La Justicia avanza en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario Manuel Adorni, quien enfrenta el vencimiento del plazo otorgado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para justificar su patrimonio.
El proceso busca determinar cómo se financiaron los gastos y adquisiciones del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, durante su paso por la función pública entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Los peritajes contables detectaron un desfasaje sustancial: mientras el matrimonio acreditó ingresos por $229,7 millones, sus gastos treparon a $272,8 millones, lo que genera un rojo injustificado de $43.068.549.
En ese marco, la fiscalía sumó sospechas sobre otros US$ 402.578,12 canalizados en refacciones, propiedades y equipamiento que, según el dictamen judicial, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.
Operaciones inmobiliarias y movimientos bajo la lupa
El requerimiento fiscal exige precisiones sobre compras de vehículos, manejo de dinero en efectivo, presuntos préstamos familiares y gastos en una propiedad del Country Indio Cuá.
Asimismo, el exfuncionario deberá aportar documentación sobre compraventa de criptomonedas, saldos bancarios y consumos con tarjetas de crédito.
Tras una prórroga inicial que concluyó el 25 de agosto, el nuevo límite vence este martes, aunque el investigado podría solicitar otros 15 días adicionales.
De no despejarse las irregularidades detectadas en el expediente, la fiscalía ya anticipó que Manuel Adorni podría ser citado a declaración indagatoria.
El pliego de las 20 preguntas clave
El cuestionario judicial exige transparentar el origen de los dólares en efectivo consignados en las declaraciones juradas del período investigado.
También reclama certificar la existencia y fecha real de los mutuos adjudicados a Silvia Pais y Norma Zuccolo, detallando entrega de dinero y cronograma de pagos.
La Justicia solicita la fuente de financiamiento para adquirir un vehículo Jeep y los fondos con los que se compró el lote 380 en el Country Indio Cuá.
Sobre esa misma vivienda, se pide justificar la remodelación integral, incluidos los US$ 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar.
Pollicita requirió además el respaldo de los pagos en moneda extranjera a Tabar por el mobiliario del inmueble de Miró 550, así como el origen del dinero para adquirir dicha propiedad.
El exfuncionario deberá justificar ingresos no alcanzados por Ganancias, herencias, donaciones y los fondos en efectivo para costear viajes al exterior, cuotas escolares y alquileres temporarios.
El dictamen indaga sobre el uso recurrente de terceras personas para concretar operaciones y el capital inicial empleado en el mercado de criptoactivos.
Asimismo, se revisarán 20 facturas informadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por montos superiores a $6 millones, las deudas con el Banco Galicia y los honorarios abonados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Por último, se investigan tarjetas de crédito con extensiones a terceros, una factura de más de $4 millones de una concesionaria automotor, acreditaciones no salariales en el Banco Nación y la valuación de las mejoras edilicias declaradas.
