El gobierno nacional decidió dar por vencido el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), dispuso su cierre formal en un plazo de TRES (3) meses y ordenó que cesen las contribuciones obligatorias que realizaba el sector vitivinícola, con las cuales se financiaba ese programa y a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
La Coviar, creada por ley en 2003, no se disolverá, pero ya no podrá ejecutar ni financiar el PEVI, orientado al fomento y la promoción sectorial. Además, deberá presentar una rendición integral de todo lo actuado, incluyendo una rendición de cuentas detallada.
Según la resolución, los fondos recaudados hasta ahora pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que también dejará de percibir las contribuciones vinculadas al plan.
La resolución oficial y el cierre del plan
La medida se formalizó a través de la resolución 55 de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta.
En los considerandos, el Gobierno argumentó que no tiene sentido continuar con el cobro de aportes para un esquema que dejó de funcionar como tal y recordó que la duración del plan fue concebida para regir efectivamente hasta 2020, año fijado en la ley de creación.
En el artículo 3, la resolución establece: “Declárase cumplido el plazo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) previsto en la Ley N.º 25.849, incluyendo a su extensión parcialmente aprobada por la presente, disponiéndose su cierre formal en un plazo de TRES (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida”, remarcó Iraeta.
Informe de cierre y rendición de cuentas
El artículo siguiente fija las obligaciones de la Coviar en esta etapa final. “Requiérase a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) a presentar, dentro del plazo establecido en el artículo precedente, un informe de cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), incluyendo su extensión, el cual deberá contener un rendimiento de cuentas completo y detallado, el detalle de las acciones ejecutadas, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el estado de los recursos asignados y cualquier otra información relevante vinculada a su gestión, con su respectivo respaldo documental”, indica el texto oficial.
De este modo, la entidad deberá detallar exhaustivamente el uso de los recursos, las acciones realizadas y el grado de cumplimiento de las metas fijadas en el plan estratégico.
Fin de las contribuciones y antecedentes políticos
En paralelo, el Gobierno dispuso la transferencia de los fondos existentes al INV y el cese inmediato en la recaudación de las contribuciones obligatorias.
Sobre ese punto, la resolución precisa: “Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)”, señala el texto.
La discusión sobre el esquema de financiamiento de la Coviar ya había tenido un capítulo político el año pasado, cuando el diputado nacional Damián Arabia, cercano a la senadora Patricia Bullrich, presentó un proyecto de ley para derogar la corporación, cuestionando el cobro de una contribución a todos los establecimientos, estuvieran o no adheridos.
En abril de ese año, se detallaba que para una caja de vino de $2.500 el beneficio era de $0,49 por litro, mientras que para una botella de $5.957 la contribución ascendía a $0,87 por litro, con incidencias que iban de 0,005% a 0,0020% del total.
En marzo último, la Coviar había realizado su tradicional desayuno en el marco de la Vendimia, con la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos la vicepresidenta Victoria Villarruel, y representantes de la actividad, en un contexto en el que ya se discutía el futuro del esquema institucional y financiero del sector vitivinícola.
