El oficialismo en el Senado no pudo avanzar este miércoles con su intento de dictaminar sobre la ley de Bases y el paquete fiscal

El oficialismo en el Senado no pudo avanzar este miércoles con su intento de dictaminar sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, expectativa que echó a correr durante la jornada, a raíz del acercamiento por parte del Poder Ejecutivo de borradores con las modificaciones solicitadas por la oposición dialoguista. Sin embargo, hubo senadores que admitieron -incluso en el plenario- no haber accedido a esos textos.

De este manera, las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales pasaron a un cuarto intermedio para la semana que viene, entre martes o miércoles.

El conductor del debate, el libertario Bartolomé Abdala, luego de escuchar los cambios planteados públicamente por la oposición, anunció que los mismos serían “tomados” y “se irá preparando un borrador del dictamen y se van a hacer devoluciones”.

En medio de los anuncios de las autoridades del plenario, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) no ocultó su malestar ante Abdala por no especificar una fecha y hora y expresó: “Vamos a pasar a cuarto intermedio. ¿Hasta cuándo? Porque uno tiene que programar”. “¿Será para mañana, para la semana que viene, para el 20 de junio, para el 9 de julio? Y les queda el 17 de agosto también, la muerte de San Martín”, chicaneó sobre la postergación del Pacto de Mayo.

Ante las risas de José Mayans, titular del interbloque de Unión por la Patria, y la senadora Juliana di Tullio, el radical siguió: “¿Vamos a venir otra vez para que expliquen o van a hacer un dictamen con las modificaciones? Porque uno escucha que hay versiones de que anda dando vuelta un dictamen y yo no recibí nada”.

Asimismo, exigió “empezar a trabajar con temas sensibles” y pidió también ordenar la cuestión a partir de las modificaciones. “¿Vamos a analizar esta ley (borrador con los cambios pedidos) o vamos a seguir viniendo a escuchar lo mismo de cuarto intermedio en cuarto intermedio?”, consultó.

Cuando la reunión se dio por cerrada le tocaba continuar a Presupuesto y Hacienda, por el paquete fiscal, pero el jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, quien presiden esa comisión, anunció que se pasaba a un nuevo cuarto intermedio, aunque sin día ni hora. El día anterior, el radical Martín Lousteau había reclamado la presencia de funcionarios.

Kueider, parlamentario clave

Luego de un cuarto intermedio de dos horas, durante el cual el oficialismo comenzó a circular un borrador de dictamen entre la oposición dialoguista con cambios que fueron solicitados en las negociaciones de los últimos días, el plenario de comisiones se retomó y los senadores plantearon en público la catarata de modificaciones que quieren hacer a la media sanción de la ley de Bases.

Uno de los legisladores clave, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) propuso eliminar del texto la facultad al Ejecutivo para la “disolución total o parcial” de organismos públicos, y sumar a las excepciones al INTI, el SENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos -sobre el que hay “amplio consenso”, destacó-, la CONADI y los institutos vinculados a la ciencia y tecnología, a la cultura y la educación (algo que se propuso en la votación en particular en Diputados y el oficialismo no aceptó).

También se manifestó en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. “No todos los organismos del Estado necesariamente tienen que dar superávit, porque el Estado no está para ganar plata cuando brinda determinados servicios”, aseveró y desafió: “El Estado, en la lógica de privatizar los organismos que no le generan ganancia, lo único que hace es sumarse a la crítica de que el Estado no sabe administrar. Si el Estado de hoy es un buen administrador, ¿por qué no ponerlo en práctica?”. Y sumó estar “totalmente en desacuerdo” con la privatización de Radio y Televisión Argentina.

Kueider sugirió que el capítulo de Procedimiento Administrativo “hay que tratarlo en una ley aparte, lo mismo el RIGI” porque “es un tema medular para Argentina”. “Así como está redactado, no lo veo nada factible de votar”, anticipó sobre el cuestionado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. En ese sentido, apuntó que “es para que solo se beneficien empresas extranjeras, que no van a dejar absolutamente nada por acá, o algunos eventuales puestos de trabajo, y cuando se termine el recurso no tenemos nada”.

El entrerriano agregó observaciones en la reforma de la Ley de Empleo Público, promoción de trabajo registrado, trabajo agrario y el capítulo de energía. Por otro lado, rechazó que se elimine la moratoria previsional y propuso un nuevo esquema de “unidad de cuenta previsional”.

La postura UCR

A su turno, Víctor Zimmermann (UCR) coincidió en proteger a los organismos vinculados a la ciencia y técnica de la posibilidad de disolución; y excluir a los fondos fiduciarios para la infraestructura del transporte eléctrico y para la ganadería ovina (en la media sanción sólo está exceptuado el fondo de subsidios de consumos residenciales de gas).

Además de pedir por la no privatización de Aerolíneas Argentinas, el chaqueño sumó al Correo Argentino, y dijo que en caso que igualmente esto suceda, se prevea garantizar los servicios que ambas empresas brindan en el interior del país.

Desde la UCR, espacio que logró introducir el tema de la reforma laboral, Zimmermann opinó que este capítulo es “insuficiente”, y solicitó agregar el tema de cuotas sindicales y que el bloqueo de planta sea tomado como motivo para despido.

Sobre el RIGI, el senador afirmó que “tiene que quedar clara la competencia de las provincias” y a las empresas que inviertan hay que “exigirles que por lo menos un 20% de las ganancias se reinviertan en proyectos estratégicos de nuestras provincias”. Además, expresó que “a partir de los 10 años de implementación, los beneficios empiecen a ser decrecientes”.

Por último, planteó que a la “Prestación de Retiro Proporcional” -que se crea por la eliminación de la moratoria previsional- se pueda acceder desde los 60 años para las mujeres, y desde los 65 para los hombres. En la media sanción, se prevé 65 años para ambos.

Al tomar la palabra, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidió una modificación sobre el porcentaje obligatorio para el corte de combustibles con bioetanol y biodiesel. Otro cambio que pretende es que “se complete la vigencia de la moratoria actual y a partir de ahí entre en vigencia lo que se propone en la ley, modificando la edad de las mujeres” para que no sea desde los 65, sino desde los 60.

Cerca del final, el senador Martín Lousteau (UCR) resaltó que él plantea modificaciones en 40 artículos. “Hemos planteado qué cosas pueden generar efectos nocivos, que se pueden modificar o eliminar; qué cosas tienen redacción poco feliz, como admitió un funcionario, que pueden producir un efecto no deseado o incertidumbre o tienen orientación en las dos leyes que produzcan un efecto de agravar mas la situación, hundir la actividad económica o generar más pobreza”, repasó.

En esa línea, subrayó los puntos que más critica: “Blanqueo y Bienes Personales benefician a los más ricos; y el RIGI debería ser corregido”. “Si hablamos una ley Bases no podemos no incluir la movilidad de los haberes jubilatorios o la seguridad del financiamiento universitario y la educación”, insistió y añadió que “no podemos no incluir la financiación de la obra pública, que tiene 90% de grado de avance, entonces se va a echar a perder y perder el 90% del dinero”.

“Quiero entender cuál es la dinámica de trabajo -a partir de las modificaciones-”, reclamó y solicitó esclarecer la agenda del plenario.

Por último, el senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) alertó por una serie de modificaciones en la redacción del artículo 219. “Hay que ser precisos en el lenguaje para que las leyes no caigan en interpretaciones de los jueces que no siempre son las adecuadas”, advirtió brevemente.

Cierre de lista de invitados

En el comienzo del plenario, durante la mañana, Abdala destacó que se hizo “una tarea importante escuchando a las distintas voces la semana anterior, que se trabajó con los referentes de los distintos bloques para poder ordenarnos y tener la mejor ley”.

La primera en hacer uso de la palabra fue la bonaerense Juliana di Tullio (UP), quien le consultó al puntano si habría expositores en el día de la fecha, a lo que el titular de Legislación General le aclaró: “Hoy habíamos convocado al debate. En el día de ayer el senador José Mayans se comunicó conmigo y me manifestó que había invitado algunas personas, pero no conozco cuántas son y cuál es la propuesta y, en función de eso, resolvemos. No estaba prevista esta comisión para escuchar expositores”.

Así, Mayans comentó: “Teníamos un listado de personas que nos llamaron que querían participar de la comisión y que querían expresarse. Sólo es el tema de cultura y después vemos si ampliamos. Es un grupo de dos expositores”. Abdala aceptó que sean dos los expositores, pero pidió prudencia con el tiempo de disertación y las preguntas porque “la intención del oficialismo es dictaminar y debatir sobre las modificaciones que se han hecho” -en línea con el deseo que tenían desde LLA-.

De la vereda de enfrente, salió al cruce el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal), que se quejó porque “es injusto, ayer hubo otras propuestas de convocar y se dijo que ya habían terminado el período de alocución. Salvo que el padrón del PJ es grande trayendo más y más expositores. Los otros bloques no tuvimos la oportunidad de encontrar en sus afiliados alguien venga a hablar. El tema es inicuo porque lo propuso al presidente y no al plenario y hoy resulta que vamos a tener un desbalance en la posibilidad de escuchar versiones distintas”, y planteó: “Ya todo se dijo, se expresaron ciento de personas. Esa injusto que solamente un sector tenga la oportunidad y los demás no”.

A continuación, expusieron en el Salón Azul el actor Jorge Marrale y el director de la multisectorial audiovisual Guillermo Tello, quienes solicitaron al Cuerpo que no deleguen facultades al Poder Ejecutivo y alertaron que el proyecto “pone el peligro todo el entramado cultural argentino”.

La senadora jujeña Carolina Moisés (UP) planteó que la ley Bases es una contradicción y una “amenaza” a la ley de financiamiento a los espacios culturales porque “muchos senadores y diputados que apoyaron esa ley ahora piensan en votar la ley Bases. Este tipo de propuesta destrozan toda una construcción social y la identidad cultural”.

“Todos sabemos la importancia que tiene la industria cultural”, manifestó Mayans y ponderó los festivales que se realizan en las provincias que “son fuentes de trabajo para las PyMEs porque son fundamentales para la economía”. El formoseño precisó que los entes autárquicos descentralizados “no influyen en el presupuesto”, y denunció que “quieren hacer desaparecer estos entes por una cuestión ideológica más que económica”.

“Esto de delegar facultades es decir que no vamos a cumplir con nuestro trabajo como legisladores para que haga lo que quiera de la administración central, de los entes descentralizados, del sistema previsional argentino, de las empresas públicas, de los fondos fiduciarios. Todo hace a la cuestión del desarrollo nacional y todo fue conquistado con años de lucha”, advirtió y señaló que “en el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 se altera el sistema republicano de Gobierno porque se le faculta al presidente”.

Mayans insistió que con la delegación de facultades el Ejecutivo “va a hacer lo que quiera con el sistema nacional, va a destruir todo”, y ratificó: “Nuestro bloque no acepta darle facultades al presidente. Queremos tratar ley por ley”. “Vamos a trabajar para que la ley Bases sea rechazada porque no aceptamos las facultades especiales, no coincidimos con el RIGI salvo que haya cambios”, agregó.

Al hacer uso de la palabra, el pampeano Daniel Bensusán (UP) consultó sobre la existencia de algún borrador de dictamen con las modificaciones planteadas y cuestionó la delegación de facultades que plantea el proyecto porque “el expositor Andrés Gil Domínguez fue muy claro cuando planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 y 2 porque tienen que tener una clara y precisa definición de las bases de lo que se quiere delegar y tiene que ser limitado en la materia porque el proyecto tiene bases amplias y genéricas”. “Le vamos a delegar facultades a un presidente que denosta a los gobernadores, intendentes, provincias”, cuestionó.

Bensusán indicó que “con los primeros tres artículos, el presidente puede hacer lo que quiere con el resto de la ley por más modificaciones que tenga. Es una gravedad importante la delegación de facultades al igual que los contratos intraseccionales de obra pública”.

Romero volvió a pedir la palabra para solicitar un cuarto intermedio hasta las 14 para que vengan funcionarios a explicar las modificaciones y luego debatir entre los senadores un “texto final” y poder dictaminar para “tener algo más nuevo de lo que vino de Diputados”. “Los funcionarios nos están trayendo los cambios propuestos por los distintos bloques”, afirmó Abdala. Sin embargo, retomado el cuarto intermedio, eso no sucedió y los despachos de ambas leyes volvieron a postergarse.