El juez Lijo deberá investigar si a Vandenbroele le pagaron para arrepentirse en el caso Ciccone
“Nadie me pagó ni me ofreció dinero para declarar contra Amado Boudou”, dijo Alejandro Vandenbroele a TN este miércoles. El ex titular de The Old Fund sostuvo que “el plan de quedarse con Ciccone fue del gobierno K”, y que “la idea era hasta fabricar dinero para países de África”. El juez Marcelo Martínez De Giorgi decidió remitir la causa a su par Ariel Lijo. Este magistrado fue quien en 2017 homologó el acuerdo para que Vandenbroele sea arrepentido.
En la entrevista, Vandenbroele hizo su descargo sobre la acusación en su contra respecto a un supuesto pago de dinero para “comprar” su testimonio como imputado colaborador en una causa vinculada al caso Ciccone.
La discusión que se inició en el portal de noticias El Destape terminó en los Tribunales de Comodoro Py, el mismo lugar donde a fines de 2017 Vandenbroele -señalado como testaferro de Amado Boudou- se presentó ante el fiscal Jorge Di Lello para convertirse en imputado colaborador.
Tras conocerse el artículo periodístico y después de una serie de declaraciones de los abogados del ex vicepresidente de Cristina Kirchner, que sostuvieron que había “algo raro” atrás del acuerdo de colaboración de Vandenbroele, el juez federal Ariel Lijo solicitó que se investigue si el gobierno de Mauricio Macri “compró” con el pago de un hotel boutique la confesión del titular de The Old Fund.
La semana pasada, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación y en su requerimiento ante Martínez De Giorgi planteó que el caso debería ser investigado por Lijo, donde fue aceptado el empresario como imputado colaborador.
El Destape había revelado detalles reservados del expediente de Vandenbroele como integrante del programa de testigos protegidos del ministerio de Justicia. La fiscal consideró que corresponde investigar si el legajo de Vandenbroele funcionó como base de un hecho ilícito, para perjudicar con su confesión a Boudou.
El ex vicepresidente fue investigado por Lijo, y tras un juicio oral terminó siendo condenado a cinco años y diez meses de prisión por la apropiación de la imprenta Ciccone, la reducción de sus cuantiosas deudas con la AFIP y su posterior contratación con el Estado para imprimir papel moneda. El magistrado también instruyó las causas por el irregular contrato de la provincia de Formosa con la empresa con la que Boudou compró Ciccone, The Old Fund, y la organización para financiar esa compra, una causa conocida como Ciccone II y que aún está abierta.
En el marco de esas investigaciones, Lijo fue quien en 2017 homologó la confesión de Vandenbroele como “imputado colaborador” en el caso Formosa, que aún estaba bajo su responsabilidad. El titular de The Old Fun había confesado ante el fiscal Jorge Di Lello. Aunque el juicio oral por Ciccone acababa de comenzar, el testaferro del ex vice también aportó datos y documentos que se sumaron a las pruebas que ya existían contra Boudou.
Es por estos motivos, que la fiscal Ochoa planteó que como hay un tramo de la investigación que aún tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde fueron utilizados los dichos de Vandenbroele “posiblemente viciados según los testimonios que dieron inicio a la causa, y que fueron ventilados, valorados y utilizados para fundamentar condenas”, el caso debía radicarse en ese juzgado.
Este jueves el juez Martínez De Giorgi hizo lugar al pedido de la Fiscal y el expediente se remitió al Juzgado de Lijo. Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que en primer término se “analizarán los argumentos” de esa derivación, y entonces Lijo decidirá si recibe el caso. De no hacerlo, será la Cámara Federal porteña la que deberá determinar qué juez investigará el tema.
El planteo además surge en medio de la decisión del Gobierno de recuperar el control del programa de Testigos e Imputados protegidos. Once días antes de dejar la presidencia, y por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Mauricio Macri había creado una agencia para sacar ese programa de la órbita del Poder Ejecutivo, dando intervención a la Justicia en una suerte de órgano tripartito.
Se trata de un programa que tiene por regla la reserva absoluta de todos los legajos de quienes lo integran. En nuestro país hay más de 300 testigos e imputados protegidos, y sólo 13 son en casos de corrupción, entre ellos Vandenbroele y su ex mujer, Laura Muñoz quien fue la primera en hablar sobre el caso Ciccone.
Para la fiscal Ochoa, para poder llevar adelante la investigación, es necesario tener acceso al legajo de Alejandro Vandenbroele, algo que, de acuerdo al artículo 9 bis de la ley de protección de testigos -introducido por DNU en noviembre del año pasado-, “solo podrán hacer quienes intervengan en las causas judiciales en las que se dispuso la protección”.
La ley que rige el programa determina que el domicilio, las actividades y los nombres del personal de custodia de los testigos e imputados colaboradores son de carácter confidencial. Pero parte de esos datos fueron publicados, incluida la documentación según la cual Vandenbroele habría pedido 1,5 millón de pesos al Programa para financiar la compra de un hotel en Mendoza, y afirmaba que el arrepentido habría recibido al menos parte del dinero que pidió.