El Gobierno publicó el nuevo Código Procesal Penal: cuáles son los cambios más importantes
El nuevo Código Procesal Penal Federal, que fue aprobado en diciembre del año pasado por el Congreso y que introduce modificaciones a la norma sancionada en 2014, se publicó este viernes en el Boletín Oficial. El compendio incorpora leyes sancionadas por el Parlamento en los últimos dos años tales como la de flagrancia, de ejecución de la pena privativa de la libertad, de responsabilidad penal empresaria, de técnicas especiales de investigación y la del arrepentido.
El Código Procesal Penal Federal se aplicará a la investigación y persecución de delitos complejos como el narcotráfico, corrupción, trata de personas y otros ilícitos relacionados con el crimen organizado. Esta reforma instaura el sistema acusatorio en el que cobra relevancia la actuación del fiscal quien es el encargado de conducir la investigación. Esta iniciativa permitirá que los procesos sean más rápidos, sencillos y ágiles.
En diálogo con Infobae, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, destacó los aspectos más relevantes del nuevo Código Procesal Penal Federal.
“En el Código aprobado en el 2014 había algunas previsiones que hubieran evitado que suceda todo lo que está sucediendo. En uno de los artículos tenías la prohibición expresa de la cosa juzgada írrita. Eso se eliminó. Es decir, debe ser posible abrir una causa cuando realmente uno puede acreditar que no hicieron nada, que no se produjeron pruebas”, explicó.
Otro de los aspectos que señaló Casares es la eliminación de la prohibición de utilizar la información brindada en los acuerdos entre imputados y fiscales lo que, en la práctica, anulaba la figura del arrepentido.
—¿Cómo se va a implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal?
—Ese es el gran desafío. Hay una comisión en el Congreso integrada por diputados y senadores de todos los espacios políticos que ya ha expresado la voluntad de empezar, como se ha hecho en otros países, de a poco. Se empezaría a implementar en Salta y Jujuy a mediados de mayo. Ya se está trabajando en el cronograma para ir aplicando la nueva norma en forma paulatina. En la elección de esta jurisdicción se tuvo en cuenta que tiene un Ministerio Público Fiscal provincial que ya viene trabajando con un sistema acusatorio. Como novedad, en el nuevo Código hay un artículo que habilita específicamente la posibilidad de coordinación entre fiscales federales y provinciales. Esto es necesario para que puedan coordinar las investigaciones. Además, los fiscales federales no tienen la capacidad territorial de investigación que sí tienen los fiscales provinciales. Con la posibilidad de colaboración pueden ayudarse y apoyarse mutuamente. Desde el Ministerio de Justicia hacemos un aporte importante de financiamiento a los laboratorios científicos de los fiscales de las provincias, y ahora están por firmarse convenios para que también los puedan usar también los fiscales federales en las investigaciones.
—El nuevo Código incorpora nuevas técnicas de investigación criminal. ¿Se está capacitando a los operadores judiciales?
—Nosotros venimos brindando capacitaciones en varias provincias: tanto a jueces y fiscales; tanto en litigación como en investigación. Además, una vez que esto comience a implementarse se va a ir mejorando. Hasta ahora hemos dictado capacitaciones en Salta y en Jujuy a empleados, funcionarios, jueces y fiscales, tanto nosotros como también el Consejo de la Magistratura. La Defensoría General ha hecho lo propio con los defensores y los secretarios letrados de las defensorías. En tema de capacitación, en líneas generales estamos bien.
—¿Qué impacto en cuanto la eficacia de la investigación criminal puede tener la incorporación al Código de la ley del arrepentido luego de que se viene aplicando en algunas causas?
—Yo creo que va a ser muy fructífero. De a poco el sistema se empieza a direccionar para ese lado. Es el fiscal el que se sienta con el imputado, lo escucha, habla, evalúa, negocia y toma la decisión de pedirle la homologación de ese acuerdo al juez. Otra de esas leyes, no con impacto en crimen organizado pero sí en darle más poder a los fiscales y en oralizar y agilizar los procesos es la de flagrancia.
—¿El nuevo Código Procesal Penal Federal establece criterios objetivos que debe tener en cuenta el juez al momento de dictar una prisión preventiva o de conceder una excarcelación?
—Sí, se trata de dar pautas objetivas para tratar de limitar un poco más la discrecionalidad de los jueces. O sea, el juez tiene que saber qué es peligro de fuga, bajo qué condiciones o cuándo estamos frente a entorpecimiento o no de la investigación. Acá eso está.
—¿Hay algún acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para que la aplicación del Código sea una política de Estado y no se cambie con los sucesivos gobiernos?
—Para nosotros es prioridad dejar el Código funcionando, pero no depende sólo de nosotros, depende también del impulso y el liderazgo que tiene la Comisión Bicameral. Nosotros vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance porque esto es prioridad para el ministro Germán Garavano. Y vamos a acompañar fuertemente al Consejo de la Magistratura, al Procurador General y a la Defensora General. Fuimos dando pasos: hoy tenemos el Código nuevo, empieza a funcionar. ¿Y qué va demostrando esto? Que lo que venimos haciendo es fortalecer el sistema acusatorio, mejorando un Código. Hay una continuidad de una política pública. En la medida que esto dé respuestas, muestre un funcionamiento de una Justicia distinta, que se haga rápidamente una audiencia, que se sepa qué hay en un expediente, que las decisiones se tomen en audiencias orales y públicas, va a generar que más provincias quieran aplicarlo.
—¿Este Código como encara el tema de los recursos para que los procesos no sean interminables?
—En principio, por el propio cambio de sistema, deberían dejar de existir las causas de 14 años que terminan prescribiendo porque el sistema -además de que es más ágil- tiene establecidos tiempos máximos de investigaciones, lo que se llama investigaciones penales preparatorias y demás. No sólo por el tema de la oralidad, sino por ser más informal la investigación, sin tener que estar completando un expediente con un montón de formalidades, el proceso va a ser más ágil. En un proceso informal, cada decisión que se apela se resuelve más rápidamente. El expediente, tal como se lo conoce ahora con una pila de papeles, hace que el proceso sea muy lento. Eso va a ser distinto. La idea es que esté todo digitalizado y tendríamos que dejar de hablar de causas y hablar de casos. Además, con la aplicación de notificaciones electrónicas, telefónicas y demás, esto tendría que fluir. En muchas provincias ya está funcionando bien el sistema acusatorio, ya hay capacidad instalada, ya hay fiscales que conocen o han ido a juicio, que aplican flagrancia, que investigan y generan acuerdos. Son prácticas bien interesantes.