En el marco de la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, el Gobierno anunciará mañana la licitación para concesionar las vías por un período de 50 años, con la opción de compra del material rodante incorporada en el mismo proceso.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, publicará la medida en el Boletín Oficial convocando a los interesados, que tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta mediados de noviembre.
La resolución autoriza el uso de los recorridos y de los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en un esquema que avanza en la cesión integral de la infraestructura ferroviaria de cargas.
En ese marco, el documento final firmado este miércoles por la tarde incorporó una cláusula clave: se prohíbe participar a compañías controladas por Estados extranjeros, una restricción que en los hechos apunta a evitar la presencia de firmas chinas con vínculos con el Partido Comunista.
Según el texto oficial, el objetivo es “seleccionar a los concesionarios” para que se hagan cargo de administrar, en principio, solamente las vías e infraestructura de esos trenes, lo que incluye además las obras de mantenimiento y modernización.
Sin embargo, en el primer artículo se aclara que el llamado incluye también la “opción a la adquisición del lote de material rodante respectivo a cada línea”. Esta posibilidad no será un requisito, sino una alternativa que cada oferente podrá ejercer o no, de acuerdo con su propuesta.
De esta manera, las autoridades nacionales dieron una respuesta a los reclamos de algunas de las empresas interesadas en adquirir el Belgrano Cargas, que protestaban porque el pliego inicial no integraba en un solo paquete vías e infraestructura con material rodante.
Privatización por etapas y esquema de adjudicación
El esquema diseñado por el Poder Ejecutivo establece que la privatización del ferrocarril se hará por partes: por un lado, la concesión de obra pública de las vías y sus inmuebles aledaños, que se publicará este jueves; por otro, la venta del material rodante mediante remate público, incluida ahora como opción en esa convocatoria, y por último el uso de los talleres.
El procedimiento se desarrollará íntegramente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, “conforme lo dispuesto por el decreto 416 del 17 de junio de 2025”, donde se concentrará toda la documentación del proceso.
En ese portal se publicarán los llamados aprobados: el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el de Especificaciones Técnicas Generales y los pliegos particulares de cada una de las tres líneas involucradas.
Cronograma, comisión evaluadora y fideicomiso
La resolución fija además un cronograma preciso. Las consultas sobre la documentación licitatoria podrán realizarse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”, mientras que la presentación de ofertas tendrá plazo “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”, según se detalla en el texto.
La apertura de ofertas, de acuerdo con la convocatoria, se llevará a cabo “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día, “a las 10:00 horas”, también en formato digital.
Para evaluar las propuestas, el Gobierno dispuso “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, integrada por tres miembros titulares —Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García— y tres suplentes, que tendrán a su cargo el análisis técnico y económico de las ofertas.
Respecto del destino de los fondos, la resolución que saldrá en el Boletín Oficial determina que la administración de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante”, así como de aquel que se venda dentro de los propios contratos de concesión, “se realizará a través del fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya al efecto”.
Ese fideicomiso reemplaza al esquema previsto anteriormente en la resolución 1049/2025, que la nueva norma deja expresamente “sin efecto”, modificando así la estructura financiera original del proyecto.
Vínculo con el RIGI y grandes inversiones ferroviarias
El texto sostiene, entre sus fundamentos, que incorporar esta opción de compra “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”, en un proceso que, además, prevé que los adjudicatarios puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Fue tan solo hace un día que el Gobierno amplió el alcance de los beneficios previstos en el RIGI para obras de infraestructura ferroviaria y para el sector tecnológico en proyectos que incorporen nuevos productos, abriendo la puerta a un abanico más amplio de iniciativas.
La posibilidad de aplicar para ese programa también venía siendo uno de los reclamos de las empresas que anticiparon su deseo de competir por quedarse con el ferrocarril de cargas, por lo que la adecuación normativa era una condición clave para su participación.
Las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente —así como la incorporación de infraestructura nueva— califican para el RIGI, mientras que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura preexistente quedaron explícitamente fuera de los beneficios.
Alcance territorial, montos de inversión y modelo de negocio
El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay), consolidando así un corredor estratégico para las exportaciones.
El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes a los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos vinculados a la actividad agroexportadora.
Aunque puede haber cambios de último momento, el plan original contemplaba inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, con un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.
