El uso de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) quedó bajo la lupa de la Justicia federal. El juez Ernesto Kreplak, con sede en La Plata, admitió esta semana un amparo colectivo y pidió informes urgentes al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación sobre el manejo de este fideicomiso financiado con el impuesto a los combustibles líquidos y destinado por ley a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
La causa se apoya en una investigación periodística que detalló que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, ingresaron al SisVial 1.503.252 millones de pesos y se ejecutaron en obra vial 394.406 millones, apenas el 26,2 % del total. Al 31 de mayo, el fondo mantenía más de un billón de pesos —cerca de 670 millones de dólares— colocados en títulos públicos y plazos fijos, con una ejecución del 11,3 % en 2024, del 39 % en 2025 y del 18,5 % en los primeros cinco meses de este año.
De lo recaudado por el impuesto a los combustibles, el 28,58 % se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y la mitad de esa porción corresponde específicamente al SisVial, que hoy concentra el foco del reclamo judicial.
La defensa del Gobierno y el giro hacia la inversión privada
El portavoz presidencial Adrián Ravier rechazó este martes en la Casa Rosada las sospechas sobre el fideicomiso y sostuvo que no existe malversación de fondos. Días atrás había señalado a medios provinciales que parte de lo recaudado se utilizó para lograr el equilibrio fiscal, uno de los ejes de la política económica de Javier Milei.
En ese marco, Ravier explicó que el nuevo esquema del Gobierno apunta a que las rutas nacionales se financien con inversión privada y no con recursos tributarios. De los 40.000 kilómetros que conforman la red nacional, el Poder Ejecutivo solo ha licitado 9.000 kilómetros hasta el momento.
Amparos, denuncias penales y acusaciones cruzadas
El amparo fue impulsado por la diputada Victoria Tolosa Paz, quien además presentó una denuncia penal vinculada al SisVial. La legisladora planteó que “el Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SisVial fueron a la timba financiera”, según expresó al fundamentar su presentación.
Otra denuncia, de la diputada Marcela Pagano, recayó en el juzgado del magistrado Julio Ercolini, donde hasta esta semana no había sido girada al fiscal ni existían funcionarios imputados ni causa penal formalmente abierta.
Otros fondos bajo la lupa y el estado de las rutas
Coberturas posteriores extendieron el análisis a otros fondos específicos. Un relevamiento de chequeo de datos indicó que, de los 375.000 millones de pesos recaudados desde principios de 2024 con destino a obras hídricas, solo se ejecutó alrededor de un tercio y el resto se colocó en letras del Tesoro y depósitos financieros.
En paralelo, el sindicato de Vialidad Nacional sostiene que el 70 % de las carreteras del país presenta condiciones de regulares a malas, en un contexto en el que el presidente Javier Milei había anunciado en 2024 la eliminación de los fondos fiduciarios, a los que calificó como “cajas de la política”, aunque permanecen activos alrededor de 27, con su administración concentrada en el Ministerio de Economía.
