Con la publicación en el Boletín Oficial N° 28.267, entró en vigencia la Ley N° 11.251, mediante la cual la Provincia de Entre Ríos extendió el estado de emergencia en materia de infraestructura y servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 y amplía las herramientas financieras del Poder Ejecutivo para afrontar compromisos pendientes con contratistas del sector.
El nuevo marco legal autoriza al Gobierno provincial a cancelar certificados de obra y deudas, tanto las reconocidas en sede administrativa como las judicializadas, a través de títulos de deuda e instrumentos financieros. Para ello, la ley remite a las operaciones de crédito habilitadas por la Ley N° 11.234, consolidando un esquema de financiamiento alternativo ante las restricciones presupuestarias.
La iniciativa tuvo un rápido recorrido legislativo: fue aprobada por el Senado el 7 de enero y obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados el 21, quedando así formalmente promulgada y en plena vigencia.
Alcance territorial y facultades
El alcance de la ley no se limita al Ejecutivo provincial. El texto habilita a Municipios y Comunas de Entre Ríos a dictar normas similares, permitiéndoles adoptar mecanismos de pago equivalentes para sostener la continuidad de sus planes de infraestructura y servicios públicos.
Finalmente, la normativa aclara que, si bien la emergencia se extiende hasta finales de 2026, el Poder Ejecutivo podrá disponer su finalización anticipada en caso de verificarse el cumplimiento de los objetivos de saneamiento financiero y cancelación de deudas antes del plazo previsto.
Fuente: APF Digital
