En el marco de la disputa global por YPF y la familia Eskenazi, el gobierno de Javier Milei activó una ofensiva judicial en Estados Unidos con un objetivo central: que una investigación penal en Washington se convierta en prueba clave para neutralizar las demandas multimillonarias contra la Argentina en Nueva York.
De acuerdo con la estrategia que se despliega desde la Casa Rosada, la prioridad es que la Justicia estadounidense ponga bajo la lupa el ingreso, la administración y la salida del Grupo Petersen en YPF, buscando así un sustento jurídico externo que refuerce la posición del Estado argentino en los tribunales neoyorquinos.
Reuniones reservadas y rol del Departamento de Justicia
En ese marco, funcionarios de primera línea de la administración Milei mantuvieron reuniones reservadas con representantes del gobierno de Donald Trump, con una meta bien precisa: que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abra una causa penal centrada en la compra del paquete accionario de la petrolera estatal.
Las gestiones políticas y diplomáticas apuntan a que esa eventual causa se concentre en la operatoria que permitió al Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, acceder a un porcentaje relevante de acciones de YPF y luego desprenderse de ellas, en un proceso que el actual Gobierno pretende someter a un escrutinio penal internacional.
La mira sobre la compra del 25% durante el kirchnerismo
Con la lupa puesta sobre la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, la administración nacional busca que la Justicia estadounidense esclarezca cómo fue su participación, la gestión de ese paquete accionario y la forma en que se concretó su salida de la petrolera estatal, en particular la compra del 25% de las acciones de YPF durante los gobiernos kirchneristas.
La estrategia jurídica del Ejecutivo se articula alrededor de una definición clave: determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la adquisición de ese 25% de la compañía, operación que en su momento fue presentada como un ingreso de capitales privados nacionales al control de la principal petrolera del país.
Objetivo: frenar o anular las demandas millonarias
Para el Estado argentino, el desenlace de esta ofensiva judicial puede tener un impacto directo en las arcas públicas. La apuesta es que una denuncia exitosa en Estados Unidos, que demuestre que la compra del paquete accionario tuvo un origen fraudulento, sirva para congelar o incluso anular las multimillonarias demandas civiles que enfrenta la Argentina en Nueva York.
En esa lógica, el Gobierno interpreta que cualquier evidencia que acredite irregularidades previas en la operatoria de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen podría convertirse en un argumento decisivo ante los jueces neoyorquinos, reconfigurando el escenario legal abierto a partir de la estatización de YPF.
Un contexto más favorable tras el revés a la condena por US$16.000 millones
Esta ofensiva penal llega, además, en un contexto que el oficialismo considera favorable. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó recientemente una condena que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones por la estatización de la petrolera, fallo que había encendido todas las alarmas en el equipo económico.
Ese revés judicial para los demandantes permitió al Gobierno ganar tiempo y oxígeno en la negociación global por YPF, abriendo margen para complementar la batalla civil en Nueva York con una ofensiva penal en Washington que apunte a desmontar el corazón de las reclamaciones.
Respaldo previo en Washington y memorándum del Departamento de Justicia
La jugada no parte desde cero. La iniciativa argentina ya cuenta con un antecedente institucional en Washington, dado que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos había emitido anteriormente un memorándum clave para la estrategia que hoy impulsa la administración Milei.
En ese documento, la autoridad judicial estadounidense expresó su apoyo a la solicitud de diversas organizaciones civiles argentinas, que reclamaron investigar las presuntas irregularidades cometidas en la compra de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen y la familia Eskenazi.
Con ese respaldo previo, el Gobierno apuesta ahora a que una causa penal en Estados Unidos se convierta en un componente central de su defensa global por YPF, buscando reducir al mínimo la exposición financiera de la Argentina y reescribir la historia judicial del mayor litigio económico de su historia reciente.
