Entrega de alimentos bajo sospecha: el Senado exhorta al Gobierno de Entre Ríos para que brinde respuestas y explicaciones claras
En medio de denuncias periodísticas y una investigación judicial en curso, el Gobierno de Entre Ríos volvió a quedar bajo la lupa por la distribución de alimentos, al punto de obligar a que senadores oficialistas y opositores exijan una convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social para pedir explicaciones que, hasta ahora, no llegaron por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Durante la sesión de este martes, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de Comunicación presentado por el senador por Victoria, Víctor Sanzberro (PJ), junto al senador Alberto Otaegui (Juntos por Entre Ríos), mediante el cual se solicita al Gobierno provincial la convocatoria urgente y extraordinaria de dicho ámbito. El objetivo es claro: que el Ejecutivo explique cómo, a quiénes y bajo qué controles se repartieron módulos y mercadería alimentaria durante 2025, en un contexto atravesado por acusaciones de entrega clientelar.
El pedido apunta directamente a que las autoridades provinciales detallen los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de la asistencia alimentaria, información que el Gobierno no hizo pública de manera espontánea, pese a la gravedad de las denuncias y a la intervención de la Fiscalía.
En el recinto, Sanzberro fue explícito: la iniciativa se complementa con una nota enviada el 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, solicitando formalmente la reunión de la Mesa. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, afirmó el legislador, en una frase que suena menos a declaración de principios y más a advertencia política frente a la inacción del Ejecutivo.
El proyecto aprobado señala que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social”, una fórmula institucional que, traducida al llano, refleja que el Gobierno provincial todavía no dio las respuestas que debería.
La agenda propuesta no deja demasiados márgenes para la evasiva: se solicita un informe pormenorizado sobre la cantidad total de módulos entregados, el listado de organizaciones receptoras, los criterios de distribución, los procedimientos de relevamiento y los mecanismos de rendición de cuentas. También se exige conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos, la trazabilidad de la mercadería y el destino final de la asistencia alimentaria, destinada —al menos en los papeles— a familias en situación de vulnerabilidad.
Además, los senadores reclaman información sobre las medidas adoptadas o a adoptar frente a las denuncias y las actuaciones judiciales, incluyendo la colaboración con la Justicia y la eventual realización de auditorías. Un pedido que deja en evidencia que, para la Legislatura, la transparencia no puede seguir siendo un eslogan.
Finalmente, se plantean propuestas concretas para fortalecer el control participativo, como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de datos oficiales y la implementación de auditorías externas independientes. Medidas que, de haberse aplicado a tiempo, quizás habrían evitado que el tema llegue a tribunales.
Mientras tanto, el Gobierno de Entre Ríos enfrenta una escena incómoda: legisladores de distintos espacios reclamando información básica sobre una política sensible, y una Mesa de Diálogo Social que solo parece activarse cuando el escándalo ya está en marcha.