El Gobierno nacional derogó ocho resoluciones vinculadas con el régimen fitosanitario argentino, dictadas entre 1992 y 2013, al considerar que ya cumplieron el objetivo para el que fueron creadas, perdieron vigencia o fueron reemplazadas por normativa más actual.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Alcance de las derogaciones
La medida alcanza a resoluciones emitidas entre 1992 y 2013 por las entonces secretarías de Agricultura, relacionadas con la importación de productos vegetales, maquinaria agrícola usada, papa semilla y bananas, además de normas sobre residuos de plaguicidas, el Cuaderno Fitosanitario para productores de manzana y pera y otras disposiciones de carácter fitosanitario.
Entre las normas derogadas figuran la que prorrogaba la implementación obligatoria de la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), la que restringía el ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias, la que establecía requisitos para importar maquinaria agrícola usada y la que regulaba las condiciones fitosanitarias para el ingreso de papa semilla.
También quedaron sin efecto las resoluciones que imponían el uso del Cuaderno Fitosanitario para productores de manzana y pera de determinadas regiones, la que incorporaba al ordenamiento nacional una resolución del Mercosur sobre residuos de plaguicidas y las que regulaban las exigencias fitosanitarias para el ingreso y tránsito de frutos de banano en las provincias de Formosa, Misiones, Salta y Jujuy.
Actualización del régimen fitosanitario
En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sostuvo que el régimen fitosanitario nacional evolucionó de manera significativa, incorporando procedimientos basados en análisis de riesgo, estándares internacionales, sistemas de certificación, herramientas informáticas y mecanismos de trazabilidad y fiscalización.
Asimismo, señaló que la permanencia de normas que perdieron eficacia práctica genera dispersión normativa y dificulta la identificación del derecho vigente, por lo que resulta conveniente avanzar en la simplificación y actualización del marco regulatorio.
Impacto jurídico y rol del SENASA
La resolución también indica que la derogación no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, ni modifica la validez de los actos administrativos dictados durante la vigencia de esas normas.
Según el texto oficial, la medida contribuye a la consolidación y actualización del Digesto de Normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el objetivo de favorecer un ordenamiento jurídico más claro, accesible y eficiente.
La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
