El titular de ATILRA enfrenta una denuncia por movimientos financieros
El sindicato lechero -mostrado por el Gobierno como el modelo ideal para exhibir acuerdos para bajar costos laborales y flexibilizar un convenio colectivo- quedó en el foco de una investigación judicial. El titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) desde 2002, Héctor Luis Ponce, quedó bajo la mira de la Justicia luego de que un fiscal recibiera una denuncia anónima.
Pero el 28 de febrero, la Policía Federal allanó 18 sitios, entre ellos, diferentes sedes del gremio y la central en Sunchales , provincia de Santa Fe, en busca de documentación sobre Ponce y su entorno.
El fiscal Eduardo Taiano recibió una denuncia “en un sobre sin remitente”, en la que se detallaban numerosas irregularidades de Ponce y su entorno.
Taiano y el juez federal Luis Rodríguez avalaron los operativos del 28 de febrero, aunque luego el caso no avanzó más. No hay imputación ni requerimiento de indagatoria.
A partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Finanzas, la Justicia sigue las huellas y los movimientos financieros de Ponce y su entorno.
Entre numerosas operaciones millonarias, se detectó un plazo fijo a nombre de su hija por u$s4.599.704 y gastos de hasta $920.051 con la tarjeta corporativa del gremio o de la obra social, además del cotejo de las declaraciones juradas, en las que se desnuda su impactante crecimiento patrimonial.
Y se precisan viajes “particulares” a Uruguay, Panamá y Estados Unidos en el mismo mes (octubre) durante cinco años consecutivos (entre 2012 y 2016), agregó el matutino.
Entre los allanamientos, además, se encontró documentación sobre propiedades y empresas, una de ellas dedicada a la reparación de aviones, por lo que el fiscal requirió al juez una segunda etapa de operativos, con entrecruzamiento de datos y sociedades, y la búsqueda de “cajas de seguridad bajo techo o a la intemperie”. Esta segunda fase no se concretó.
Desde Atilra, sin embargo, relativizaron el caso y calificaron de “ilegales” los allanamientos. Identificaron al denunciante como Mario Raúl Bertoia, un exauditor médico del gremio, y lo denunciaron por falso testimonio. La denuncia está en el Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
La crisis de SanCor acercó a Ponce al Gobierno. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, lo puso el año pasado como ejemplo cuando renovó el convenio colectivo (cambios en el presentismo y francos) y aceptó reducir de 3000 a 1500 pesos el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social. Según el gremio, se fueron de SanCor 1100 trabajadores, pero ninguno en conflicto. Y este año aceptó paritarias en línea con la pauta oficial (15%).