El Gobierno y un grupo de empresas de energía, del sector financiero y del juego mantienen una pulseada millonaria por diferencias en las declaraciones de Ganancias del 2024, y mientras las compañías defienden su postura con un fallo de la Corte Suprema en la mano, desde ARCA les ofrecieron como prenda de negociación un plan de pagos en 10 años y con una tasa de interés mensual muy por debajo de la inflación.
El impulsor del reclamo impositivo es Andrés Vázquez, en aquel momento director de la Dirección General de Impuestos (DGI) y que este jueves tomó control formalmente de la administración del fisco al reemplazar a Juan Pazo.
Vázquez consiguió que el Ministerio de Economía acepte ir al cruce de las declaraciones de Ganancias de ese grupo de empresas y que la Dirección Nacional de Impuestos, que depende de la Secretaría de Hacienda, emita un dictamen para que aprobara un plan de pagos en cuotas para negociar con las compañías y que su adhesión implique que el fisco no considerará que hubo omisión tributaria.
El plan de pagos se fue prorrogando de manera recurrente en estos meses y en su última actualización incluyó hasta 120 cuotas mensuales, es decir hasta diez años, y con una tasa de interés de actualización mensual de 1%, muy por debajo del ritmo de inflación.
Estas condiciones se mantendrán hasta el último día del 2025 y en las empresas creen que lo volverán a extender a la espera de que las compañías ingresen. En ARCA no confirmaron esa información.
En mayo pasado las empresas comenzaron a enviar a ARCA sus declaraciones de Ganancias del 2024. Algunas compañías grandes consideraron que debían computar pérdidas de años anteriores -lo que la ley de ese impuesto llama quebrantos- y enviaron certificaciones contables ante el fisco para demostrarlo.
Semanas después esas firmas recibieron notificaciones de ARCA de que el descuento de quebrantos que habían realizado era incorrecto y las intimaba a pagar la diferencia. Hay cálculos diversos sobre cuál es el monto global que podría implicar esa brecha entre lo que declararon las empresas para el pago de Ganancias y lo que reclama el fisco.
Estimaciones privadas llegan a ubicar esa cifra en torno de los US$ 4.000 millones. En el Gobierno evitar calcular un número puntual. El impacto recaudatorio sería, así, muy considerable.
Los contadores de las empresas utilizan a su favor un artículo de la ley del impuesto a las Ganancias que habilita la actualización por inflación (en este caso, el índice mayorista) para que las pérdidas autorizadas para su cómputo en declaraciones tributarias posteriores pierdan valor real con el tiempo.
Desde una de las compañías que pulsea contra el fisco aseguran que en años anteriores no hubo planteos de este tipo por parte del organismo tributario. “Había una discusión mínima, pero como lo de este año, nunca pasó”, aseguraron desde una energética.
Algunas compañías más chicas eligieron adherir al plan de pagos en lugar de afrontar los costos legales eventuales. “Hay compañías que si tuvieran que ingresar la diferencia de impuesto que reclama ARCA o bien quiebran o las pone en estrés o concurso de acreedores”, graficó otra fuente.
El argumento más contundente que blanden los abogados que representan a las empresas es que existe un antecedente que llegó a la Corte Suprema de Justicia (el fallo Telefónica por un reclamo de 2002) y que fue favorable, ya que el Máximo Tribunal aseguró que la falta de actualización por inflación puede ser confiscatorio.
En noviembre del año pasado, la Dirección Nacional de Impuestos preparó el terreno para la disputa de este año y anticipó que su posición era que la ley de Ganancias no autoriza de manera lineal la actualización por inflación de los quebrantos.
