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El senador y presidente de Quimsa y la AdC, Gerardo Montenegro, adquirió una casa en un barrio cerrado de Miami

El senador santiagueño Gerardo Antenor Montenegro, presidente de Quimsa y de la Asociación de Clubes de Basquetbol, es investigado por lavado de dinero en un entramado de cooperativas que habrían recibido más de 90 millones de pesos en subsidios del estado provincial. Según registros públicos de Estados Unidos a los que accedió Infobae, en 2019 compró una casa en un barrio privado de Miami, a pocos minutos del Aventura Mall. Lo hizo a través de una sociedad en la que figuran su mujer y un hijastro. Ese inmueble no figura en sus declaraciones juradas.

La investigación contra Montenegro y su familia comenzó a partir de una serie de informes reservados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC. Los investigadores detectaron una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local. En las cooperativas aparecen familiares de Montenegro, empleados del Senado y hasta de la provincia de Santiago del Estero. Según la denuncia judicial, las cooperativas cobraron más de $90 millones de pesos. La mayor parte del dinero fue retirada en efectivo de los bancos por lo que no hay registros de su destino final.

Una de esas cooperativas, llamada “Consumo y Crédito Solidaridad Limitada” está íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura en los registros públicos como secretario. En 2017, cobró subsidios de la Contaduría General de Santiago del Estero por $4.320.000. Y en 2018 sumó otros $7.745.00. Según la investigación de la UIF, nunca cobró nunca presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo regulador.

Otra cooperativa investigada por la UIF se llama “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. En apenas tres meses, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, recibió $2.940.000 repartidos seis cheques del gobierno de Santiago del Estero.

En la denuncia judicial de la PROCELAC también aparecen otras cinco cooperativas “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y hasta una que se llama “Cambalache”. Ese grupo de cooperativas recibió $71.751.473. El 95% se habría retirado en efectivo.

En los informes de los organismos de control figuran además presuntas maniobras de lavado en el Casino de Buenos Aires por parte de la esposa de Montenegro, autos de lujo, una propiedad en Punta del Este, y un préstamo sospechoso a la sociedad llamada “JMSC SRL”, propiedad de Sciolla y su hijo.

El capítulo norteamericano de esta historia comenzó el 4 de noviembre del 2019 cuando se crea en Estados Unidos la sociedad JM SILVER GROUP LLC (mismo nombre que la SRL local). En los registros publicados en el sitio de Miami-Dade, la mujer de Montenegro y el hijastro aparecen como “personas autorizadas”. Pero la cara visible de la sociedad en Miami es Juan José Roiz, un argentino que trabaja como agente (administrador) y tiene varios clientes argentinos.

Para constituir la sociedad en Miami, María Teresita Sciolla declaró como domicilio una casa en la capital santiagueña, ubicada en Islas Malvinas 665. Es la misma dirección que utilizó para crear la SRL.

En cambio, el hijastro de Montenegro declaró como domicilio ante las autoridades de Miami un departamento en la calle 25 de mayo al 300, también en Santiago del Estero, pero para la apertura de la SRL dijo que vivía en el Barrio ampliación Campo Contreras, un conjunto de casas construido con fondos estatales.

La operación inmobiliaria en Miami se concretó el 26 de noviembre del 2019. La sociedad a nombre de Sciolla y su hijo pagó U$S 306 mil, según consta en los registros públicos revelados por el sitio El Disenso. La propiedad es parte de un barrio cerrado denominado “Via Ventura 2”, a solo 15 minutos del Aventura Mall.

El lugar ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños. Según el sitio web de la constructora LENNAR, las propiedades tienen entre 3 y 5 dormitorios, y arrancan desde los 230 m2. “No es un barrio de lujo, generalmente esas casas se compran para alquilarlas y cobrar una renta”, asegura un agente inmobiliaria de Miami.

La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia judicial menciona la sociedad JM SILVER GROUP LLC y una transferencia de U$S 5 mil a la constructora LENNAR. Ese giro se hizo en abril de 2019, es decir 7 meses antes de concretar la operación.

Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata trascendente en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, poderosísimo plantel de la Liga Nacional con proyección internacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).

Desde que Infobae reveló el escándalo, Montenegro solo hizo un posteo en Facebook para decir que no había sido notificado de la denuncia. En Santiago del Estero aseguran que tiene blindaje político por su cercanía con la Gobernación. También tiene respaldo mediático por su vínculo estrecho con el empresario Gustavo Ick, dueño de medios y de varias empresas, reafirma Infobae.

En su última declaración jurada, presentada en 2019, el senador declaró tener cuatro departamentos en Santiago del Estero, una casa, y un terreno de 30.000 m2, pero no hizo mención alguna ni a la sociedad ni a la propiedad de Miami.

La fiscal federal que debería impulsar la denuncia judicial es Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General. Y el juez es Sebastián Argibay, un ex miembro del Tribunal Superior de Santiago del Estero.

Garzón tiene la denuncia de la PROCELAC en su escritorio desde diciembre de 2020. Hasta ahora no hizo ningún movimiento ni pidió medidas de prueba.

Fuente: Infobae.-

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