El Tribunal de Cuentas auditó la Municipalidad de San Salvador
En el marco de las auditorías previstas en la Planificación Anual del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, personal profesional y personal técnico administrativo del organismo realizó tareas de control “in situ” en San Salvador. Los auditores del TCER llevaron a cabo verificaciones selectivas para fiscalizar el movimiento financiero, económico y patrimonial del Municipio.
La Provincia de Entre Ríos cuenta con 83 Municipios en sus 17 departamentos. Todos los Presidentes municipales deben presentar, anualmente, ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, la rendición de cuentas por los fondos que administran personalmente o a través de subresponsables.
En este marco, un equipo de auditoría del Tribunal de Cuentas se presentó en la Municipalidad de San Salvador para realizar tareas de auditoría que complementen el control de las Rendiciones de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2020, que previamente habían sido elevadas y verificadas en sus aspectos formales en sede.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara; acompañado por la jefa del Area de Municipios del TCER, Cra. Ayelén Cantero; visitaron la localidad para presentar a los auditores del organismo de control, y dialogar con el presidente Municipal, Dr. Lucas Larrarte; sobre el trabajo que se realizaría durante esos días.
En este sentido, personal profesional y personal técnico administrativo del TCER llevó a cabo verificaciones selectivas para fiscalizar el movimiento financiero, económico y patrimonial del Municipio, pudiendo observar la siguiente Ejecución Presupuestaria: Recaudado (Recursos) $382.850.941 – Comprometido (Gastos) $373.229.180.
El 43% de lo recaudado ($162.726.858) corresponde a tasas municipales, otros ingresos municipales, subsidios y recursos de capital. Asimismo, el 37% de los recursos ($141.679.756) surge de fondos de la coparticipación provincial. Y un 20% ($78.444.328) provinieron de la coparticipación nacional.
Respecto de lo comprometido, el 51% ($191.109.144) se destinó a gastos de personal; el 42% ($158.301.942) fue ocupado para adquirir bienes y servicios y para realizar trabajos públicos; y un 6% ($23.818.094) se empleó para transferencias corrientes y amortización de la deuda.