En el marco de los disturbios frente al Senado de la Nación Argentina del pasado 6 de agosto, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal para que se investigue a los responsables de los hechos y se ordene la detención de quienes los organizaron, participaron o incitaron, al considerar que tuvieron una inusitada gravedad. El caso quedó a cargo de la Justicia Federal.
La presentación oficial describe que una gran cantidad de manifestantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas se congregó durante la jornada legislativa en las inmediaciones del Senado, donde se debatían leyes clave, y protagonizó incidentes que afectaron de manera directa a instituciones y autoridades nacionales en funciones.
De acuerdo al escrito del Ministerio de Seguridad, los manifestantes arrojaron piedras, escombros y objetos contundentes contra el personal de las fuerzas federales, y algunos integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.
En ese marco, se consignó también la rotura de baldosas, bancos públicos y numerosos daños sobre vehículos e infraestructura estatal.
“Durante la sesión, la ciudadanía fue testigo de actos violentos y antidemocráticos”, afirman los funcionarios denunciantes, “que podrían haber tenido por fin establecer un clima de estrépito con el objetivo de inhibir el normal funcionamiento del Senado”, advirtieron.
Delitos imputados y pruebas urgentes
Para el Gobierno, los hechos denunciados podrían encuadrar en los delitos de daño agravado, atentado al orden constitucional y democrático, resistencia a la autoridad y atentado agravado a la autoridad.
Además, se remarca el agravante previsto por el Código Penal cuando los actos buscan “compeler a las autoridades a abstenerse de ejercer sus funciones”, lo que, a criterio del Ministerio, refuerza la gravedad institucional del episodio.
El texto presentado ante el Juzgado Federal requiere la recolección urgente de registros fílmicos y de cualquier fuente de información que permita identificar a los involucrados y los elementos utilizados en los incidentes, incluyendo “artefactos incendiarios y armas”.
En paralelo, se pide al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Congreso un informe integral de los daños causados a infraestructuras y un detalle del perjuicio económico generado por los destrozos.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional se puso a disposición de los jueces para aportar información adicional y señaló que continúa analizando los hechos para acreditar su gravedad y determinar pruebas complementarias.
Foco en las organizaciones y el objetivo de los disturbios
La denuncia enfatiza la sospecha sobre organizaciones que podrían estar detrás de los incidentes y reclama avanzar sobre su posible responsabilidad.
En ese sentido, se solicita “individualizar a los responsables y a todas aquellas personas que hayan colaborado, participado o instigado los hechos”, con el objetivo de abarcar tanto a quienes actuaron en el lugar como a eventuales instigadores.
También se hace referencia a que los disturbios podrían haber tenido como finalidad “obstaculizar parcial o totalmente el tratamiento legislativo”, un elemento que, para el Ministerio, distingue este caso de simples daños materiales o resistencia a la autoridad.
El contexto inmediato de la denuncia lo constituyen las imágenes y registros audiovisuales que circularon durante la jornada, que según el Ministerio justificarían una respuesta judicial urgente para proteger la actividad del Congreso y la seguridad de los funcionarios nacionales.
