El titular del INAI advirtió sobre la “avanzada de la derecha” contra los pueblos indígenas
El titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, alertó sobre “la avanzada de la derecha” contra los derechos de los pueblos indígenas y aclaró que el organismo que preside “no entrega tierras” sino que, mediante las tareas de relevamiento que lleva adelante, registra “la ocupación actual, tradicional y público de esas comunidades”.
El funcionario apuntó contra el miembro de la Auditoría General de la Nación y referente de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, y contra el senador de esa fuerza política y precandidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quienes en febrero pasado lo denunciaron penalmente por “traición a la patria” y “abuso de autoridad” por tres casos de relevamiento de tierras en Mendoza.
En una entrevista con Télam, en la Semana de los Pueblos Indígenas -conmemoración que inició el miércoles 19 y finalizará el martes 25 de abril- el titular del INAI criticó “la avanzada gigante de la derecha” en materia de derechos indígenas y advirtió que se ha “retrocedido 40 años” por el estado de discusión actual.
“Hay una avanzada mediática, pero a lo mediático se suma fundamentalmente una avanzada política, sobre todo en Mendoza. Se empieza criminalizando, estigmatizando de una manera discriminatoria, rayando lo ilegal sobre un pueblo preexistente”, señaló en referencia de las manifestaciones públicas contra el Pueblo Mapuche en esa provincia.
El pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto en el que se estableció que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
También, el 11 de abril último el Juzgado Federal de San Rafael a cargo de Eduardo Puigdéngolas hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la empresa Nieves de Mendoza SA y dejó sin efecto la Resolución Nº47/2023, firmada por el INAI sobre tierras que ocupa la comunidad Lof Limay Kurref en los departamentos de Malargüe y San Rafael.
Dicha resolución, explicó Marmoni, es parte de las “competencias” que tiene el INAI, para cumplir con la política pública y la Ley 26.160 (2006), conocida como Ley de Emergencia Territorial Indígena, que en su texto le ordena expresamente al organismo hacer un “relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Para esa tarea, se creó el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), que se encuentra a cargo de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI.
Esa área, detalló Marmoni, se encarga de dar cuenta de “la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades que están asentadas en un territorio” y aclaró: “Damos cuenta de la ocupación, no de la tenencia, no de la propiedad”.
Sobre ese punto, se quejó de “la nominalización” que tildó el trabajo del instituto en algunos medios de comunicación, la Justicia y sectores de la derecha como de ‘cesión de tierras’, cuando, aclaró, “el INAI no entrega tierras”.
El funcionario indicó que al finalizar con las tareas de relevamiento se le otorga una “carpeta técnica” a la comunidad y el instituto “firma una resolución” que respalda el proceso realizado, pero remarcó que luego otras instancias a nivel estatal son las que “avanzan con la titulación de tierras en los registros provinciales”.
En ese sentido, Marmoni resaltó que “lo que le permite esta carpeta a las comunidades indígenas es evitar el desalojo” en tierras donde “la situación está judicializada” y reclamó que al “Estado argentino le falta una ley nacional de propiedad comunitaria indígena”.
Pero, igualmente observó que en el caso de Mendoza, la “Justicia provincial está desconociendo” los relevamientos y que, por eso mismo, “ya no hay garantías” de que las familias indígenas no sean desalojadas.
Sobre esta cuestión, el funcionario alertó que hasta él mismo fue denunciado penalmente dos veces en febrero pasado: primero por Miguel Ángel Pichetto y el radical Alfredo Cornejo, y luego, por el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de Mendoza, Gustavo Cairo, junto a otros dirigentes de ese partido.
El titular del INAI, quien es psicólogo y asumió el cargo en el organismo en diciembre pasado, recibió las acusaciones de “traición a la patria” y “abuso de autoridad” por la firma que realizó en enero de tres resoluciones de comunidades mapuches-tehuelches.
“El supuesto delito cometido es haber cumplido mi responsabilidad y mi función por la cual fui designado. Todo el procedimiento del relevamiento se cumplió al pie de la letra, y así y todo, recibí una denuncia penal por cumplir la ley”, recriminó sobre los expedientes que tramitan en los tribunales de Comodoro Py.
El presidente del INAI también recordó que “varios años atrás” ya hubo “reconocimiento” por parte de la provincia mendocina de relevamientos en la zona, y manifestó que justamente por eso, resulta “sorpresivo que ciertos políticos” desconozcan ese procedimiento.
“Creo que utilizan ciertas cuestiones racistas, a veces con un componente discriminatorio y parecería que si en ese territorio los ocupantes son indígenas está mal”, reprochó y sostuvo que el trasfondo de la disputa responde a que están buscando que “esas tierras que están ocupadas por comunidades hace muchos años, sean cedidas a empresas privadas”.
Consultado sobre el porcentaje de comunidades registradas en el INAI, Marmoni lamentó que muchas veces “se tergiversen los números” y explicó, que si bien de un “universo actual de 1825” comunidades se relevaron “800”, y eso representaría alrededor de un “50 por ciento”; señaló que hay que tener en cuenta que la “línea de base de la que se partió”, cuando se iniciaron las tareas en 2006, era de “950 comunidades”.
“Hoy tenemos relevadas ya 800. Estamos en casi, un porcentaje de un 90% a ese número inicial. Lo que pasa es que la dinámica de crecimiento de comunidades hace que parezca que nunca se avanza”, defendió el trabajo del organismo.