta de una contribución necesaria para que los autores pudieran cometer los delitos enrostrados, sin la cual ello no hubiera sido posible”, al trazar el vínculo entre la inacción de las ex funcionarias y la maniobra de los laboratorios.
En ese marco, el juez remarcó que “su deliberado apartamiento de los criterios técnicos y los procedimientos y plazos normativamente previstos adquiere una significación necesaria, es decir, un aporte sin el cual los delitos imputados no podrían haberse cometido”, consolidando así la hipótesis de responsabilidad penal por omisión.
Del pedido de detención al procesamiento
La decisión de Kreplak llegó casi un mes después del duro dictamen de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se había reclamado detener a Bisio y Mantecón Fumadó, quienes estuvieron al frente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) durante los meses previos y posteriores a la fabricación, comercialización y distribución de los lotes de fentanilo contaminado a hospitales y sanatorios de todo el país.
La causa, iniciada hace 15 meses, ya tenía procesado y detenido desde hace casi un año a Ariel García Furfaro, dueño de HLB y de Laboratorios Ramallo, y a su hermano Diego García Furfaro, también vinculado a las firmas; con Bisio y Mantecón Fumadó, el número de personas procesadas asciende ahora a 15.
En el marco de sus facultades, Kreplak podía optar por procesar a las ex funcionarias si entendía que había elementos suficientes para sostener la existencia de delito y su participación, podía sobreseerlas si consideraba que los hechos no existieron o ellas no intervinieron, o dictarles falta de mérito si, a su criterio, no había pruebas para procesarlas pero tampoco para liberarlas definitivamente.
Las dos mujeres habían sido detenidas el 4 de agosto, a pedido de los fiscales María Laura Roteta y Sergio Rodríguez. En su indagatoria, Bisio se negó a responder preguntas del juzgado y presentó una defensa en la que alegó que ciertos procesos internos de la ANMAT dependían de otras áreas y la excedían; en cambio, Mantecón Fumadó declaró durante unas cuatro horas. Luego, ambas solicitaron ampliar sus declaraciones y terminaron cruzándose acusaciones.
Fallas de control y advertencias desoídas
En un documento de 192 páginas firmado el 3 de agosto, la fiscalía platense y la PIA describieron, además de la “operación limpieza” atribuida a responsables del laboratorio para borrar pruebas ligadas a las muertes iniciales en el Hospital Italiano de La Plata (en mayo de 2025), un entramado de acciones muy cuestionables de las autoridades de la ANMAT, organismo que debía controlar a HLB y a su planta de producción, Laboratorios Ramallo.
Para los fiscales Roteta y Rodríguez, no se trató de una falla aislada ni de una reacción tardía ante una crisis inesperada, sino de un escenario en el que la ANMAT y el INAME conocían desde antes del escándalo, y aun antes de la salida de los lotes contaminados, el estado crítico en la forma de trabajo de los fabricantes.
Según ese dictamen, pese a las advertencias del propio personal técnico, Bisio y Mantecón Fumadó no implementaron las medidas que podrían haber evitado al menos 90 muertes y más de 40 damnificados sobrevivientes, todos pacientes de hospitales y sanatorios del país, y la fiscalía concluyó que las funcionarias tenían un deber que no cumplieron aun conociendo las reiteradas irregularidades y el riesgo sanitario.
El documento sobre el que ahora se apoya Kreplak toma como punto clave una denuncia de diciembre de 2024 —el mismo mes en que se fabricaron las ampollas con microorganismos resistentes a los antibióticos— y de los primeros meses de 2025, cuando una inspección del INAME en la planta de Ramallo detectó deficiencias “críticas y mayores” en las buenas prácticas de fabricación, un protocolo estricto para la industria farmacéutica fijado por la normativa argentina.
Siguiendo esa reconstrucción, el 3 de enero de 2025 técnicos de la ANMAT elevaron a su jefa en el INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, un proyecto para impedir que Ramallo continuara produciendo y para retirar productos del mercado, y esa nota, que podía haber activado medidas preventivas de peso, recién fue firmada por Mantecón Fumadó y Bisio el 10 de febrero y publicada el 24 de ese mes.
Hubo otro informe técnico, fechado el 8 de enero, que —aún más severo— proponía prohibir la elaboración de productos en Ramallo y la comercialización de los medicamentos de HLB; los fiscales sostienen que Mantecón Fumadó estuvo al tanto de esa recomendación, pero no la firmó ni dispuso ninguna medida en consecuencia.
Como el primer despacho de fentanilo del lote 31202 se concretó el 30 de enero de 2025, esos documentos internos, a criterio de la acusación, inclinaban la balanza hacia un posible gesto de desidia de las funcionarias, al dejar pasar un período clave sin decisiones concretas.
Más de 20 días antes de la distribución de ese lote ya existían recomendaciones internas en la ANMAT que no fueron atendidas, y en ese lapso Bisio y Mantecón no adoptaron medida alguna ni abrieron un expediente formal que dejara constancia de la situación, lo que permitió que, a fines de marzo, el Hospital Italiano de La Plata adquiriera ampollas de fentanilo contaminado producidas por HLB.
En línea con ese cuadro, los fiscales remarcan otros elementos, como el hecho de que Mantecón Fumadó borró en julio de 2025 sus chats de WhatsApp, más allá de que luego intentó recuperar ese contenido, dato que se suma a la hipótesis de encubrimiento posterior.
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