El conflicto en puertos tuvo un giro clave: el Gobierno cerró un acuerdo con los prácticos que fija una rebaja del 20% en las tarifas y habilita el restablecimiento inmediato de la asistencia a la navegación en todas las vías navegables del país.
El entendimiento incluye un punto político central: la suspensión del Decreto 690/2026, la norma que desde su publicación desreguló el reglamento vigente desde 1991 y detonó la confrontación con el sector de practicaje.
Como parte del acuerdo, el Poder Ejecutivo resolvió suspender de “manera temporal” la aplicación del decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según remarcaron fuentes oficiales.
En paralelo, el Gobierno dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para discutir en detalle los aspectos normativos y operativos que rigen la actividad, un reclamo que el sector agroexportador venía planteando como condición para destrabar la crisis.
La nueva instancia de diálogo estará coordinada por el Gobierno Nacional y contará con representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos con competencia en el sistema marítimo y fluvial.
Ese espacio tendrá como objetivo, de acuerdo al oficialismo, revisar punto por punto los ejes del decreto de desregulación y buscar un consenso definitivo que evite nuevos paros en los puertos.
Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán de inmediato la prestación regular de sus servicios en los puertos mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica.
Desde el sector, la primera reacción fue escueta pero elocuente: “Alivio”, se limitaron a expresar ante la desestimación temporal del decreto que había encendido la alarma en toda la cadena exportadora.
El impacto económico del parate no era menor: la detención de la operatoria en los puertos implicaba pérdidas superiores a los US$4,5 millones diarios para el campo.
El origen del conflicto con los prácticos
El conflicto en puertos se desató cuando se publicó el Decreto 690/2026, impulsado por Sturzenegger como parte de su agenda de desregulación y transformación del Estado.
La nueva normativa eximía de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia, ampliaba las dimensiones de los buques para los cuales es obligatorio requerir asistencia, eliminaba el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y habilitaba a la Prefectura Naval a prestar el servicio, entre otras modificaciones.
En los hechos, el decreto derogaba la reglamentación que regía desde 1991 y proponía una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial argentino.
El texto oficial también suprimía la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para determinados buques.
Al defender la reforma, Sturzenegger había sintetizado su mirada con una frase que encendió aún más la polémica: “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, explicó al presentar los cambios.
