El Gobierno nacional desistió ante la Corte de un pedido para declarar inconstitucional la reforma de la Constitución de Jujuy
El Gobierno de Javier Milei retiró un recurso ante la Corte de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que buscaba declarar inconstitucional la reforma de la Constitución de Jujuy impulsada por el exgobernador radical Gerardo Morales. En un escrito enviado al máximo tribunal, se desistió de este pedido.
Con este paso, una vez que la Corte acepte formalmente la desestimación, quedará convalidada la reforma de la Constitución de Jujuy que había sido impugnada por el kirchnerismo y la izquierda, y que el año pasado generó graves incidentes en la provincia.
Los disturbios ocurrieron en junio pasado, mientras los legisladores jujeños estaban sesionando bajo la presidencia de Morales. Un grupo de personas encapuchadas vandalizó el edificio legislativo, intentó ingresar por ventanas, incendió oficinas y volcó vehículos. Además, atacaron a la policía con piedras. Estos incidentes llevaron a la detención de 58 personas y dejaron al menos 70 heridos, incluido un manifestante en estado crítico. La mayoría de los heridos eran agentes de policía.
Tras estos disturbios, el entonces ministro de Justicia y dirigente K, Martín Soria, presentó un escrito ante la Corte Suprema pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.
Sin embargo, la Corte ya se había declarado incompetente en dos casos relacionados con la reforma constitucional de la provincia, argumentando que no correspondían a sus competencias originales. Esto incluyó un caso presentado por organizaciones como el CELS y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), que buscaban evitar la aplicación de ciertos artículos de la Constitución provincial.
El kirchnerismo quería que la Corte declarara inconstitucionales algunos artículos de la reforma constitucional, argumentando que vulneraban los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Martín Soria, en Twitter, criticó la actuación de Gerardo Morales, candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, acusándolo de “llevarse puestos los derechos de los jujeños” y mencionando la represión y las medidas tomadas contra Milagro Sala.
El Gobierno kirchnerista planteaba la “gravedad institucional” derivada de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, argumentando que estaba en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan.
Según la presentación, organismos internacionales de derechos humanos, con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se habían expresado sobre la reforma constitucional de Jujuy y sobre los graves hechos represivos ocurridos luego de su promulgación.
La demanda gubernamental afirmaba que el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contenía prohibiciones incompatibles con la Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se argumentaba que este inciso sentaba las bases para la sanción de un reglamento represivo que limitaría los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en la Constitución Nacional. Sin embargo, el exgobernador Morales explicó que el texto constitucional aprobado en Jujuy no establecía tales restricciones.
Además, el Gobierno argumentaba que los artículos 94 y 95 de la nueva Constitución de Jujuy, relacionados con el régimen de agua y tierras fiscales, no habían sido consultados adecuadamente con los pueblos indígenas interesados. Se sostenía que estos artículos afectaban directamente a las comunidades indígenas y debieron ser objeto de consulta, ya que no contemplaban el uso tradicional de dichas comunidades sobre el territorio y los recursos naturales existentes.
En respuesta a esta situación, dos senadores nacionales kirchneristas, Guillermo Snopek y Juliana Di Tullio, presentaron un proyecto de ley para declarar la intervención federal en la provincia de Jujuy en su Poder Judicial. Esto buscaba garantizar la forma republicana de gobierno y evitar que el Estado argentino incurriera en responsabilidad internacional.
La iniciativa generó polémica debido a la relación familiar entre Guillermo Snopek y la esposa de Morales. Sin embargo, la propuesta seguía en el ámbito del debate político y legislativo.
Fuente: Daniel Santoro | Clarín