El Gobierno ya revisa 15 mil nombramientos del Macrismo
Al menos 15 mil nombramientos transitorios y cargos designados por concurso en el Estado nacional durante la administración de Mauricio Macri serán revisados por el Gobierno en los próximos meses. La decisión, que reglamenta un decreto de Alberto Fernández de los primeros días de su gestión, está contemplada en una resolución de la Jefatura de Gabinete publicada ayer en el Boletín Oficial.
La resolución 1 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público definió un mecanismo por el cual quedarán bajo la lupa de una comisión evaluadora todos los puestos ocupados en la planta transitoria de la administración pública central y los llamados a concurso de las áreas clave del Estado durante los últimos tres años de la gestión de Macri, entre diciembre de 2016 y el mismo mes del año pasado. Y se aplicará la misma supevisión sobre los cargos concursados entre diciembre de 2017 y el último mes de Cambiemos en el poder. Se trata de los períodos en los que, según los funcionarios actuales, hubo mayor cantidad de nombramientos.
La medida alcanza las designaciones en los ministerios del Gabinete nacional; las secretarías de la Presidencia; los cargos directivos de organismos descentralizados, y los de empresas y sociedades del Estado. La gestión Cambiemos, con una prédica antiestatista, aumentó en al menos 100 mil personas la plantilla del sector público en los cuatro años de Macri y atenuó de ese modo una destrucción neta de puestos de trabajo que en el ámbito privado fue de 240 mil empleos, según un relevamiento del Ministerio de Trabajo.
La resolución de la secretaría a cargo de Ana Castellani reglamentó el decreto 36/19, firmado por Alberto Fernández en su primera semana como presidente, que autorizó la revisión integral de los procesos de contrataciones y concursos. Aquella normativa había derogado, a su vez, los efectos de un decreto de Macri, el 788/19, en los días previos a la entrega del mando, que blindó a unos 3 mil cargos directivos designados en aquella gestión con una garantía de continuidad y la posibilidad de percepción de la indemnización (duplicada por Fernández al asumir) en caso de despido.
Ese último beneficio del expresidente hacia cuadros directivos de su propio mandato había obtenido el aval de parte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en el Estado nacional, conducido por Andrés Rodríguez, por entender que se trataba de emprolijar una situación de eventual debilidad para cargos en su mayoría concursados. Desde el principal sindicato competidor, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sin embargo, alegaron que se trató de un paraguas informal dispuesto por Cambiemos para sus nombramientos políticos.
Castellani dijo en una entrevista que Cambiemos había desplazado a 41 mil agentes de la administración pública nacional pero en sentido inverso “multiplicó la línea dirigencial”. Este diario expuso casos como el del Ministerio de Trabajo, con despidos y caída de contratos a plazo en las categorías inferiores y creación de nuevos cargos y estructuras burocráticas en las escalas más altas.
En Gestión y Empleo Público aclararon que la resolución de análisis de concursos y nombramientos no alcanzará los contratos precarios que suelen proliferar en la administración pública nacional. El oficialismo se había comprometido a sostener unos 10 mil nombramientos sujetos a renovaciones permanentes e incluso el pase de algunos de ellos a planta transitoria o permanente.