El Gobierno decretó este viernes la disolución de un nuevo organismo público. Se trata de la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), que brindaba apoyo a los emprendedores que no podían acceder al sistema financiero formal para impulsar sus proyectos.
“Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra…”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una entrevista en LN+.
La medida se vio reflejada en la última edición del Boletín Oficial, donde se publicó el Decreto 1094/2024, firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello.
En los considerandos de la norma, se cuestionó el “gasto mensual en personal”, que asciende a $100.584.210, lo que anualizado representa $1.307.594.730, una cifra que “excede el presupuesto total asignado al programa para el año 2024, que es de $1.178.796.541”, indicaron. Además, se destacó que el gasto mensual es un 54 % superior al total ejecutado del presupuesto de este año.
También se cuestionó la “deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos”.
En cuanto a las instituciones de microcrédito adheridas al programa, se destacó que de las 209 instituciones activas, solo 117 cuentan con más de 10 créditos activos, lo que refleja “una limitada eficiencia y capacidad operativa”. Además, se informó que la cartera activa del programa presenta una tasa de morosidad superior al 42%, cifra que “excede considerablemente los estándares de las instituciones de microfinanzas especializadas, que registran niveles de morosidad por debajo del 10%”.
El informe también señala que las instituciones adheridas carecen de “la capacidad técnica y la experiencia necesaria para gestionar eficientemente los fondos asignados”. Además, se informó que, desde la creación del programa en 2006, no se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos.
Finalmente, el decreto concluyó que la Ley N° 26.117, que creó el programa, “no ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone”.
