Este miércoles será una jornada determinante en el Congreso, donde el debate por la emergencia en discapacidad llegará a una instancia decisiva. Por mandato de la última sesión, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados deberán emitir dictamen.
Inicialmente, la única propuesta formal sobre la mesa era la impulsada por un amplio abanico de la oposición. El texto busca prorrogar por un año el estado de emergencia para el sector, el cual fue establecido mediante la Ley 27.793 y tiene vencimiento fijado para el próximo 31 de diciembre.
Esa iniciativa opositora contó con las firmas de representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Argentina Federal, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis.
Ante el volumen de votos exhibido por este sector, el oficialismo prometió trabajar en una iniciativa alternativa de carácter superador. El objetivo de La Libertad Avanza es fijar garantías permanentes para el sistema prestacional, pero rechazando de plano la continuidad del esquema de emergencia.
Tensión por el Presupuesto
El escenario parlamentario se complejizó la semana pasada durante una reunión informativa tras el ingreso del Presupuesto 2027. En dicho texto, el Poder Ejecutivo incluyó la eliminación del nomenclador universal, el retorno al modelo tradicional de pensiones por invalidez laboral y la derogación de artículos clave de la normativa vigente.
Aquel apartado tomó por sorpresa a las autoridades legislativas, incluidos el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la jefa de bancada en el Senado, Patricia Bullrich. Esto complicó las conversaciones con los bloques dialoguistas, aunque tras diversas gestiones de contención aseguraron que las negociaciones quedaron encaminadas durante el fin de semana.
El plan del oficialismo apunta a consolidar un texto acordado junto al PRO, la UCR y bancadas provinciales, con la meta de alzarse con el dictamen de mayoría este miércoles.
El borrador consensuado sostendría el nomenclador universal, aunque con un esquema de actualización bimestral atado al IPC, a diferencia del mecanismo mensual actual. Asimismo, se contemplan modificaciones en el acceso a las pensiones, determinando que no bastará únicamente con el Certificado Único de Discapacidad.
En paralelo, los bloques aliados mantienen el reclamo iniciado el 9 de septiembre para que se incluya un cronograma estricto sobre las compensaciones adeudadas a prestadores, punto que podría ser anexado al despacho final.
Hacia el tratamiento general, trascendió que el cuestionado Capítulo VI será retirado del proyecto de presupuesto, mientras que el Ministerio de Economía terminará de revisar los detalles técnicos de la propuesta que irá al plenario de comisiones.
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