El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio a la Fiscalía de Estado, promovió dos demandas contra la Nación por casi 1.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia entrerriana, que posiciona a la provincia como una de las jurisdicciones que más le reclama al Estado Nacional.
Ambas causas se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la demanda contra la Anses y el reclamo histórico por incumplimientos relacionados con la Represa de Salto Grande. Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.
Juicio con Anses
El primer juicio es contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por el incumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017.
El objeto es lograr una condena al pago de las sumas adeudadas por asistencia financiera nacional a los regímenes previsionales no transferidos a la Nación, tal como establece el Consenso Fiscal 2017, aprobado por ley nacional y provincial.
La deuda estimada, que al momento de iniciarse la demanda era de más de 154 mil millones de pesos ($154.606.298.614,49), ya supera los 200 mil millones de pesos al ser actualizada conforme jurisprudencia.
Las diferencias reclamadas surgen de los siguientes conceptos:
- Desde 2017 a la fecha: diferencias por la tasa de contribución patronal utilizada en la determinación del déficit anual (Entre Ríos aplica un 16%, superior a la tasa reducida usada para cajas transferidas), con intereses.
- Desde 2020 a la fecha:
a) Diferencias entre lo devengado y lo efectivamente transferido,
b) Actualización según el índice de movilidad del SIPA,
c) Pago sin atrasos ni dilaciones administrativas arbitrarias,
d) Todo ello, con intereses.
El juicio por los excedentes de Salto Grande
La segunda demanda exige el cumplimiento del Pacto Intrafederal de 1998, que dispuso que los excedentes de la Represa Salto Grande —una vez deducidos los gastos operativos— se distribuyan entre las provincias afectadas (Entre Ríos, Corrientes y Misiones), a través del Fondo Especial de Salto Grande.
La Nación habría modificado unilateralmente ese acuerdo mediante resoluciones de la Secretaría de Energía, lo que redujo drásticamente los excedentes destinados a las provincias.
Entre Ríos pide que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de esas resoluciones, al considerar que menoscaban derechos provinciales al regular a la baja el precio de la energía, lo que afecta el equilibrio económico reparatorio previsto en el pacto.
Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio y el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes firmaron la ampliación de la demanda, detallando un reclamo por 724 millones de dólares.
