El Ministerio de Salud de Entre Ríos asumirá los costos ante una medida nacional que perjudica a personas con discapacidad
El Ministerio de Salud de Entre Ríos intimó a la Agencia Nacional de Discapacidad a la suspensión de una resolución, relacionada con la confección del certificado, que vulnera derechos de beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas. No obstante, se garantizará la extensión del mismo a través de la red pública sanitaria.
Mediante carta documento del 22 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud de Entre Ríos exigió a la Agencia Nacional de Discapacidad suspenda la aplicación y efectos del Certificado Médico Oficial (CMO) digital porque esto implica vulnerar derechos de beneficiarios de pensiones nacionales no contributivas. La decisión fue informada durante una reunión que presidió la ministra Sonia Velázquez de la que participaron autoridades de la cartera y directores de hospitales y centros de salud.
Se garantizó además en el encuentro que, mientras se sustancie alguna respuesta legal o que la medida cuestionada tenga una decisión rectificatoria acorde, el Ministerio de Salud brindará la logística para sostener la demanda que derive de la implementación del Certificado que exige Nación y de ese modo evitar perjuicios a los titulares de pensiones.
Puntualmente el origen de la cuestión radica en que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dictó una resolución mediante la cual todos los beneficiaros de pensiones no contributivas deben tramitar en hospitales y centros de salud el Certificado Médico Oficial (CMD) digital.
En ese marco se concretó una jornada con el objetivo de informar a la red de establecimientos de salud respecto a los alcances de la Resolución Nº 33/19 haciendo notar que se trata de una decisión unilateral y arbitraria del organismo nacional mediante la cual, una vez más, se traslada a la provincia la responsabilidad de implementar en forma inmediata la confección de un certificado digital sin siquiera evaluar la complejidad que su ejecución requiere en relación a la disposición de profesionales especialistas, recursos físicos y conectividad por parte de los efectores provinciales.
Además, allí se indicó que, como primera medida, se elevó una carta documento al director Ejecutivo de la Agencia solicitando por un lado la suspensión de la aplicación de la normativa así como sus efectos que involucran la suspensión del cobro por parte de los beneficios de las pensiones; y por otro un plazo de 120 días hábiles para la instrumentación a nivel provincial atendiendo a todas las adecuaciones técnicas y operativas que esto implica.
Asimismo, durante el encuentro se transmitió la preocupación por las medidas y acciones llevadas a cabo por el ente nacional violando derechos de las personas con discapacidad que están establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en normas provinciales.
En tal sentido, la provincia manifestó el absoluto reconocimiento del derecho adquirido de los titulares de pensiones y la inconstitucionalidad de requerir la certificación de invalidez laboral lo cual recientemente fuera ratificado mediante un fallo judicial nacional.
Incluso se ratificó que desde el Estado de Entre Ríos se entiende que estas acciones son un retroceso en materia de derechos sociales que violentan al sector más vulnerable de la población e incluso hacen perder la mirada social de la discapacidad porque consideran a la persona en función de las patologías.
En ese contexto, la ministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez, abrió el debate alertando sobre que ya no quedan dudas de que el sector Salud es hoy uno de los más interpelados, y más vulnerados socialmente con el ahogo que se viene profundizando de modo fundamental, a raíz de las decisiones macroeconómicas que bajan de Nación.
“Existe una manifiesta caída del salario real que impacta de modo sustantivo sobre nuestra población a lo que se suma el quiebre que está teniendo la seguridad social en el país y la fragmentación que le sucede a todo esto en cuanto a la coordinación o relación del trabajo interinstitucional”, indicó.
Específicamente dijo luego: “Somos muy conscientes de lo que significan las personas con discapacidad y sus entornos más cercanos, en nuestro amplio universo de población con vulnerabilidad, y es a raíz de todo ello que el Ministerio conformó un equipo interministerial para revisar las potencialidades, fortalezas e incluso debilidades de la red sanitaria para enfrentar la situación y morigerar el impacto de esta medida arbitraria dispuesta por Nación”.
En ese sentido, aprovechó para garantizar que a través de los equipos interdisciplinarios de la cartera sanitaria, se van a intensificar las actividades de capacitación en terreno.
La ministra señaló asimismo que se viene trabajando el tema junto al Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) para también fijar nuestra clara posición desde el aspecto legal. “Producto de ello -dijo luego- se envió una carta documento a la Agencia Nacional de Discapacidad sosteniendo a través de la misma que, la medida tomada por Nación, es claramente violatoria de los derechos de los más vulnerables, o en otras palabras, de los eslabones más frágiles que transitan dentro de la red del sistema sanitario entrerriano”.
No obstante, y mientras tanto se sustancie alguna respuesta legal o la medida cuestionada anuncie la posibilidad de una decisión rectificatoria acorde, el Ministerio puso en marcha la logística apropiada para sostener la demanda que por caso derive de la implementación del Certificado Único de Discapacidad que por lo pronto exige Nación y de ese modo evitar perjudicar a los titulares de pensiones.
Finalmente en la jornada se definió que en los próximos días la población podrá concurrir a los efectores que, en una primera etapa, han sido definidos para implementar esta medida que son: en Paraná todos los centros de salud provinciales de la ciudad así como el hospital Dr. Gerardo Domagk; en Paraná Campaña en los hospitales Dr. Brage Villar (Hasenkamp), Dr. José María Miranda (Cerrito) y San Francisco de Asís (Crespo); en el departamento La Paz, en los hospitales 9 de Julio (La Paz) y San Miguel (Bovril); en Feliciano en el Hospital General Francisco Ramírez; en Federal en el Hospital Justo José de Urquiza; en el departamento Federación en los hospitales Santa Rosa (Chajarí) y San José (Federación); en Concordia en el Hospital Dr. Ramón Carrillo y los centros de salud La Constitución, La Bianca y Martina de Caminal; en San Salvador en el Hospital San Miguel; en Villaguay en el Hospital Santa Rosa; en Uruguay en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús (Basavilbaso) y el Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay) así como el centro de Salud Giacomotti de esta última localidad; en Gualeguaychú el Hospital Centenario; en el departamento Gualeguay en los hospitales San Antonio (Gualeguay), San Isidro Labrador (Larroque) y Perú (Galarza); en Tala en el Hospital Falucho (Maciá); en Nogoyá en el Hospital San Blas; en Victoria en el Hospital Dr. Fermín Salaberry; en el departamento Diamante en los hospitales San José (Diamante) y Nuestra Señora el Luján (General Ramírez); y en el departamento Colón en los hospitales San Benjamín (Colón) y San José (San José).