La policía de Bolivia concretó una masiva redada y detuvo al fiscal general Roger Mariaca junto a otros 13 funcionarios de la cúpula judicial, acusados de integrar una red ilícita que operaba dentro de las instituciones del Estado. El operativo se desató inmediatamente después de que el gobierno de Estados Unidos revocara los visados de los implicados por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Oviedo, detalló el alcance de la causa: “Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país, como es el Ministerio Público, la cual encabezada por Roger Mariaca se volvió la organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”.
Junto al titular del Ministerio Público también fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, quien figuraba en la misma lista sancionatoria de Washington. Ambos habían sido incluidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en una nómina de casi una veintena de empresarios y funcionarios de la región señalados por corrupción y maniobras delictivas.
La aprehensión de Mariaca y Zeballos se produjo en las instalaciones del aeropuerto internacional de Viru Viru. Ante la situación, la Fiscalía General emitió un comunicado para confirmar que, debido a la ausencia definitiva de la máxima autoridad, asume el cargo de manera interina Luis Montaño Morales por ser el fiscal superior de mayor antigüedad en la estructura.
El funcionario arrestado había sido designado por el Congreso en octubre de 2024, órgano que ahora deberá someter a votación la designación de un reemplazante formal.
Por su parte, el abogado defensor Romel Ipamo remarcó la postura de su cliente frente a la detención: “Se va a colaborar con todo. Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, sostuvo.
Acusaciones, allanamientos y causas cruzadas
El informe emitido por las autoridades norteamericanas acusó a Mariaca de cobrar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. El propio fiscal había rechazado los cargos antes de su captura, calificando el quite de visa como “injerencia” y “presión política” motivada por las investigaciones que llevaba adelante.
Durante su período al frente del organismo, se concretó en marzo la captura del capo narco uruguayo Sebastián Marset, quien luego fue derivado a la DEA y extraditado a Estados Unidos. En las últimas horas circuló un registro audiovisual del arresto donde el presunto líder criminal aseguraba una supuesta cercanía con Mariaca, aunque la veracidad de esa filmación no fue ratificada oficialmente.
Asimismo, el despacho del fiscal investigaba al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, bajo sospechas de tentativa de femicidio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De forma paralela a las detenciones, efectivos policiales allanaron las sedes fiscales en Sucre y Santa Cruz. Durante la irrupción en la sede central, la jefa de comunicaciones Claudia Pardo transmitió el operativo y denunció: “Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”.
Posteriormente, desde la dependencia policial donde quedó alojada, la vocera ratificó la situación: “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (…), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó.
El despliegue ocurre en un contexto de alineamiento diplomático de la administración de Rodrigo Paz con Washington, tras sumarse en marzo de 2026 a la iniciativa regional Escudo de las Américas impulsada por el gobierno de Donald Trump contra el crimen organizado.
