La reforma Ley de Obras Públicas Entre Ríos volvió este miércoles al centro de la escena legislativa, en una mañana de intenso trabajo en la sala de comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, donde la Comisión de Obras Públicas retomó el tratamiento del proyecto que modifica artículos de la Ley N° 6.351 de Obras Públicas de la provincia.
La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo y ya había tenido una primera ronda de análisis con funcionarios del área Legal y Técnica del Gobierno provincial. En esta oportunidad, el titular de la comisión, Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), agradeció la presencia del secretario de la Cámara de la Construcción, Gervasio Viola, y del secretario coordinador del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, Gonzalo Atencio Baridón.
También estuvieron presentes las senadoras integrantes de la comisión, Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón) y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), y acompañaron los senadores Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), consolidando un marco de trabajo con representación de los distintos bloques.
Al tomar la palabra ante los legisladores, Gervasio Viola sostuvo que la de Obras Públicas “es una buena ley”, aunque reconoció “el espíritu de modernizarla” para adecuarla a las nuevas demandas del sector. En ese marco, apuntó a los desafíos actuales donde el proceso de una obra es “burocrático y lento, genera costos e imprevisibilidad para las empresas”, afectando directamente la planificación privada.
Quien representa a la Cámara de la Construcción advirtió que “cuando la obra pública se detiene hay un deterioro de la economía y hay pérdida de capacidad de obra, que es un capital de todos los entrerrianos”, al remarcar el impacto sistémico del parate en el sector. Asimismo, apuntó a sostener el “compre local” y puso el foco en la delicada realidad de las obras viales, donde la falta de continuidad compromete la seguridad y el empleo en distintas regiones de la provincia.
Con el proyecto de ley en análisis, Viola remarcó que “buscamos acortar plazos y agilizar las obras teniendo en cuenta un mantenimiento preventivo” de los edificios públicos, como las escuelas, que demandan una intervención constante. Asimismo, uno de los puntos de reclamo del sector fue “incorporar una cantidad mínima de unidades para que las empresas asuman riesgos”, planteo que, según señalaron, será tenido en cuenta por la comisión a la hora de pulir el texto definitivo.
Por su parte, Gonzalo Atencio Baridón manifestó ante los senadores que “tenemos relevado que la demanda garantiza procesos”, al aludir a la necesidad de continuidad en los programas de obra para asegurar eficiencia. En este sentido, defendió los cambios propuestos en la iniciativa legislativa y calificó al esquema como “virtuoso”, en tanto apunta a bajar costos y permitir que empresas privadas más chicas puedan involucrarse en los procesos de obra, ampliando la base de contratistas.
Tras escuchar los planteos de los invitados y el detalle técnico de las modificaciones, los senadores de la Comisión de Obras Públicas acordaron continuar trabajando en el texto en próximas reuniones, con la intención de consensuar una propuesta que refleje tanto las necesidades del Estado como las del sector empresario.
Qué cambia en la Ley N° 6.351 de Obras Públicas
Entre las reformas propuestas, el artículo 1º introduce una innovación relevante al prever que determinadas tareas de reparación y refacción de bienes inmuebles, cuando no superen ciertos umbrales económicos, puedan tramitar bajo el régimen de contratación de bienes y servicios, mecanismo más ágil que el esquema tradicional de obra pública.
Por su parte, la modificación del artículo 4º amplía las posibilidades de ejecución de obra pública en función de la diversidad de relaciones jurídicas de derecho público existentes. De este modo, se supera una concepción restrictiva vinculada casi exclusivamente al dominio estatal y se habilita la intervención sobre inmuebles respecto de los cuales la Administración ostente posesión, tenencia o derechos reales de uso o servidumbre, siempre que medie un interés público comprometido, lo que facilitará esquemas de cooperación interinstitucional.
Según se argumenta en los fundamentos, esta ampliación resulta indispensable para facilitar la ejecución de políticas públicas en coordinación con otros niveles de gobierno o en el marco de esquemas de cooperación institucional, permitiendo intervenir en inmuebles que no están estrictamente en dominio del Estado provincial pero que son clave para la prestación de servicios.
La reforma del artículo 10º introduce, básicamente, sistemas de contratación destinados a la conservación de la obra pública, a través de la incorporación de los conocidos contratos CReMa (Contratos de Recuperación y Mantenimiento) y del sistema abierto de contratación, herramientas que buscan asegurar el mantenimiento sostenido de la infraestructura.
En cuanto a la modificación del artículo 12º, se sistematizan y precisan los supuestos de excepción al principio de licitación pública, actualizándolos para la realidad actual. La norma mantiene el principio general como regla, pero adecua los supuestos excepcionales a las necesidades operativas de la Administración, contemplando situaciones de urgencia, especialidad técnica, cooperación interadministrativa y financiamiento internacional, entre otras, en línea con estándares modernos de contratación pública.
Finalmente, la reforma del artículo 57º introduce un régimen claro y preciso en materia de pago de certificados y liquidación de intereses, con el objetivo de otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a las partes. Se establecen plazos ciertos para el pago, se determina el momento a partir del cual se configura la mora automática y se regula expresamente el cálculo de intereses, su liquidación y los supuestos en los que no corresponde su reconocimiento.
Dentro de ese esquema, se incorpora la prohibición de capitalización de intereses, con el fin de evitar distorsiones financieras, y se contemplan situaciones en las que la mora resulte imputable al contratista, excluyendo en tales casos el derecho al cobro de intereses, lo que busca equilibrar derechos y obligaciones entre el Estado y las empresas.
Definen acuerdos para cargos claves en el Consejo General de Educación
Posteriormente se reunieron los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que retomaron el análisis de los expedientes vinculados a los acuerdos senatoriales solicitados por el Poder Ejecutivo. Tras las audiencias públicas realizadas la semana pasada, los senadores dialogaron sobre cada una de las postulaciones y acordaron firmar los dictámenes aconsejando la aprobación de los candidatos.
Participaron de este segundo tramo de la jornada el titular de la comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), junto a Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), dando el visto bueno político a las designaciones educativas propuestas.
En la próxima sesión del cuerpo, los dictámenes serán puestos a consideración del pleno del Senado, donde se votarán los acuerdos constitucionales para el Consejo General de Educación (CGE). En primer término, se tratará el acuerdo por el que se designa a Carlos Fabricio Cuenca, DNI 33.624.743, como Director General de Escuelas de la provincia de Entre Ríos, cargo desde el cual ejercerá la Presidencia del CGE.
También se abordará el acuerdo por el que se designa a Mónica Soledad Masetto, DNI 26.750.800, como Vocal del Consejo General de Educación, sumando una nueva representación en el máximo órgano educativo de la provincia encargado de definir políticas escolares.
En la misma sesión se pondrá a voto el acuerdo constitucional por el que se propone a Damián Enrique Schmidt, DNI 28.913.318, como Vocal del Consejo General de Educación, completando así otro de los casilleros relevantes de la conducción del sistema.
Finalmente, el temario se completará con el acuerdo por el que se designa a Gustavo Luis Blanc, DNI 23.696.414, como Vocal del Consejo General de Educación, por lo que, de obtenerse la aprobación en el recinto, quedará conformado el esquema de autoridades que acompañará la gestión educativa en la provincia.
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