La morosidad del crédito bancario volvió a acelerarse en julio y confirmó que la pausa registrada en junio fue apenas un respiro estadístico. En junio, la combinación del cobro del medio aguinaldo y el fuerte incremento de las refinanciaciones de deuda había permitido frenar provisoriamente la secuencia de subas.
Tras el alivio que había generado el pago del medio aguinaldo, la irregularidad total del sector privado no financiero subió de 7,63 por ciento en junio a 7,73 por ciento en julio, mientras que la mora de las familias avanzó de 12,77 por ciento a un exorbitante 12,94 por ciento y la correspondiente a las empresas pasó de 3,50 por ciento a 3,61 por ciento, de acuerdo con un trabajo elaborado sobre la base de la información de deudores del Banco Central (CENDEU).
Parte de los hogares utilizó ese ingreso extraordinario del aguinaldo para cancelar obligaciones y, en paralelo, un número creciente de deudores accedió a reestructuraciones que modificaron los vencimientos, operaciones que los bancos dejan de computar como morosas mientras se cumplan las nuevas condiciones, aunque el problema reaparece en las estadísticas cuando esas familias vuelven a incumplir los acuerdos.
Un mes después, como marcaba la lógica de un ajuste puramente contable, la mora retomó su camino ascendente y volvió a incrementarse en julio, confirmando que el deterioro del crédito no había sido resuelto sino apenas diferido.
La primera versión de la base de CENDEU correspondiente a julio fue publicada recientemente y aún puede recibir ajustes en las próximas actualizaciones del Banco Central. Sin embargo, durante 2026 las revisiones no modificaron en ninguna oportunidad el ratio agregado de mora del sector privado respecto de la primera versión, y en el caso de las familias la diferencia entre el dato preliminar y el definitivo nunca superó el 0,1 por ciento, por lo que el documento considera que se trata de un anticipo bastante preciso de lo que mostrará la difusión oficial.
De la calma al desborde: un salto de la mora en menos de dos años
En octubre de 2024, la morosidad del sector privado no financiero era de apenas 1,5 por ciento, con una irregularidad de 2,5 por ciento entre las familias y de 0,7 por ciento entre las empresas. Desde entonces, el indicador inició una trayectoria ascendente que, con la única interrupción de junio, se extendió hasta julio, reflejando un empeoramiento continuo de la capacidad de pago de hogares y compañías.
En el caso de las familias, el documento de la consultora fundada por los economistas Adrián Rozanski, Mariano Sclarandi y Martín Charaf subraya que la suba de julio obedeció principalmente a una nueva reducción en términos reales del saldo total de financiaciones: el volumen de créditos en mora prácticamente no se movió, pero el stock total de préstamos cayó en términos reales.
Esa diferencia resulta clave porque la morosidad surge de la relación entre el saldo irregular y el saldo total de crédito. Si el denominador se achica mientras el monto moroso se mantiene relativamente estable, el porcentaje de irregularidad aumenta, aun cuando el total de deuda vencida no crezca en igual proporción.
El dato de julio, por lo tanto, no implica necesariamente que los hogares hayan disparado de manera equivalente el monto de sus deudas vencidas, sino que evidencia que esas obligaciones representan una proporción cada vez mayor de un stock de crédito que se contrae en términos reales, un síntoma de un sistema financiero que presta menos pero convive con más mora relativa.
La mancha de la mora se extiende en el sistema bancario
La irregularidad aumentó en julio frente a junio en 23 de las principales 30 entidades financieras, medidas por su volumen de crédito a hogares. El movimiento, de este modo, se distribuye sobre una porción muy significativa del sistema, mostrando que el problema no está concentrado en un puñado de bancos sino que se ha generalizado.
Al mismo tiempo, siguió creciendo el volumen de refinanciaciones. El saldo refinanciado llegó a representar el 3,7 por ciento del crédito total a las familias y el 0,8 por ciento del crédito total a las empresas, cifras que revelan un uso cada vez más extendido de la reestructuración como mecanismo defensivo frente al atraso en los pagos.
Ese aumento de las reestructuraciones puede ayudar a que la mora descienda en los próximos meses, pero la propia dinámica regulatoria marca un rezago: existe un período de transición hasta que una deuda refinanciada deja estadísticamente de ser considerada morosa, de modo que el alivio no es inmediato.
La trastienda regulatoria: cuánto tarda un deudor en dejar de ser moroso
De acuerdo con la normativa del Banco Central, un deudor que se encuentra en Situación 3, con un atraso de entre 90 y 180 días, debe pagar dos cuotas mensuales consecutivas del crédito refinanciado para pasar a Situación 2. Esa exigencia de cumplimiento sucesivo es la que define el tiempo mínimo de “purga” estadística de la mora.
En el caso de la Situación 4, que agrupa atrasos de entre 180 días y un año, el requisito se eleva a tres cuotas consecutivas para pasar a Situación 3. Los deudores ubicados en Situación 5, con más de un año de atraso, también necesitan cancelar tres cuotas para pasar a Situación 4, lo que alarga aún más el camino para salir del segmento más crítico.
Como el cambio de clasificación se realiza escalón por escalón, una persona que refinancia una deuda mientras se encuentra en Situación 4 puede necesitar al menos cinco meses para dejar de ser considerada morosa, mientras que en Situación 5 el período mínimo llega hasta ocho meses, evidenciando que incluso las reestructuraciones exitosas tardan varios meses en reflejarse en los indicadores.
La refinanciación permite entonces modificar el calendario de pagos y, en algunos casos, reducir la cuota, pero no borra de manera inmediata la irregularidad ya registrada. El comportamiento de la mora en los próximos meses dependerá en forma decisiva de la capacidad de los hogares para cumplir las nuevas condiciones y sostenerlas en el tiempo.
Explosión del crédito por fuera de los bancos
La evolución de la mora también debe leerse junto con la transformación profunda del mercado de crédito. Un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional muestra que, entre julio de 2024 y junio de 2026, los bancos sumaron un 16 por ciento más de deudores, mientras que las entidades no bancarias —billeteras virtuales, tarjetas regionales, financieras de consumo y proveedores de préstamos rápidos— incrementaron en 59 por ciento la cantidad de personas alcanzadas.
El universo de deudores de entidades no bancarias pasó de 8,5 millones a 13,5 millones de personas en ese período, una expansión muy superior a la de los bancos que alteró de raíz la composición del financiamiento de los hogares.
Los bancos concentran hoy cuatro de cada cinco pesos prestados a las familias y el endeudamiento promedio de un cliente bancario llega a 5,5 millones de pesos. En las entidades no bancarias, el promedio baja a 1,4 millones de pesos, dando lugar a un sistema de crédito de “dos velocidades”: mucho dinero en la banca tradicional y una masificación de pequeños montos en el circuito no bancario.
De este modo, las entidades bancarias concentran la mayor parte del dinero prestado, pero las no bancarias alcanzan a una cantidad muy superior de personas. Según el informe, el sector no bancario ya llega al 65 por ciento de las personas con deuda, aunque solo concentra el 19 por ciento de los pesos prestados, mostrando que la capilaridad social del crédito se desplaza hacia fuera de los bancos.
Más deudas chicas, mismo ahogo sobre los ingresos
Una parte importante de las personas que recurren al financiamiento por fuera de los bancos lo hace con montos menores, pero eso no reduce necesariamente el impacto sobre los ingresos. Cuando se acumulan varias deudas de importes relativamente bajos, el peso conjunto de las cuotas y vencimientos puede volverse tan o más asfixiante que el de un crédito bancario tradicional.
El informe identifica tres grandes grupos de deudores: quienes tienen deuda exclusivamente con bancos, quienes solo mantienen obligaciones con entidades no bancarias y quienes combinan ambos tipos de crédito. Este último grupo, el de los endeudados “mixtos”, es el que más creció en los últimos dos años.
La cantidad de personas que tienen deuda tanto con bancos como con entidades no bancarias aumentó un 68 por ciento, al pasar de 4,3 millones a 7,2 millones. Al mismo tiempo, ese grupo pasó de concentrar el 40 por ciento de toda la deuda de las familias a representar el 58 por ciento, señal de que el corazón del endeudamiento familiar se desplazó hacia quienes combinan múltiples fuentes de crédito.
La expansión del endeudamiento compartido revela que las categorías de “cliente bancario” y “cliente no bancario” ya no describen universos separados. Siete de cada diez pesos prestados fuera de los bancos corresponden a personas que también tienen deuda bancaria, lo que evidencia la superposición entre ambos mundos.
El mapa de la mora: quién debe y quién no puede pagar
Por cada 100 pesos adeudados por personas que solo tienen créditos bancarios, 8 pesos se encuentran en mora. Entre quienes combinan deuda bancaria y no bancaria, la proporción sube a 23 pesos. En el grupo de quienes solo tienen deuda por fuera de los bancos, la cifra trepa a 34 pesos, dibujando un mapa donde la irregularidad se concentra en los márgenes más precarios del sistema.
El informe detalla además que el grupo que combina ambos tipos de crédito concentra el 72,5 por ciento de toda la mora medida en pesos, aunque representa apenas alrededor de un tercio de las personas en situación irregular, lo que indica que la mayor parte de la deuda incobrable se acumula en un segmento relativamente acotado pero muy comprometido.
Esa diferencia abre una discusión sobre la forma en que se abordan las reestructuraciones. Si una persona tiene obligaciones con varias entidades, una renegociación individual puede no modificar de manera suficiente su situación financiera si el resto de los acreedores mantiene las condiciones originales: la deuda puede ser refinanciada con un proveedor y seguir vencida con otro, dejando al hogar atrapado en un laberinto de vencimientos cruzados.
El problema adquiere mayor dimensión al observar el crecimiento de las personas con múltiples fuentes de financiamiento. El aumento de las deudas compartidas implica que una misma familia puede sostener simultáneamente una tarjeta bancaria, un préstamo personal, una deuda con una billetera virtual y una obligación con una financiera de consumo, componiendo un entramado de compromisos que se vuelve cada vez más difícil de administrar.
El resultado es que el sistema financiero formal y el no bancario comienzan a operar sobre los mismos hogares, pero sin una coordinación efectiva entre los distintos acreedores. El informe del Centro de Investigación de Economía Nacional suma otro dato clave: en los últimos 24 meses, las personas en mora pasaron de 2,3 millones a 5,9 millones, es decir, más del doble, con casi 5,7 millones registrando su primera mora en ese período.
Dónde empieza la caída: las nuevas puertas de entrada a la mora
Ese dato permite observar no solo cuántas personas están hoy en situación irregular, sino también dónde se inicia el proceso. Seis de cada diez personas que ingresaron por primera vez a la mora lo hicieron a través de una entidad no bancária, un cambio estructural en el punto de entrada al incumplimiento.
Así, la puerta de entrada a la irregularidad dejó de estar concentrada en el sistema bancario. Billeteras virtuales, tarjetas regionales, financieras de consumo y préstamos rápidos pasaron a cumplir un papel central en los primeros incumplimientos, desplazando a los bancos en ese rol.
La diferencia se profundiza entre los más jóvenes. De cada 100 personas de entre 18 y 25 años que aparecen por primera vez en el registro de deudores, 76 llegan a través de una entidad no bancaria. Entre los mayores de 65 años, esa proporción cae al 22 por ciento, lo que revela que el nuevo ciclo de mora se inicia sobre todo en la población joven y conectada al crédito digital.
Más crédito no bancario, más riesgo de incumplimiento
La evolución también modificó la distancia entre quienes acceden inicialmente al crédito no bancario y quienes lo hacen a través de los bancos. Dos años atrás, una persona que solo tenía deuda con entidades no bancarias tenía una probabilidad de encontrarse en mora cercana a la de un deudor bancario: 25 por ciento contra 22 por ciento, un margen relativamente acotado.
En la actualidad, las proporciones treparon a 44 por ciento y 28 por ciento, respectivamente. El cambio no indica que todo crédito no bancario termine en mora, pero sí evidencia que la expansión de ese tipo de financiamiento vino acompañada por una mayor incidencia del incumplimiento entre sus usuarios, especialmente en el universo de los endeudados más frágiles.
La otra mitad de la deuda: alquileres, impuestos y fiado
La dimensión del problema se agranda aún más cuando se incorporan las obligaciones que no forman parte del crédito bancario o no bancario registrado en la CENDEU. Un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) indica que el 92,3 por ciento de los hogares arrastra algún tipo de deuda, lo que transforma el endeudamiento en una experiencia casi universal.
Según ese informe, apenas el 50,7 por ciento de las obligaciones relevadas puede identificarse a partir de la información del Banco Central. El 49,3 por ciento restante corresponde a compromisos que quedan fuera de los registros financieros tradicionales: alquileres, compras fiadas en comercios de proximidad, impuestos, tasas, expensas, servicios, educación privada y préstamos entre familiares, amistades o prestamistas no regulados.
Ese dato obliga a revisar la lectura habitual del endeudamiento, porque una familia puede no presentar un saldo elevado en una entidad financiera y, al mismo tiempo, acumular varios meses de alquiler, facturas de servicios, expensas, tributos o compras fiadas, armando un cuadro de fragilidad que no aparece en las planillas del sistema bancario.
La composición de las obligaciones muestra que el endeudamiento ya no está asociado solo a la adquisición de bienes durables. El fiado en comercios de proximidad representa el 13,3 por ciento de las obligaciones relevadas por el IETSE y los alquileres explican otro 12,5 por ciento. Impuestos, tasas y expensas suman el 8,5 por ciento, mientras que los préstamos familiares, de amistades o prestamistas no regulados alcanzan el 4,7 por ciento, ratificando que buena parte de la deuda financia pura supervivencia.
Tarjeta para comer, deuda para llegar a fin de mes
En paralelo, el uso de las tarjetas de crédito también refleja el peso creciente de los gastos corrientes en el endeudamiento. El IETSE registró que el 62,5 por ciento de las compras con tarjeta se destina a alimentos, frente al 61 por ciento en marzo de 2026, el 58 por ciento en 2025 y el 54 por ciento en 2024, es decir, una deriva sostenida hacia el uso del crédito para financiar la comida de todos los días.
En ese contexto, la deuda funciona como un puente para cubrir la diferencia entre los ingresos efectivos y los gastos indispensables para sostener el consumo cotidiano, pero ese mismo puente compromete la capacidad de pago futura y refuerza el círculo de la mora.
Más deudas, menos margen para vivir
El 28,4 por ciento de los hogares endeudados acumula más de tres deudas, frente al 23,5 por ciento de marzo de 2026, el 12 por ciento de 2025 y el 8 por ciento de 2024. En el mismo período, los hogares con una sola deuda cayeron del 35 por ciento en 2024 al 10,8 por ciento en agosto de 2026, lo que revela un desplazamiento desde la obligación puntual hacia la combinación de múltiples fuentes de financiamiento.
El IETSE registró además que el 88,9 por ciento de las deudas relevadas se encontraba impaga o incumplida en agosto de 2026, frente al 81,8 por ciento de marzo, el 76 por ciento de 2025 y el 63 por ciento de 2024, con un 41,3 por ciento ya en instancia judicial, lo que muestra una rápida judicialización del conflicto entre familias y acreedores.
La proporción de ingresos destinados al pago de deudas también se disparó. En agosto, el 44 por ciento de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos mensuales a cancelar obligaciones, contra el 38 por ciento en marzo, el 28 por ciento en 2025 y el 18 por ciento en 2024, señal de que el crédito dejó de ser solo una herramienta de consumo para transformarse en un pesado ancla sobre el ingreso disponible.
El proceso puede verse como un circuito en el cual el crédito permite sostener determinados gastos en el presente, pero compromete cada vez más los ingresos futuros. Cuando una porción creciente de esos ingresos debe destinarse a cancelar obligaciones anteriores, se reduce dramáticamente el margen para nuevas compras, para afrontar imprevistos o para generar ahorro.
