El Municipio respondió al informe de la Policía Federal, negando irregularidades en el manejo del dinero público

La Municipalidad de Paraná respondió a las imprecisiones, confusiones, y hasta dudas de poca transparencia en el manejo de obras públicas que se observaron en los planteos formulados en un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA). Ello figura en el expediente en el cual se investigan presuntas conexiones entre la Comuna de esta Capital y el narcotráfico y que fue derivado al juez Federal Leandro Ríos. Esto motivó al intendente Sergio Varisco a salir a aclarar a toda la ciudadanía esta situación, para que los contribuyentes sepan el destino de los pagos por tasas municipales y cómo se manejan los recursos de la Comuna.

 

En ese sentido, en la mañana de este miércoles se realizó una conferencia de prensa en el despacho de la Presidencia Municipal, en la cual participaron el mandatario paranaense y los abogados Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto.

Allí se aclararon acabadamente todas las dudas que pudiesen surgir sobre esa acusación, como así también se explicó detalladamente el correcto camino que deben realizar los periodistas para obtener una orden de publicidad como pago a sus servicios, lo que se cuestionó en el informe emitido por la PFA que desliza irregularidades en contrataciones de personal y de publicidad, en compras, y en diversos manejos de recursos del municipio.

 

Varisco informó que “la división Lavados de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) hizo un informe que nosotros contestamos como corresponde a través de los abogados y con el aporte de las distintas áreas municipales, que es gente de carrera y no nombrados por nuestra gestión. Contestamos párrafo por párrafo, punto por punto, hoja por hoja el informe”.

Luego, el Intendente se mostró molesto por el tenor del informe de la PFA y en ese sentido señaló: “Quien lee ese informe pareciera entender que el Municipio es un desorden y otras cosas más; lo cual contrasta con el enorme plan de obras públicas que tenemos, con las paritarias que hemos alcanzado, y con el orden y el superávit económico y financiero que tiene la Municipalidad de Paraná”.

 

“A modo de ejemplo –añadió Varisco-, les digo que la (Policía) Federal habla de que en el período septiembre de 2017 a mayo de 2018 ingresaron al Municipio 497 empleados nuevos. Esto es falaz, inexacto y tiende a empañar la imagen de gobierno, porque esto no es así para nada”, sostuvo.

Aunque dejó abierta a la posibilidad de que los peritos calificados de la PFA hayan incurrido en un “error, el cual proviene de que han contado doble una cuestión que venimos haciendo desde el principio de la gestión, que es jerarquizar al empleado municipal, pasarlo de contrato de obra a servicio, y de servicio a planta, y ahí han contado dos o tres veces a un empleado municipal. En el informe con los registros que tenemos del personal, en ese período no sólo no ingresaron 497 personas, sino que en el balance de las altas y bajas de los que nombramos, de las jubilaciones y de las renuncias, porque muchos son contratos transitorios de quienes cumplen apenas unos meses en el municipio, en ese período disminuimos la cantidad de personal en 126 personas”, contrastó.

 

Prosiguiendo con su explicación, el Presidente Municipal se refirió, además, a las contrataciones de publicidades y otros temas que se discuten en el informe. “Vale aclarar también que en todos los otros temas que cuestionan, como es el tema de prensa, las contrataciones que hicimos en Tecnópolis, fundamentalmente, están todas bajo el debido procedimiento de ordenanzas, decretos, y resoluciones que no son de nuestra gestión; nosotros hemos aportado aún más a la transparencia del manejo. Hoy está todo bancarizado, es inexacto que un Intendente maneje dinero en efectivo; sino que manejamos la autorización mediante nuestra firma de un pago o no después que se hace todo el proceso”, aclaró.

 

Por último, Sergio Varisco se mostró “tranquilo” ante las acusaciones, pero expresó que “queríamos aclararlo, porque en la medida que esto se ha divulgado se quiere hacer creer que el manejo en estos temas, que surgen en el informe de la PFA, esto ha sido un descalabro, un despilfarro, y que hay recursos que no se sabe dónde están. Aclaramos que está todo bancarizado y, fundamentalmente, todo esto pasa por el Tribunal de Cuentas, que es el verdadero órgano auditor”, cerró.

 

Por su parte, el abogado Rubén Pagliotto calificó al informe que elaboró la División Lavado de Activos de la PFA como “un pésimo trabajo: confuso, impreciso, sin jerarquía ni volumen intelectual, ni técnico, y que desnuda un pasmoso desconocimiento acerca de normas y procedimientos contables, principalmente vinculados a la administración de la hacienda pública”.

No duda el letrado en afirmar que ese escrito policial “no tiene ningún valor” y sugiere -incluso para dejar a salvo el buen nombre y honor de reconocidos profesionales que ocupan lugares expectantes en la Contaduría General y Tesorería del Municipio-, la inmediata actuación y auditoria del Tribunal de Cuentas de la Provincia”.

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

 

La primera afirmación del informe de respuesta es una desmentida categórica sobre la aseveración que hacen los peritos de la Policía Federal, en cuanto a que habría habido un ingreso de 497 personas a la esfera del Municipio.

Cullen y Pagliotto presentan números que dan cuenta que el ingreso fue de 166 personas con contratos de obra, pero con una baja de 46 personas por finalización del período en esa misma categoría. Mientras que con contrato de servicios ingresaron sólo 31 personas, y con una baja de cinco casos. Es decir que los números oficiales distan mucho de lo que habla el informe y eso tiene una explicación: los peritos policiales cayeron en el error de creer que hay personas con dos contratos, cuando en realidad hay trabajadores que tienen un contrato que se vence y luego se constituye otro contrato con una nueva situación de revista.

 

Pero aporta un dato central como conclusión de todo el asunto de personal: “El dato más relevante es que en septiembre de 2017 había un total de 6.303 empleados y en mayo de 2018, un total de 6.177, es decir que en ese lapso hubo una reducción clara del personal: 126 empleados menos”, escribieron los abogados para desmentir el crecimiento de la planta de personal.

 

Los letrados dedican el tramo final para refutar, largamente, que haya manejo de fondos en efectivo en los niveles que señalan los peritos policiales. Abundan en explicaciones sobre diferencias de montos entre neto y bruto, en demostrar la trazabilidad bancaria, en describir responsabilidades dentro de la estructura administrativa y en mostrar cómo los movimientos se adecuaron a las normativas y fueron analizadas por los estamentos de control interno.

 

A los abogados, evidentemente instruidos por los contadores de carrera del Municipio, les llamó la atención que los peritos policiales no sepan que cuando se depositan cheques de la propia cuenta (la Municipalidad), el banco lo considera como un “depósito en efectivo” y no bajo concepto de “cheque de propia sucursal”.

En cualquier caso, los abogados Cullen y Pagliotto dejan constancia que los movimientos están bancarizados, las transferencias se hacen de modo electrónico y que si hay manejo de cheques es para el caso en que el beneficiario aún no mantiene una cuenta bancaria habilitada para poder cobrar.

 

Niegan categóricamente que se esté dando el manejo de fondos en efectivo, fuera de las situaciones menores y habituales en cualquier municipio y aportan planillas de números bancarios para sostener sus afirmaciones.

Finalmente concluyen los abogados en el informe de respuesta que en la Tesorería General no se realizan pagos en efectivo, ni a empleados, ni a proveedores de bienes y servicios, por lo cual rechaza tajantemente expresiones como la de los peritos policiales que hablan de “una ingeniería financiera tendiente a librar dinero en efectivo”.

 

“Afirmaciones como las mencionadas causan indignación, duelen y resultan lesivas de la moral, y mucho más cuando son formuladas con absoluta liviandad y sin tener un fundamento adecuado”, manifestaron Cullen y Pagliotto.

 

CONTRATACIONES DE PUBLICIDAD

 

El informe de los abogados sostiene que las contrataciones de publicidad “pasaron por el tamiz analítico de todos los controles internos” y que cumplen con el marco que establece la Ordenanza de Contabilidad Nº6173, y sus respectivos decretos reglamentarios.

Pero no se queda en lo conceptual la respuesta de los abogados, sino que analiza cada uno de los puntos cuestionados. Al respecto, sostiene por ejemplo que entre las condiciones para ser proveedor de la Municipalidad no hay impedimento en que el prestador sea jubilado, como señala uno de los casos aludidos por la Policía Federal.

 

Tampoco hay impedimento en que los proveedores estén dados de alta en los organismos tributarios con otros rubros, lo que no es constituye ningún obstáculo siempre que estén, sí, inscriptos como “publicidad”. Por eso, el informe policial erróneamente habla de otros rubros, como carnicería o funeraria a los que la Municipalidad de Paraná les paga publicidad, cuando en realidad eso no es cierto.

“Es mentira que se pague publicidad a personas no inscriptas en el rubro, es mentira que se pague publicidad a personas que no estén inscriptas en AFIP como así tampoco en ATER ni en el organismo municipal correspondiente”, sostuvo Pagliotto.

 

Es así, como muestran por ejemplo casos particulares de personas que se dieron de baja de AFIP, tras un cambio de actividades, pero que estaban en regla al momento de la prestación. “Puede haber situaciones en las que el proveedor se inscribe para poder prestar servicio y facturar; luego se da de baja y como el pago se produce de manera posterior, y a veces con meses de diferencia a la prestación, puede darse el supuesto que no registren impuestos activos, pero al momento de la prestación estaba todo en regla”, explicó el letrado Pagliotto.

 

Luego abordó una de las imputaciones más grave a que hizo la Policía Federal, con notable repercusión mediática, “pero que no se condice para nada con la realidad”: el “pago de facturas mellizas”.

A su turno, Cullen desmintió tajantemente que se haya producido algún caso al respecto y, tras un minucioso estudio de trazabilidad administrativa, demostraron que no hay doble pago de una prestación, y que si bien puede haber órdenes de pago, por centenares, con el mismo número, hay que reparar que unos tienen su número respectivo, con un subíndice 32 (ordenes de publicidad, subsidios, reconocimientos de gastos), mientras que otros tienen el subíndice 35 (concursos de precios, licitaciones públicas o privadas que se hayan llevado a cabo para seleccionar a contratistas).

 

“No existen órdenes de pago mellizas, ni, por ende, acto irregular, ilegal o ilegítimo alguno”, indicó.