El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro quedó formalmente bajo la lupa de la Justicia en una causa que investiga presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, evasión de divisas y otros ilícitos relacionados con el financiamiento de Dark Horse, el film biográfico sobre su padre.
La medida se conoció a pocas semanas de las elecciones generales del 4 de octubre, en un escenario sumamente polarizado donde el senador del Partido Liberal (PL) disputa voto a voto la presidencia frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación fue autorizada el 22 de julio por el juez André Mendonça, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), a solicitud de la Policía Federal y con el respaldo formal de la Procuraduría General de la República.
El expediente salió a la luz pública tras levantarse de manera parcial el secreto de sumario sobre diversas actuaciones vinculadas al resonante escándalo del Banco Master.
Las autoridades policiales solicitaron profundizar las pesquisas ante “la posible práctica de los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros delitos relacionados”, advirtieron.
El hecho sacude el tablero político en un momento de paridad absoluta. La última medición de Datafolha ubicó a Lula da Silva con 39% y a Bolsonaro con 35% para la primera vuelta, una brecha que entra dentro del margen de error de dos puntos.
Las sospechas detrás de la superproducción
El origen de la causa judicial radica en las millonarias sumas destinadas a financiar la película internacional sobre Jair Bolsonaro, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel.
En el centro de las sospechas aparece Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, señalado por haber aportado alrededor de 61 millones de reales para la realización del largometraje a pedido del propio legislador.
El vínculo entre ambos se ventiló tras la difusión de audios que revelaron gestiones directas del postulante presidencial con el banquero para costear la cinta, pese a que el dirigente había intentado minimizar previamente su relación personal.
Ante las revelaciones, el legislador justificó los fondos al sostener que se trataba de “dinero privado” destinado a un emprendimiento particular, argumento que ahora es examinado con minuciosidad por los peritos judiciales.
En ese marco, los fiscales buscan constatar si el senador impulsó o respaldó iniciativas parlamentarias que pudieran haber otorgado beneficios comerciales al Banco Master o a su titular a modo de contraprestación política.
Desvíos, fondos públicos y la familia involucrada
Las actuaciones judiciales también alcanzan a su hermano, el diputado Eduardo Bolsonaro, sindicado como presunto beneficiario secundario de las partidas asignadas a la obra.
Por su parte, los investigadores intentan rastrear el circuito financiero completo para confirmar si una parte de los fondos tuvo destinos diferentes a la producción de la película.
El caso involucra además al diputado Mario Frías, exsecretario de Cultura, quien asignó recursos estatales mediante enmiendas legislativas a la producción, cuyo estreno finalmente fue postergado de manera indefinida.
Impacto en la recta final de la campaña
El caso golpea directamente el discurso histórico del espacio, estructurado alrededor de la consigna de la transparencia institucional y el rechazo a los viejos casos de sobornos.
El postulante arrastra además antecedentes como la causa de las “rachadinhas”, centrada en supuestas retenciones indebidas a los salarios de sus exempleados legislativos.
Frente a la reapertura del debate público, Lula da Silva exigió que las investigaciones sigan adelante sin privilegios ni blindajes institucionales.
Por su lado, Flávio Bolsonaro demandó el levantamiento total de la reserva judicial y reiteró: “Se trató de aportes privados para una producción privada y no existió contraprestación alguna”, aseguró.
Pese a la gravedad del expediente, el Tribunal Superior Electoral mantiene plenamente habilitada su postulación para los comicios del 4 de octubre, previendo un eventual balotaje para el 25 de octubre.
