El Gobierno denuncia penalmente a la jueza Karina Andrade por liberar a detenidos tras disturbios
El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien la semana pasada liberó a más de 100 detenidos involucrados en los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados, que contó con el apoyo de barras de fútbol. La denuncia fue realizada por Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y acusa a Andrade de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La denuncia de 21 páginas, a la que accedió Clarín, cuestiona la liberación de 114 detenidos “por WhatsApp”, criticando el fallo como “ideológico” y “fuera de la ley”. En el documento, el Ministerio de Seguridad expone las irregularidades cometidas por la magistrada, señalando que liberó a los detenidos sin analizar las pruebas ni considerar los antecedentes penales de los implicados, además de no seguir los procedimientos legales vigentes.
La presentación también resalta que Andrade actuó de manera arbitraria en un procedimiento de flagrancia, que corresponde al Ministerio Público Fiscal, y que tomó su decisión sin los elementos de prueba necesarios. La denuncia destaca que la ANMAT debía haber intervenido en el proceso, siguiendo lo estipulado por el Código Procesal Penal.
En cuanto a los detenidos liberados, se mencionan antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. También se menciona que la jueza dictó su resolución a través de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía.
El Gobierno sostiene que la decisión de la jueza Andrade carece de fundamentos sólidos y que la liberación por WhatsApp constituye una grave irregularidad. La denuncia argumenta que la jueza tomó decisiones sin consultar las actuaciones judiciales correspondientes.
El saldo de los disturbios fue de más de una docena de policías heridos y graves daños materiales, incluidos vehículos oficiales incendiados y destrozos en el espacio público. Además, se señala que los grupos organizados involucraron a barras bravas de diferentes clubes de fútbol, y algunos manifestantes recibieron pagos por su participación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó en las redes sociales, afirmando que la jueza Andrade no cometió un error, sino que actuó con complicidad. Según Bullrich, la decisión de la jueza violó la Ley de Reiterancia y fue tomada sin revisar antecedentes, incluso liberando a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones.