El Tribunal de Cuentas fiscalizará el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19
Autoridades y auditores del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos mantuvieron un encuentro de trabajo con el síndico General de la Nación y las autoridades de más de 50 órganos de control integrantes de la Red Federal de Control Público. El objetivo de la reunión virtual, organizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), fue ultimar detalles para avanzar con el monitoreo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Dr. Diego Lucio Nicolás Lara; la vocal, Cra. María de los Ángeles Moia; y la secretaria de Vocalía N° 2, Cra. Daniela Mariani; mantuvieron un encuentro virtual con el Síndico General de la Nación, Cr. Carlos Antonio Montero; y con las autoridades de más de 50 organismos y entidades de control de todo el país que integran la Red Federal de Control Público.
Durante el encuentro se ultimaron detalles para comenzar a avanzar con el monitoreo del “Estado de situación del Plan de Vacunación contra COVID-19 al 31 de Marzo de 2021”, mediante el cual los órganos de control provinciales controlarán la recepción y distribución en cada una de las 24 jurisdicciones del país.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia será el encargado de verificar la trazabilidad de las vacunas contra COVID-19 remitidas por Nación a Entre Ríos; incluyendo el relevamiento de la registración de las vacunas aplicadas en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
La información que resulte de esta auditoría se difundirá en forma periódica a toda la población.
Además, participaron de sucesivos encuentros virtuales; la secretaria de Vocalía N° 2 del TCER, Cra. Daniela Mariani; y auditores del organismo, las Cras. Valeria Demediuk y Gisel Lisi; y el Cr. Alejandro Leguizamón; quienes realizarán las tareas de monitoreo, verificación y control.
La Red Federal de Control Público se instituye como un emprendimiento organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecución de la política social.
En la actualidad, se encuentra representada la totalidad de las jurisdicciones del país, a las que se han sumado una decena de tribunales de cuentas municipales. Así constituida, en su seno se creó el Comité de Auditoría Federal, integrado por todas las organizaciones adheridas, entre las que designaron como autoridades a la Sindicatura General de la Nación para el ejercicio de la Presidencia, y a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social para ejercer la Vicepresidencia y Secretaría respectivamente.
Se realizan auditorías conjuntas y actividades de intercambio técnico entre SIGEN, las UAI y los órganos de control incorporados. Una de sus mayores fortalezas reside en que las auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción, conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la creación de un método articulado y federal para un control más eficaz, que atienda a las particularidades de cada región.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos fue uno de los primeros órganos de control en adherir a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional en el año 2002, cuando sólo estaba conformada por 10 de los 47 organismos que hoy controlan todos los programas nacionales de inclusión social y de inversión pública en cada provincia.
En Entre Ríos, en los últimos años, se ha incrementado ampliamente la cantidad de programas nacionales que se ejecutan para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, convirtiéndose el TCER en el garante del control en el ámbito provincial y fortaleciendo así la gestión pública de las políticas sociales y la transparencia de las acciones en ese sentido.
La Red Federal de Control Público constituye un instrumento eficaz y permanente para la fiscalización de la gestión pública, con mecanismos de prevención, detección y medición de gran utilidad para la minimización de los riesgos a los que se encuentra expuesta la misma.