El Gobierno de Macri rechazó siete propuestas para el pago total de la deuda de Oil
La AFIP, durante el Gobierno de Mauricio Macri, rechazó 7 propuestas de pago por el 100% de la deuda que la petrolera Oil Combustibles había refinanciado con el organismo recaudador a través de planes de facilidades, que ahora son objeto de discusión en un juicio oral. Las negociaciones -según reveló el empresario Fabián De Sousa en el marco de la continuación de su indagatoria- se dieron entre 2016 y 2017, previo a que la administración federal que comandaba Alberto Abad solicitara la quiebra de la compañía, que derivó en el remate de sus activos más valiosos.
Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°3, relató que el Gobierno había designado como “intermediario” para “solucionar” la situación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) al exsenador Ernesto Sánz, quien debía lograr una salida política ante la denuncia de la AFIP.
De Sousa puntualizó que hubo varias reuniones de las que participó un abogado, Marcelo Haissiner, una suerte de “socio” en la práctica de Ricardo Gil Lavedra, el letrado contratado de manera externa por la AFIP para avanzar en la querella por un supuesto delito penal en el marco del otorgamiento de los planes.
De Sousa reveló que él, Haissiner y su abogado, Carlos Beraldi se reunieron en el estudio de este último para analizar la viabilidad del pago total de la deuda refinanciada de Oil para cancelar un 80% de contado y el remanente en 12 cuotas consecutivas en una cuenta especial que sería abierta para el fisco en el Banco Nación.
Ni el Gobierno ni la AFIP, hasta ahora, habían dado a conocer esta situación que fue previa a que la petrolera quebrase y que al día de hoy, pese al remate de sus bienes, el fisco permanezca sin haber cobrado.
La defensa pidió al TOF que Haissiner declare como testigo, ya que le había advertido a De Sousa que en Argentina “nadie va preso por deuda”, pero que sí podía ir preso si se construía una versión acerca de una acción dolosa para haber configurado ese estado de deuda. Gil Lavedra y Haissiner tienen bufetes contiguos en el mismo edificio.
De Sousa continuó la explicación respecto a que no hubo irregularidades en ningún tramo del proceso administrativo y se apoyó técnicamente en las indagatorias de los funcionarios de AFIP que fueron acusados como coautores de la maniobra, pero fueron separados del proceso por el juez Julián Ercolini, impidiendo no sólo que sean juzgados en conjunto, sino también que puedan ser citados como testigos al haber sido imputados en el otro tramo del expediente que no está elevado.
La situación de incluir tramos de las indagatorias motivó una airada queja del fiscal Diego Velasco respecto a que se estarían adelantando cuestiones del proceso que debían estar en los alegatos y propuso que esas indagatorias de “Oil 2” se incluyan directamente para pasar por alto las menciones y acortar tiempos.
El presidente del TOF, Fernando Machado Pelloni replicó de inmediato: denegó la queja de la fiscalía, subrayó que consideraba “sagrado” el más amplio derecho a defensa, y validó que se “interpretasen” los dichos de otros imputados en cuanto a los aspectos técnicos como funcionarios de AFIP.
Pero el tramo más duro fue, con visible irritación, cuando le sugirió al fiscal de juicio que se pusiera en contacto con “el agente fiscal federal” (Gerardo Pollicita, en la instrucción) para establecer por qué motivo se había desdoblado el expediente dejando afuera del juicio a todas la “línea” de funcionarios que tomaron intervención en el procedimiento y en el de todos los planes.
El reproche del juez dio a entender que no había clima para que fiscalía pidiese “reposición”, con la chance de que el pleno del tribunal ratificara esa postura.
El pedido al que sí accedió el TOF, expresado por el fiscal Juan García Elorrio fue a “certificar” la causa que está bajo instrucción de María Servini y que fue denunciada por De Sousa ante lo que considera una asociación ilícita encabezada por Mauricio Macri con el fin de desapoderarlos de todas las empresas del Grupo Indalo.
En palabras llanas, la fiscalía quiere saber de qué se trata ante la reciente imputación del actual titular de la AFIP Leandro Cuccioli. En ese marco, De Sousa aclaró que jamás la investigación de Ercolini pidió prueba alguna o estableció si había habido contactos entre los empresarios y los funcionarios de AFIP para planificar la acción por la que se los acusa (casi un requisito del tipo penal), pero que sí hallarán contactos e ingresos a Casa de Gobierno y Olivos de los empresarios Orlando “Orly” Terranova e Ignacio Rosner, mientras aspiraban a quedarse con las empresas de Indalo.
Esas pruebas pueden nutrir la maniobra que está investigando Servini donde aparecen involucrados empresarios ligados al Gobierno mientras a la par la AFIP empujaba a Oil a la cesación de pagos.