Empresa agroexportadora deberá pagar dos mil millones a la AFIP por operaciones con dólar futuro
Una empresa agroexportadora deberá pagar $2.000 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por operaciones realizadas con contratos de dólar futuro. La Dirección General Impositiva (DGI) detectó a una firma que no pudo justificar la adquisición de ese derivado financiero durante el 2015 y que le permitió obtener ganancias millonarias con la devaluación registrada a fines de ese año tras la asunción de Mauricio Macri como presidente.
El organismo conducido por Carlos Castagneto realizó una fiscalización sobre contribuyentes e identificó numerosos incumplimientos del Aporte Solidario y Extraordinario por única vez del 15% sancionado por el Congreso a fin de 2016 sobre las utilidades generadas con ese instrumento financiero.
La firma investigada, que pertenece a un grupo multinacional, había contratado estos instrumentos derivados para, supuestamente, obtener cobertura ante una eventual suba en el tipo de cambio oficial que pudiera impactar negativamente en sus operaciones de comercio exterior.
La norma establecía que las coberturas que tuvieran una finalidad comercial no estaban sujetas al impuesto. Sin embargo, de las tareas de fiscalización y control realizadas por la AFIP no fue posible vincular los contratos de dólar futuro con los pasivos sobre los cuales se pretendía justificar la cobertura y con los pagos realizados por la empresa.
En función de que la compañía no pudo argumentar con documentación que las operaciones no hayan tenido un fin especulativo, la DGI determinó que correspondía gravar las utilidades obtenidas. Por lo tanto, se realizaron ajustes por el mencionado Impuesto Extraordinario, intereses y multas por más de $2.000 millones.
Mediante estas acciones, la AFIP focaliza los controles sobre las operaciones especulativas de grandes contribuyentes, ya sean empresas o familias de alto patrimonio, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia tributaria y lograr financiamiento genuino para políticas públicas.