El Gobierno renueva por cinco meses la licencia de OCA como operador postal
El Gobierno le otorgó a OCA una nueva vida como empresa. Por lo menos hasta fines de marzo del año próximo. Lo hizo a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que este jueves le extendió a la compañía el certificado como operador postal privado.
Funcionarios nacionales presentes en el 54 Coloquio de IDEA que se está desarrollando en Mar del Plata confirmaron la noticia y agregaron que la medida fue tomada durante la reunión de directorio del organismo que preside Silvana Giúdice.
El certificado extendido por el ENACOM es considerado esencial para que cualquier empresa del sector postal mantenga sus actividades en el marco legal en el que se debe desenvolver.
La prórroga será limitada a fines de marzo del 2019. Esto dará tiempo a la empresa para que pueda seguir operando intervenida judicialmente, con el objetivo de mantener sus actividades y así sumar fondos para hacer frente a su proceso concursal.
OCA se encuentra intervenida por el juez que entiende en el concurso preventivo de la empresa que venía presidiendo el empresario Patricio Farcuh, quien fue desplazado de su cargo por decisión del juez Pablo Tejada.
Si el proceso seguía con Farcuh a la cabeza de OCA, la continuidad de la empresa como operadora postal se encontraba en riesgo, por lo cual el juez Tejada decidió dar curso al pedido de intervención de la AFIP y así preservar los 7.000 puestos de trabajo y los servicios que todavía presta el mayor correo privado del país.
Ahora, los directores del ENACOM le dieron un marco legal a la continuidad operativa de la empresa, por lo menos hasta que el magistrado pueda identificar el monto que adeuda a sus acreedores. En ese lapso, OCA seguirá siendo manejada por un interventor judicial.
A Farcuh ya no se le permite el ingreso a la compañía de la que fue CEO hasta el desembarco del interventor.
Es más, el empresario deberá hacer frente a imputaciones por vaciamiento y supuesto enriquecimiento ilícito en el marco de una denuncia impulsada por la AFIP.
Se lo acusa de haber ocultado bienes, no entregar información que el propio juez y el síndico de la causa le requirieron en más de una oportunidad, además de haber incurrido en falsedad, y llevado a cabo actos en perjuicio evidente de los acreedores.
Todos estos datos sirvieron para sustentar la decisión del ENACOM de preservar la continuidad de la compañía, pero sostener la determinación judicial de sacar del medio al empresario, siempre sospechado de haber sido testaferro de Hugo Moyano.
En este marco, la AFIP intenta cobrar una deuda superior a los $5.000 millones en el marco del proceso legal, y que se incrementó en $1.000 millones después de haberse cerrado su concurso preventivo.
Se espera que el final de ese proceso se concrete precisamente en marzo próximo y por eso el plazo de prórroga otorgado por el ENACOM para el funcionamiento de la empresa.
Mientras se cumple con este proceso, las operaciones de OCA serán asumidas por los actuales síndicos, únicos autorizados para operar en cuentas bancarias a su nombre.
En el caso del organismo recaudador, la decisión del magistrado abre un abanico de esperanza en cuanto a la continuidad de la empresa y a las posibilidades de poder cobrar algo de la millonaria deuda. Un hecho que, con Farcuh al frente de OCA, sería casi imposible de lograr si se tiene en cuenta que con su accionar incrementó la deuda fiscal y colocó a la empresa en una situación de vaciamiento deliberado a pesar de encontrarse concursada.
Incluso, Farcuh ya está procesado por varios delitos como el de retención indebida de tributos previsionales e impositivos, y sufre un embargo por $400 millones.
De acuerdo con la documentación acercada por el ente fiscal que orienta Leandro Cuccioli, estaría probada la vocación “manifiesta y continuada de no solamente colocar a la empresa en una situación de incobrabilidad frente a sus obligaciones fiscales, sino también del vaciamiento deliberado de la firma en instancia concursal”.
Para la AFIP, la maniobra se enmarca en los delitos previstos por el artículo 174 inciso 6) del Código Penal, vinculado a estafas y defraudaciones y que establece una pena de dos a seis años de prisión.
La denuncia advierte que el acusado contrató diversos proveedores apócrifos y no vinculados al giro comercial de OCA.
Entre otros, se constató la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como la compra de motos deportivas de marca internacional, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior. Algunos de estos proveedores apócrifos comparten direcciones de IP.
Este conjunto de maniobras es, para los abogados de la AFIP, transacciones irregulares que derivaron en una evasión agravada en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.