El Gobierno de Javier Milei promulgó la ley Antimafias
El Gobierno promulgó este lunes la ley Antimafias, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias. La norma endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como objetivo desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos.
La norma quedó oficializada a través de la publicación del Decreto 177/2025, que promulga la ley 27.786, que considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves.
“La presente ley tiene como objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres (3) o más que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, destaca la normativa en su artículo 1°.
El primer capítulo de la ley establece que se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Estos grupos deben actuar de manera continua en áreas geográficas determinadas y con modalidades operativas definidas, siempre con la intención de obtener beneficios ilícitos o intimidar a la población.
La ley es aplicable a diversos delitos, entre los cuales se incluyen narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, entre otros. Además, introduce criterios claros para investigar la vinculación de delitos con organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas y la intención de amedrentar a autoridades o desplazarse a otras áreas de control.
Ley Antimafias: cuáles son los cambios desde hoy
De acuerdo a la ley que entró en vigencia hoy. los cambios son los siguientes:
Investigación especial: la ley permite bajo ciertas circunstancias que las autoridades judiciales pueden declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial, facilitando intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la justicia. Esto también permitirá la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.
Modificación del Código Penal: introduce nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita. Las penas pueden variar entre 8 y 20 años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.
Decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales: incluso antes de una condena, se habilitará la vía judicial para dicho fin. Si el Ministerio Público Fiscal solicita el decomiso de bienes de personas involucradas en organizaciones criminales, estos bienes pasarán inmediatamente al dominio del Estado. En el caso que la persona quede absuelta, los bienes serán restituidos, garantizando la protección del derecho de propiedad.
Detenciones: en caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.