A la hora de analizar el avance de las inversiones, el impacto del RIGI en las provincias suele asociarse de inmediato con Neuquén o con los distritos mineros de San Juan y Catamarca. Sin embargo, al medir la incidencia real sobre la escala de cada economía territorial, Río Negro se posiciona como la jurisdicción que más se beneficia en términos relativos, pese a no contar con un solo proyecto minero aprobado bajo el régimen.
El dato surge a partir de un relevamiento elaborado por el economista Marcelo Capello para el Ieral de la Fundación Mediterránea, donde se comparó el monto de las iniciativas aprobadas respecto al Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada distrito.
En ese marco, las iniciativas radicadas en Río Negro equivalen al 196% de su PBG, marcando el registro más elevado del país. Por detrás se posicionan San Juan con el 150% y Catamarca con el 64%, mientras que más lejos aparecen Salta con el 21%, Neuquén con el 19%, Jujuy con el 17%, La Pampa con el 8% y Mendoza con el 5%. En tanto, en distritos como Santa Fe y Buenos Aires, las cifras no alcanzan el 1% de sus respectivos productos geográficos.
El contraste con Neuquén es el que mejor explica este comportamiento: aun siendo el corazón de Vaca Muerta, su economía es tan amplia que los fondos aprobados representan apenas el 19% de su producto. En cambio, el menor tamaño del PBG rionegrino hace que estos desarrollos multipliquen casi por dos el valor total de su estructura productiva.
Infraestructura estratégica y salida al mar
Siendo la quinta productora de crudo del país, la provincia rionegrina capturó la logística de evacuación y exportación hidrocarburífera gracias a su salida por el Golfo San Matías y la cercanía de puntos clave como Punta Colorada y San Antonio Oeste.
La obra de mayor escala es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), a cargo de VMOS S.A., que contempla 437 kilómetros de traza para transportar 377.400 barriles diarios y almacenar 3,77 millones de barriles. El plan implica un desembolso de 2.900 millones de dólares y la creación de 3.108 empleos directos e indirectos, con capacidad potencial de ampliarse a 700.000 barriles diarios para generar envíos externos por más de 16.000 millones de dólares anuales.
El segundo proyecto de gran porte corresponde a la planta de licuefacción de gas natural impulsada por Southern Energy S.A. en el Golfo San Matías, mediante las unidades flotantes Hilli Episeyo y Esperanza. Con miras a exportar en 2027 y aportar 6 millones de toneladas anuales de GNL, requerirá una inversión de 15.156 millones de dólares y 836 puestos laborales directos e indirectos.
A estas obras se añaden dos desarrollos compartidos: el ducto de San Matías Pipeline S.A., que unirá Tratayén con San Antonio Oeste a través de 480 kilómetros con una inversión de 1.300 millones de dólares y 2.489 empleos, y la ampliación de Compañía Mega S.A., que demandará 365 millones de dólares y 792 empleos entre cuatro provincias. En conjunto, los cuatro proyectos totalizan más de 19.700 millones de dólares comprometidos.
Un bloque con capacidad de veto
El informe advierte que este esquema consolida un bloque de distritos con fuerte peso institucional en el mapa nacional. En ese sentido: “Hay seis provincias que muy probablemente queden organizadas y dispuestas a ejercer un ‘poder de veto’, si fuera necesario: se trata de Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta, Neuquén y Jujuy”, destacó la entidad técnica.
Ese grupo de seis provincias reúne a 18 senadores, lo que representa el 25% de la Cámara alta. Dicha confluencia de intereses económicos y empleo proyecta blindar el régimen de incentivos a largo plazo, dejando a Río Negro en el centro logístico determinante de las exportaciones energéticas.
