El Gobierno Nacional se presentó como amicus curiae para hacer cesar la violencia institucional contra Arcoiris y su madre
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaron en la causa con el fin de aportar consideraciones para hacer cesar la violencia institucional por parte del poder judicial hacia Ana Delfina Silvia Zarranz.
La madre de Arcoiris se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por negarse a cumplir una orden de revinculación de su hija con las personas a quienes la niña acusa de abusar sexualmente de ella.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, como representantes de las carteras que conducen dentro del Poder Ejecutivo, solicitaron ser admitidos como amicus curiae (amigos del tribunal) en la causa penal en la que Delfina Silva Zarranz se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, imputada por “desobediencia” e “impedimento de contacto” por negarse a cumplir una orden de revinculación de Arcoiris con las personas a las que la niña acusa de haber abusado sexualmente de ella.
Ambos organismos consideran configurada una situación de violencia por motivos de género bajo la modalidad de violencia institucional.
Un amicus curiae es una presentación ante el tribunal competente por parte de terceros ajenos a la causa que cuenten con un interés legítimo en la resolución final del litigio.
El objetivo de esta acción es ofrecer opiniones y argumentos de trascendencia para que sean tenidos en cuenta por el Tribunal para reparar la actual vulneración de derechos que afecta la responsabilidad internacional del Estado Argentino. Esta acción se enmarca en el acompañamiento integral del MMGyD hacia Delfina y su hija.
“Hicimos esta presentación con el objetivo de cesar la violencia institucional que el Poder Judicial está desplegando sobre Delfina y Arcoiris”, afirmó Mazzina. “Son muchas las madres que, luego de haber denunciado abusos sobre sus hijes, son criminalizadas por la Justicia”, agregó.
“Como Ministerio vamos a seguir acompañando a Delfina y trabajando para que ninguna madre más pase lo que ella pasó. No puede suceder que se quite el foco de los abusos y se persiga sistemáticamente a quienes hablen y denuncien”, indicó.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, planteó que “no podemos dejar pasar que el Poder Judicial criminalice a una madre que denuncia que su hija es abusada. ¿Qué ejemplo estamos dando como Estado a todas las madres? ¿Que si tu hija te dice que el papá o el abuelo la abusan y vos lo denunciás vas presa? Eso es violencia institucional y esperemos que la Justicia reflexione, escuche a la niña y se pongan las cosas en su lugar”.
El caso
Delfina denunció en 2018 que su hija de dos años y medio relató haber sufrido reiterados abusos sexuales por parte de su progenitor y de su abuelo paterno. Desde entonces, a Arcoíris se le practicaron distintos exámenes psicológicos que pusieron de manifiesto que los abusos existieron. Sin embargo, la Justicia no solo sobreseyó a su abuelo, sino que también la obligó a vincularse nuevamente con su padre. Luego de la resolución judicial la madre se mudó hacia Buenos Aires tras lo cual fue denunciada por desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto por parte del progenitor de la niña.
En febrero de este año se ordenó un allanamiento en el domicilio que habitaban Arcoíris junto a su madre y su abuelo materno, con el objetivo de llevarla nuevamente a su provincia y revincularla con la familia paterna. En ese contexto, se resolvió que se quede junto a su madre en ese lugar, pero se estableció una prisión domiciliaria hacia Delfina.
A raíz del allanamiento, intervino el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, el cual luego de entrevistar a la niña con sus especialistas, dio cuenta de la posibilidad de la violencia sexual por parte de su abuelo y su padre, y realizó una denuncia penal en la justicia nacional de la CABA.
Estas escenas reproducen violencia institucional hacia una madre que se negó a revincular a su hija con una familia a quien acusó de abusar sexualmente de ella. Delfina fue criminalizada, se encuentra privada de su libertad y con sus derechos avasallados, una situación que el Estado no puede permitir.