El Gobierno oficializó la prohibición de los traslados de cárcel para presos que cambien de género
El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto 61/2025, mediante el cual se establece que el alojamiento de los detenidos en cárceles se determinará según el sexo registrado al momento del hecho delictivo por el cual se ordenó su detención, impidiendo cualquier traslado por cambios de género posteriores.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, dispone que la administración penitenciaria asignará, dentro de su jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de los presos en función del sexo registrado al momento del delito, según lo estipulado en la Ley N° 26.743.
Asimismo, se establece que la autoridad penitenciaria deberá rechazar cualquier solicitud de traslado de una persona detenida que, después de cometer el delito, inicie el trámite de rectificación registral de sexo, nombre o imagen y utilice dicha modificación como argumento para solicitar su reubicación.
Medidas de seguridad y excepciones
El decreto también ordena que los establecimientos penitenciarios adopten medidas de resguardo para garantizar la seguridad de quienes ya hayan tramitado el cambio de género, sin que ello implique riesgo para la integridad física, psíquica o moral de los demás internos.
Además, la norma establece que no podrán ser alojadas en cárceles de mujeres aquellas personas que hayan cambiado su sexo registral y que hayan sido condenadas por delitos de violencia de género, entre ellos los previstos en los Títulos I, III y V del Libro Segundo del Código Penal.
El rechazo a la reubicación también aplicará cuando la evaluación técnica del Servicio Penitenciario determine que su traslado podría representar un riesgo para la seguridad de otros internos.
El caso de Córdoba, clave en la decisión
En los considerandos del decreto, el Gobierno hizo referencia a un caso ocurrido en Córdoba, en el cual una persona condenada por un delito de violencia contra una mujer solicitó y obtuvo la rectificación de su sexo registral, lo que permitió su traslado a una cárcel de mujeres. Allí, según la Justicia, cometió abusos sexuales contra otras internas.
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba imputó nuevamente esta semana al mismo detenido por dos nuevos casos de abuso dentro del penal.
En el decreto, el Gobierno sostiene que resulta “irrazonable que el reconocimiento de un derecho pueda poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad sexual de las mujeres detenidas”, justificando así la nueva normativa.
Un anuncio anticipado por Milei
La medida oficializada este jueves había sido anticipada por el presidente Javier Milei en un acto en noviembre pasado, cuando criticó las políticas garantistas del kirchnerismo y prometió que los presos no podrían cambiar de penal mediante el cambio de género.
“Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género, y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, afirmó el mandatario en aquella oportunidad.
Además, este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que, junto con esta medida, el Gobierno también prohibirá los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años. Sobre los traslados en cárceles, sostuvo que “el sistema actual permite que condenados vuelvan a cometer delitos contra víctimas mujeres, algo que no podemos permitir”.