En la relación entre apuestas online y adolescentes, el Gobierno nacional declaró a la ludopatía como tema de salud pública. Esto implica que, desde ahora, el Ministerio de Salud asume la responsabilidad de diseñar políticas de prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la adicción vinculada al juego y las apuestas.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 77/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de todos los ministros del gabinete nacional.
El texto oficial sostiene que la ludopatía “constituye un trastorno reconocido por la comunidad científica y médica”, caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de esa conducta pese a sus consecuencias negativas y un deterioro progresivo que impacta en la salud mental, la economía personal y familiar, los vínculos sociales y el desempeño educativo y laboral.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno equiparó el abordaje de la ludopatía al que ya se aplica a los consumos problemáticos de sustancias y argumentó que ambos fenómenos comparten “mecanismos de desarrollo” similares y requieren estrategias preventivas y terapéuticas comparables.
En ese marco, el inciso 47 del artículo 23 de la Ley de Ministerios incorpora, junto a las políticas sobre consumo de sustancias psicoactivas, “la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía en juegos de azar y apuestas” como competencia explícita de la cartera sanitaria.
Los datos que empujaron la decisión oficial
El decreto se apoya en cifras del Observatorio Argentino de Drogas, organismo que depende de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación y que responde al Ministerio de Salud, a partir del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025.
Según ese relevamiento, más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios manifestó haber apostado dinero durante el último año, un dato que el Gobierno vincula de lleno al boom de las plataformas de juego y apuestas online entre adolescentes.
El mismo estudio determinó que la prevalencia es “significativamente superior” entre quienes juegan a través de plataformas digitales, un elemento que el decreto destaca como parte central de la justificación para fortalecer las herramientas institucionales del Estado frente al fenómeno.
Qué cambia en la práctica para el sistema de salud
Hasta antes de este decreto, el juego y las apuestas no figuraban de manera explícita entre las competencias del Ministerio de Salud en la Ley de Ministerios. La reforma le otorga ahora a esa cartera un mandato formal y directo sobre el tema.
Entre las nuevas responsabilidades, Salud deberá diseñar campañas de concientización sobre los riesgos del juego problemático, con foco en la detección temprana y en los grupos de mayor vulnerabilidad, como adolescentes y jóvenes.
El Ministerio también asumirá la tarea de producir evidencia y estudios específicos sobre la magnitud del fenómeno, con el objetivo de contar con datos actualizados que permitan dimensionar el impacto sanitario, social y económico de la ludopatía.
Otro punto central será la obligación de capacitar equipos de salud para la detección temprana de casos, tanto en la atención primaria como en dispositivos de mayor complejidad, incorporando herramientas clínicas específicas para el abordaje de la adicción al juego.
Finalmente, el decreto manda a desarrollar dispositivos asistenciales especializados para el tratamiento y la rehabilitación de personas afectadas, equiparando el abordaje de la ludopatía al de otros consumos problemáticos y sumando la perspectiva de salud pública al tratamiento de la adicción al juego.
Un DNU que reordena competencias entre ministerios
La incorporación de la ludopatía como tema de salud pública es una de las tres modificaciones centrales del Decreto 77/2026, que también redefine qué controla cada ministerio sobre la producción y fiscalización de alimentos en el país.
En ese punto, la norma establece que la fiscalización de la producción agropecuaria y alimentaria quedará en manos del Ministerio de Economía y del SENASA, mientras que el Ministerio de Salud conservará la “rectoría sanitaria” en la materia.
El decreto además acota la intervención de Salud sobre productos de cosmética e higiene a la determinación de sustancias prohibidas o de uso condicionado, dejando el resto de los aspectos regulatorios en otras áreas del Estado.
En sus considerandos, el Gobierno enmarca estos cambios como parte de una “reorganización de las competencias estatales” que apunta, según sostiene el propio texto, a “una mejor gestión de gobierno, sin que ello implique vacíos regulatorios” en ninguna de las áreas reordenadas.
