El Senado aprobó por unanimidad la ley contra el 2×1 para represores
Por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley para limitar la aplicación de la polémica -y ya derogada- ley 24.390 del 2×1, luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de un condenado por delitos de lesa humanidad y le aplicara ese beneficio.
La iniciativa, que fue aprobada por 56 votos afirmativos y ninguno en contra, había obtenido ayer media sanción anoche en la Cámara de Diputados y el Senado decidió a último momento trazar una sesión especial para convertirlo en ley.
El proyecto, de cuatro artículos, establece que el beneficio del 2 x 1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.
No hubo diferencias en cuanto al debate del proyecto, que tuvo amplio consenso entre los bloques: ningún legislador, a diferencia de lo que hizo ayer el salteño Alfredo Olmedo, se atrevió a cuestionar la iniciativa, a unas horas de la marcha de repudio convocada a Plaza de Mayo.
Desde el bancada del FPV-PJ, el entrerriano Pedro Guastavino explicó que la iniciativa pretende “sentar una pauta interpretativa que impida en lo sucesivo que los genocidas puedan gozar del 2×1”. Y destacó la “reprobación contundente” de todo el arco político al fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, explicó que se trata de “una ley interpretativa auténtica de cuál es el criterio que orientó a la ley 24.390 y cuál es el que debe aplicarse”.
Sin embargo, en una crítica por elevación a la decisión de la Corte, Pinedo recordó que “la Argentina se comprometió a penalizar los crímenes de lesa humanidad” y que “ya el Congreso lo había previsto al dictar la ley 27.156”, que establece la prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas para genocidas y represores.
Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, resaltó “esta reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino en repudio de este fallo” y diferenció: “Esto no es venganza, esto es aplicar una justicia ejemplar”.
El porteño cuestionó puntualmente a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los dos que junto a Elena Highton de Nolasco firmaron el polémico fallo; y recordó la polémica por sus nombramientos por decreto: “Dos jueces que aceptan ser nombrados por DNU quedan descalificados en la firmeza que debe tener un juez de la Corte Suprema”.
Desde el sector kirchnerista, la santafesina María de los Ángeles Sacnun consideró que “el fallo de la Corte es una amnistía encubierta” y apuntó contra los magistrados por “el sesgo ideológico”.
A su turno, el chubutense Alfredo Luenzo, del interbloque UNA expuso que “la política negacionista ha sido condenada por toda la sociedad y por eso es tan difícil de interpretar el objetivo de este fallo”.
Más contundente fue el radical Alfredo Martínez, de Santa Cruz: “Los tres jueces que han fallado de este modo no han entendido nada de lo que ha sido la historia argentina”.
En tanto, el mendocino Julio Cobos dijo que la medida “va en contramano de lo que viene haciendo el país a lo largo de la historia en política de derechos humanos”; y celebró que el Congreso se propusiera con este proyecto “recuperar el contrato social que debe regir en materia de derechos humanos”.
Aunque fue una sesión plagada de coincidencias, hubo espacio para algunos dardos cruzados, por elevación, entre sectores oficialistas y kirchneristas.
La presidenta del bloque PRO, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, subió el tono para destacar “la rápida respuesta que el Congreso pero en particular desde Cambiemos se dio para el tratamiento de la ley”.
Rodríguez Machado recordó que “la situación de no claridad (de la ley) permitió que esto también pasara en 2013, cuando la Corte Suprema dejó firme el 2×1 nada más y nada menos que para un represor”.
“No recuerdo que en ese momento saliera ninguna ley aclaratoria para impedir que se beneficiaran genocidas”, advirtió. Fue una clara alusión a la inacción del gobierno kirchnerista luego de que la Justicia dejara firme el fallo que benefició con el 2×1 al coronel Antonio Simón.
Y remarcó: “Rechazo que el gobierno de Macri haya hecho alguna jugada para que en nuestro gobierno algún represor quede libre”.
Fue en respuesta a Sacnun, que había ligado al Gobierno con el fallo de la Corte: “No es una casualidad. Tiene que ver con cómo se alinea el poder judicial a las expresiones cuanto menos lamentables que se realizan desde el Gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2015. Hay una teoría negacionista del terrorismo de Estado y se ha pretendido instalar nuevamente la idea de guerra sucia”.
Y también a la riojana Teresita Luna, quien cuestionó “los discursos que dicen que no fueron 30 mil (los desaparecidos) y a quienes “se fotografiaron en el Palacio Legislativo, dejando entrever que los derechos humanos son un curro”.