El Gobierno desestimó el golpe de Estado en Bolivia y repudió la “falsa denuncia” de Luis Arce
El Gobierno nacional desestimó el golpe de Estado en Bolivia del miércoles pasado y consideró que fue una operación “fraudulenta” por parte del presidente Luis Arce. “El relato difundido era poco creíble”, señalaron.
El miércoles pasado, soldados y vehículos militares blindados colmaron la Plaza Murillo, alrededor de edificios gubernamentales en La Paz. Incluso intentaron irrumpir en el Palacio Quemado, golpeando sus puertas con uno de los tanques. El operativo fue encabezado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien había sido destituido un día antes.
Sin embargo, desde la administración de Javier Milei sostuvieron que se trató de una “falsa denuncia de Golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia”, la cual repudiaron a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
“Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”, argumentaron.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 1, 2024
Por otro lado, advirtieron que “hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro”. “No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”, apuntaron.
En esa línea agregaron que el país sudamericano tiene actualmente “200 presos políticos”, entre quienes señalaron a “la exPresidente interina Jeanine Áñez Chávez y el Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca”.
Finalmente la Oficina del Presidente cerró el comunicado expresando que “espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia” e instando a “las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio”.