El Gobierno de Milei se lavó las manos por la falta de gas y culpa a Alberto Fernández
En medio de la crisis de abastecimiento de gas natural que se agravó este martes, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, se desligó de la problemática y apuntó a la gestión anterior del presidente Alberto Fernández. Según el funcionario, la falta de capacidad plena del Gasoducto Néstor Kirchner y la escasez de gas natural comprimido (GNC) no son responsabilidad del actual gobierno.
Rodríguez Chirillo declaró en su cuenta de X (antes Twitter): “En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año. A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas”.
El Comité de Emergencia decidió cortar el suministro de gas a todas las estaciones de servicio de GNC del país y también a las industrias, incluso aquellas con contratos “firmes” que normalmente no serían interrumpidos y por los que pagan un precio más alto. Esto ha generado un descontento considerable entre los afectados.
Además, Rodríguez Chirillo explicó que la gestión actual heredó una deuda de 244 millones de dólares con Bolivia por la importación de gas, cuyos intereses ascendieron a 21,8 millones de dólares. Esta deuda también ha contribuido a las dificultades actuales.
Refiriéndose a la ola de frío, Rodríguez Chirillo señaló que “sumado a situaciones excepcionales, como la limitación de importación de energía de Brasil y la salida de la central nuclear Embalse, se necesitó incorporar volúmenes de GNL a precio de mercado, programados para más adelante”.
El secretario de Energía rechazó las acusaciones de que la actual gestión sea responsable de la falta de capacidad plena del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK). Según Rodríguez Chirillo, la obra del primer tramo del GPNK y las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló debieron haberse completado en septiembre de 2023. Destacó que el gobierno regularizó pagos por más de 30.000 millones de pesos y destinó otros 47.000 millones en la fase de terminación, debido al retraso heredado.