El Gobierno pone la lupa sobre las Fuerzas Armadas: ¿se buscan ñoquis?

A la nueva administración le llama la atención la enorme cantidad de militares que continúan en funciones a pesar de estar en edad de retiro. Por ahora analizarán los casos y las causas y luego tomarán una decisión. En tiempos de revisión de los vínculos laborales con el Estado, el gobierno nacional encontró un área inexplorada en la que -aseguran- también se refugian empleados que no cumplen los requisitos para continuar en funciones.

 

Por fuera de la competencia del Senado y su “lucha” por detectar nombramientos militantes, fuentes del Ministerio de Defensa revelaron a Infobae que llama poderosamente la atención la cantidad de oficiales militares que, estando en situación de retiro, todavía prestan servicio mediante el mecanismo previsto en el artículo 62 de la ley 19101, por el cual personal jubilado es reconvocado.

 

Este mecanismo es excepcional y se utiliza para recurrir a los servicios de personal cuyas capacidades y aptitudes los torna imprescindibles. Sin embargo, ha sido usado en forma abusiva y discrecional en virtud de criterios no siempre claros.

 

“Recalan en las secretarias generales de las fuerzas, en los organismos descentralizados, en pseudo centros de estudios y en donde menos lo imaginamos”, señaló un asesor del área.

 

Los servicios de inteligencia de las FFAA suelen albergar gran cantidad de personal retirado en estas condiciones, como así también a esposas e hijos de personal militar en actividad y retirado que ubican a su prole en tareas discretas y bien remuneradas.

 

En ese contexto, este medio supo que hace pocos días dos hijas del ex Jefe militar César Milani fueron invitadas amablemente a dejar sus cargos en el Ministerio de Seguridad.

Un funcionario de línea de esa cartera gubernamental aseguró que allí permanecen oficiales miliares “arrimados” por Sergio Berni, y apuntó que el plantel castrense se ha incrementado con personal de las tres fuerzas que “vende” conocimientos que no tiene y experiencia que no acumula.

 

La sana y lógica preocupación gubernamental por la inseguridad en general y el flagelo narco no debe hacer caer a los funcionarios en el grosero error de pensar que uniformes parecidos albergan aptitudes equivalentes. No tenerlo en claro podría acarrear errores de consecuencias impredecibles.

 

La ligera rotación de los vientos de la política y en especial la evidente pérdida de liderazgo que la ex presidente Cristina Kirchner experimenta cada día, ante una tropa que comienza a elegir su propio camino en búsqueda de un reposicionamiento frente a los nuevos “dueños” del poder, hizo que las luces rojas de alarma que impedían el funcionamiento del parlamento muten a verde con mayor rapidez de lo esperado.

 

Es por ello que el letargo parlamentario comenzará a sacudirse esta semana, con la convocatoria a extraordinarias realizada al Senado de la Nación, para tratar cuestiones de cierta urgencia administrativa. Si bien tal vez la más importante para el futuro del país sea la concerniente a la negociación con los acreedores externos, para el funcionamiento diario de la administración hay otras cuestiones requieren urgente atención.

 

De las cuatro áreas de gobierno que esperan obtener aprobación parlamentaria, tres necesitan que sus propuestas pasen el filtro de la todopoderosa Comisión de Acuerdos del Senado.

 

La comisión está integrada por 17 senadores (los que tendrán que constituirse formalmente ya que la nueva conformación aún no fue aprobada entre los propios senadores), pero el único confirmado a la fecha es su secretario administrativo,Carlos Casal, quien obviamente no es senador sino personal de planta permanente de la Cámara.

 

Según la información brindada por esa secretaría, ardua es la tarea que tiene por delante este grupo de parlamentarios: la lista de pendientes incluye decenas de pedidos de designación de jueces y funcionarios judiciales; aprobación de designaciones de embajadores; ascensos de militares fallecidos hace cuatro décadas y otros trámites de lo más curiosos. A la lista se agregan los pedidos de retiro realizadas por las nuevas autoridades y el reenvío de las mismas con algunas correcciones.

 

Para el caso de los miembros del servicio exterior; la comisión se ocupa solamente de quienes desempeñarán cargos con jerarquía de embajador. Mientras que para el personal Militar todos los ascensos por encima de la Jerarquía de teniente coronel y equivalentes deben pasar por el escrutinio senatorial.

 

Tal como era de suponer, la nómina elevada por Agustín Rossi fue revisada por el equipo del ministro Julio Martínez, siendo eliminados aquellos oficiales que, lejos de ascender, pasarán a retiro en los próximos días, cuando se produzcan los relevos de mandos.

 

Unos 80 oficiales de la Armada, 58 del Ejército y 52 de la Fuerza Aérea deberán ser auditados; por primera vez en muchos años, el CELS no será consultado para opinar sobre la aptitud o no de los nominados. Esa era una práctica un tanto extraña que había colocado a una entidad privada con poder de veto por sobre el propio ministerio de Defensa. Con excepción del controvertido ascenso del General Milani, la carrera de muchos militares aparentemente aptos para el ascenso por parte de las autoridades nacionales se truncó por los designios de esta particular ONG.

 

Si bien no se esperan sorpresas, las instituciones militares son cautas a la hora de formalizar las designaciones de las nuevas cúpulas y en todos los casos les dan a las mismas un carácter provisorio, hasta tanto todos los involucrados tengan su situación totalmente normalizada luego de los acuerdos respectivos. La semana anterior trajo dolores de cabeza a la nueva conducción de la Fuerza Aérea, ya que algunas designaciones fueron severamente cuestionadas por la cartera de Defensa.