El Gobierno pidió la intervención del Correo Argentino
Después de que la fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Bauquin pidiera la semana pasada el desplazamiento de la administración del Correo Argentino SA, y la designación de un interventor judicial, el Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, solicitó ante la Cámara Comercial que se avance en una intervención sobre la empresa de la familia Macri.
En el escrito se sostuvo la existencia de “irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente los intereses del Estado”, que es el principal acreedor de la firma.
En septiembre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia de Mauricio Macri. Fue al hacer lugar a un recurso planteado por el Estado en representación de la Procuración del Tesoro para contar con más tiempo para analizar una propuesta de pago de la empresa. En paralelo, la jueza comercial dispuso la intervención del Correo Argentino SA.
A mediados de julio, la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago para sanear su deuda de $296 millones al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofreció una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.
Ante esta nueva oferta, la Procuración del Tesoro debía decidir si aceptaba o no el acuerdo, La anterior gestión no resolvió la situación y en el marco del proceso de salvataje conocido como “cramdown”, tanto la fiscal del caso como el Gobierno de Alberto Fernández, solicitaron la intervención judicial de la empresa.
La Procuración del Tesoro, en el escrito presentado ante la justicia comercial, remarcó que “existen sobrados elementos que dan cuenta de graves irregularidades cometidas por la administración de la concursada a lo largo de este dilatado proceso”. Por ello, Zannini, como autoridad del organismo, pidió que siendo el Estado el principal acreedor de la deuda que tiene el Correo manejada por Socma y Sideco, cuente con un interventor.
Algo similar había planteado la fiscal Bouquin la semana pasada cuando sostuvo en su dictamen advirtió sobre “vaciamiento” de la empresa y pidió interventor judicial pidió una intervención completa, con el desplazamiento del órgano de administración del Correo Argentino S.A., remarcando que la empresa de la familia Macri realizó “actos de gravedad ligados al vaciamiento”.
Este planteo se formuló en el marco de la apertura del procedimiento de “cramdown” o salvataje de la firma concursada. Entonces, en su dictamen, señaló que el caso está marcado por un “uso abusivo del procedimiento concursal” y que, a estas alturas, corresponde que por sorteo se designe un interventor judicial con plenas facultades de administración, hasta que concluya el procedimiento de salvataje, “sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades a propuestas de acuerdos con acreedores”.