Envió un escrito: el camarista Juan Carlos Gemignani no se presentó ante el Consejo de la Magistratura
Una hora antes del horario en que debía presentarse por primera vez ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, envió un escrito con su defensa. El camarista entrerriano había sido citado para hoy a las 10 de la mañana por el artículo 20 del Reglamento, una instancia equivalente a una declaración indagatoria ante la Justicia, por haber ordenado detener e incomunicar a una prosecretaria letrada de la Sala I en la feria de invierno de 2016, cuando ésta se negó a hacer un inventario sobre unos equipos arrumbados en una sala de audiencias.
El expediente se inició en realidad hace casi tres años, por una denuncia de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), pero nunca avanzó hasta principios de este mes, cuando luego del recambio de la composición del Consejo, y cuando la denuncia estaba ya próxima a vencer.
Se reactivó a partir de que la senadora radical y consejera Inés Brizuela y Doria impulsara la aprobación del dictamen que se aprobó el 7 de mayo con la citación. Al actual presidente del máximo tribunal del país en temas penales se lo acusó de “falta de consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales”, “actos ofensivos al decoro de la función judicial”, “negligencia en el cumplimiento sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional” y “violencia de género”.
Gemignani defendió nuevamente su accionar -como lo hizo en sus dos anteriores descargos escritos cuando fue notificado de la investigación que se le abrió- y explicó que actuó “convencido” de que se encontraba “frente a un ilícito de extrema gravedad”. Se refería a lo que él consideró era “la ilegal existencia de material remitido por el Ministerio de Planificación a cargo del Ing. Julio De Vido a la Cámara Federal de Casación, material cuya existencia significaba la posible comisión de los delitos de cohecho -art. 258 del C. Penal-, y/o el delito de dádivas -art. 259 del C. Penal”.
En su lectura de los hechos y la justificación de su comportamiento, el camarista argumentó que “había encontrado el ‘regalo’ que el responsable del Ministerio de Planificación, Julio De Vido, había remitido a la (entonces) presidente de la Cámara Federal de Casación Dra. Ana María Figueroa, que estaba ‘escondido’ en una Sala que en feria no habría de ser usada por ninguna actuación judicial; delito que continúa siendo investigado”.
Sobreseído en sede penal
También -según Infobae- citó en su defensa el sobreseimiento que obtuvo de la Cámara Federal en julio del año pasado. Este Tribunal de alzada consideró que el camarista actuó “bajo error” y “sin dolo o intención de abusar de su poder” al ordenar detener a la María Amelia Expucci, prosecretaria letrada de la Sala I de Casación, “con un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber”. El juez acusado subrayó que la Sala II “descartó – sin margen de duda – que el Dr. Gemignani haya obrado dolosamente con el fin de privar ilegalmente de libertad a la Dra. Expucci”.
Asimismo, mencionó que la misma Sala II de la Cámara revocó en marzo de 2017 el sobreseimiento de De Vido en la causa en la que Gemignani lo denunció por presutno “cohecho” y “dádivas” y le ordenó al juez de perimera instancia, Marcelo Martínez de Giorgi, investigar “la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y/o violación de los deberes de funcionario público”. En este sentido, se quejó de que ese magistrado lleva “más de dos años abocado a esa tarea”.
La sanción prevista
El proceso acusatorio contra un juez en el Consejo de la Magistratura es una instancia distinta a la de la Justicia. Se trata de determinar su responsabilidad política y evaluar si corresponde una sanción disciplinaria o la apertura de un juicio político que termina con su remoción. Los causales son la falta de idoneidad profesional, ética y moral exigida a un juez. No se requiere probar un delito, ni contempla sanción penal.
En este caso -recuerda Infobae-, Gemignani fue acusado de “faltas disciplinarias”, no de “mal desempeño”, por lo que no está contemplada su posible remoción. La sanción prevista para estas “faltas disciplinarias” va desde la advertencia, el apercibimiento y una suspensión, hasta una multa que puede alcanzar el 50% de sus haberes por única vez.
El detalle de sus explicaciones
En su escrito de 21 hojas al que accedieron los colegas de Infobae, Gemignani justificó su decisión de ordenar detener a Expucci, quien estuvo una hora y media incomunicada en una garita del estacionamiento de Comodoro Py, hasta que fue liberada por el juez Martínez De Giorgi. “Esas circunstancias (los equipos y plasmas del Ministerio de Planificación depositados en una sala de audiencias de la Casación y sobre los que el camarista quería hacer un inventario) me impusieron interpretar que la conducta elusiva de la Secretaria Expucci en la conformación del acta para constatación de la presencia de esos elementos constituía el delito de desobediencia a la autoridad (…) y de encubrimiento perpetrado por funcionario público(…), y que tratándose de delitos de acción pública que tienen prevista pena privativa de libertad, debía proceder a la aprehensión y puesta a disposición del Juez en turno tal y como lo dispone el inc. 4) del art. 284 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Respecto de las amenazas que habría proferido a los otros empleados del cuerpo presentes cuando le pidió a Expucci realizar el inventario de las cajas – pese que no era su función específica, por lo que ella atinó a preguntarle en el marco de qué causa debía hacerlo-, Gemignani afirmó que “bajo ningún punto de vista pueden ser interpretadas como excesos o abusos funcionales” ya que no habían “consistido sino en advertencias sobre la responsabilidad a la que estaba abocado según mi errónea comprensión de los hechos, dada la importancia del procedimiento”.
Y el hecho justamente de que los destinatarios de su “advertencia” hubieran sido tanto mujeres como hombres, en su opinión, “da por tierra definitivamente cualquier atisbo de interpretar” su conducta con Expucci “como expresión de injustificada supremacía de género”. “No he realizado ni realizo diferencias de trato con funcionarios ni empleados con arreglo al género, y no hubiera resultado distinto mi proceder si la secretaría de feria hubiera estado a cargo de un hombre”, agregó.
Pedido de prueba
Al concluir el escrito, el camarista pidió que se incorpore como prueba la revocatoria del sobreseimiento de De Vido por la Cámara Federal, y todas las causas que tramiten en Casación referidas al ex ministro, a la ex presidenta Cristina Kirchner, y a cualquier otro ex funcionario de su gabinete; su propio sobreseimiento por la Sala II de la Cámara, y el de los dos policías que ejecutaron su orden, dispuesto la semana pasada. También toda la documentación referida al trámite de cómo llegaron los equipos de Argentina Conectada a la Cámara de Casación a fines de 2015.
Finalmente, pidió que se le tome declaración testimonial por escrito a los camaristas de Casación Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, según un listado de preguntas que presentará si esta prueba es aceptada por la Comisión.
También solicitó que se les reciba declaración testimonial a “todos los funcionarios y empleados de la Cámara Federal de Casación, para que expresen si en alguna oportunidad han recibido de parte del Dr. Juan Carlos Gemignani consideración o trato descortés, discriminatorio, injurioso o de cualquier manera desdoroso, fundado en razones de raza, de género, de credo o religión, cultural o de convicción política”.
El descargo escrito y las prueba pedidas por el camarista será evaluada en la próxima reunión de la Comisión de Acusación y Disciplina, que tendrá lugar el próximo martes 28 de mayo.