Elisa Carrió denunció en la Justicia Penal a un candidato a gobernador del frente opositor de Santa Fe
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acusó en una declaración judicial al precandidato a gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro de no haber denunciado a un jefe policial que trabajaba bajo sus órdenes y fue condenado por narcotráfico. Dijo que Pullaro (que integra la alianza opositora y fue ministro de Seguridad provincial) “no podía desconocer la actividad delictiva de sus subalternos” y sostuvo que, de mínima, cometió el delito de “omisión de denuncia”.
La dirigente apuntó contra el precandidato, que compite en la interna contra Carolina Losada, en una declaración de alto impacto político realizada en los tribunales federales de Santa Fe, en la que acusó además del delito de encubrimiento a todos los senadores (oficialistas y opositores) que votaron por mantener los fueros del legislador Armando Traferri (PJ), acusado en un caso de juego clandestino que se inició por un crimen de Los Monos. Y pidió que se cite a declarar como testigos al gobernador Omar Perotti (PJ), al exgobernador Antonio Bonfatti (Partido Socialista) y a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Los cuestionamientos de Carrió contra Pullaro no son nuevos, pero ahora toman forma de acusación penal. Falta poco más de un mes para las elecciones en las que el exministro de Seguridad enfrentará a Losada -ambos de origen radical- en la interna del frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe.
Esta semana, la pelea en esa interna escaló a tal punto que Losada dijo que su rival era “una persona oscura” que financiaba “campañas sucias” en su contra. Le respondieron que actuaba con “desesperación” porque las encuestas la mostraban diez puntos debajo de Pullaro y que estaba favoreciendo al peronismo.
Carrió, precandidata a presidenta, declaró el 18 de abril pasado en una audiencia judicial que hasta ahora se había mantenido en reserva. La citó el fiscal federal Walter Rodríguez, que abrió una causa después de escucharla denunciar, en un video subido a sus redes sociales, vínculos del narcotráfico con la política, la Justicia y la policía de la provincia. Fue el video en el que Carrió dijo que no podía participar del “frente de frentes” (que reúne a dirigentes de Pro, la UCR y el Partido Socialista) porque entre sus potenciales aliados había muchas personas vinculadas con el crimen organizado.
La declaración de Carrió duró unas seis horas y versó sobre distintos asuntos: desde el supuesto pacto de impunidad para proteger a Traferri hasta las reformas del sistema penitenciario que, según ella, habilitaron a “las organizaciones criminales de narcotráfico a operar desde las cárceles con la absoluta impunidad”. Carrió también aportó información sobre supuestas rutas por las que se trafican estupefacientes, incluida la Hidrovía, que ya había sido objeto de una denuncia previa de ella que dio origen a otro caso, que no registró mayores avances, sobre contrabando y narcotráfico en aduanas y puertos de la zona.
Uno de los dirigentes políticos señalados por Carrió en su declaración fue Bonfatti, a quien ella cuestionó muchas veces públicamente. Ahora, frente al fiscal, dijo que debería explicar por qué desistió de impulsar la investigación contra Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi, el hombre que participó de la balacera contra la casa de Bonfatti en 2013, resultó finalmente condenado por ese hecho y fue asesinado seis años después. Carrió pidió la citación como testigo del exgobernador.
A Sandoval lo mataron sicarios mientras cumplía prisión domiciliaria por otros crímenes, instalado en una casa de 600 metros del barrio de La Florida que pertenecía a un juez de Rosario.
En cuanto a Pullaro, la acusación de Carrió fue por su relación con Alejandro Druetta, exjefe de Drogas de Rosario, condenado a diez años de cárcel. Según ella, Pullaro no podía desconocer la actividad delictiva de un subalterno como Druetta, que -según los jueces que lo condenaron- proveía de estupefacientes a los narcos.
El caso Traferri
Una parte central de la declaración de Carrió ante el fiscal Rodríguez estuvo dedicada al caso Traferri. No solo acusó a los senadores que no acompañaron el pedido de desafuero en diciembre de 2020, sino que además pidió que se declare la inconstitucionalidad de la legislación provincial que otorga inmunidad de proceso a los legisladores santafecinos, un tema que ya está en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Santa Fe, los fueros de los legisladores impiden que avancen las investigaciones contra ellos (a nivel nacional, en cambio, tienen inmunidad de arresto pero nada impide que sean citados a indagatoria y los expedientes avancen).
En cuanto al tema cárceles, acompañó un informe sobre sobre el Servicio Penitenciario Federal que -dijo Carrió- “demuestra que se ha desarmado el sistema de inteligencia” con el cierre del área que estaba diseñada para prevenir organizaciones narcocriminales y pidió investigar el manejo de los teléfonos celulares en poder de los detenidos.
También denunció la inexistencia de radares para controlar el espacio aéreo de Santa Fe. Fue por eso que planteó que debe citarse a declarar a los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial provincial, y en especial, a los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, para que informen si alguna vez pidieron que pusieran radares, como sí lo hizo, afirmó, la Cámara Federal de Salta.
Además pidió puntualmente que se cite a los exgobernadores y a Perotti para que informen si alguna vez solicitaron radares y, en caso de que digan que sí lo hicieron, lo demuestren en forma documentada. Carrió dijo que “su omisión podría hacerlos incurrir en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Según dijo Carrió en los tribunales, lo que explica el avance del narcotráfico es que “hace 20 años que Santa Fe fue declarada zona liberada”.
La líder de la CC solicitó además que se investigue por “los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público” a los funcionarios de la comisión provincial que otorgó una supuesta “zona franca en Constitución, en la frontera con la provincia de Buenos Aires” a un grupo empresario integrado por “[Guillermo Ignacio] Misiano y [José Lucas] Garcerain”, “relacionados con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández”.